La Fiscalía insta al Supremo a volver a citar a declarar a Ponsatí

Ponsatí plantó hace dos semanas al juez Llarena, que la había citado en el Tribunal Supremo para tomarle declaración como procesada por un delito de desobediencia por su participación en la organización del 1-O de 2017, cuando era consejera del Govern de Puigdemont. La líder independentista no acudió al Supremo y argumentó que tenía trabajo en la Eurocámara y que ha puesto en marcha «el procedimiento de amparo de sus privilegios e inmunidades» en el Parlamento Europeo, por lo que solicitó «suspender el procedimiento judicial, de conformidad con el principio de cooperación leal que establece el artículo 4.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea».

Tras el plantón, el juez evitó dictar una orden de detención. Trasladó a las partes sobre si procede reactivar su arresto. La Fiscalía ha respondido este jueves, pidiendo «una nueva citación, requiriendo a su representación procesal para que comunique el calendario previsto de asistencias al Parlamento Europeo en las próximas semanas, con el fin de compatibilizar sus derechos como eurodiputada y sus obligaciones procesales». «Su incomparecencia injustificada al llamamiento judicial puede conducir a su detención», según la Fiscalía. «La ley permite la detención de quien no comparezca a los llamamientos judiciales para ser puesto a disposición del órgano judicial», afirman Zaragoza y Cadena en el escrito enviado al Supremo.

A su juicio, la detención es una «medida instrumental de carácter provisional», prevista con el fin de posibilitar la práctica de actuaciones judiciales absolutamente imprescindibles para la continuación del procedimiento penal. En el caso concreto, «no modificará su situación de libertad provisional», señalan los fiscales. «De modo que, en caso de ser detenida por no comparecer ante el órgano judicial, será puesta en libertad inmediatamente una vez practicada la declaración indagatoria de la procesada, sin la cual no es posible la continuación del procedimiento», asegura el Ministerio Público. Esta medida de detención solo tendría vigencia dentro del territorio nacional.

La dirigente nacionalista llevaba más de cinco años huida de la justicia, junto a Carles Puigdemont, en Waterloo. El pasado 28 de marzo, regresó por primera vez a España, sin riesgo de ser encarcelada, tras la reforma del Código Penal, que propició que dejara de estar procesada por sedición. A las horas, fue detenida y poco después puesta en libertad. Llarena la advirtió entonces de que un nuevo plante «conllevará la modificación de su situación personal y su conducción ante este tribunal por la fuerza pública». Desde su regreso, vive entre Barcelona y Bruselas. Después de su plante, advirtió de que regresaría a Cataluña. El martes pasado estuvo en Barcelona, en TV3, donde concedió una entrevista.

Además de su detención, la Fiscalía insta al juez Llarena que desestime la solicitud de suspensión de la causa cursada por los abogados de Ponsatí.