PNV y PSE firman un pacto de Gobierno para reconstruir Euskadi

Para ello, se proponen aprobar de manera urgente una estrategia de crecimiento sostenible para situar la tasa de paro por debajo del 10% y revisarán la fiscalidad. También se comprometen a lograr en este mandato un nuevo Estatuto «para una nueva generación».

El documento, denominado 'Bases para el acuerdo entre EAJ-PNV y PSE-EE para la reactivación económica y el empleo desde la defensa de los servicios públicos y las políticas sociales, sobre la base de más y mejor autogobierno', afirma que en esta crisis generada por el Covid-19 escala mundial, Euskadi ha quedado «gravemente afectada» en términos sociales, económicos y emocionales.

A su juicio, su experiencia de trabajo conjunto en la pasada legislatura debe servir «como base» para centrar la acción del Gobierno Vasco y marca como «objetivo clave» la implementación y refuerzo del sistema público de salud, así como la reconstrucción social y económica de Euskadi.

En esta coyuntura, PNV y PSE comparten la necesidad de continuar afrontando esta crisis «como una oportunidad» para lograr «una sociedad más cohesionada, con un Estado de Bienestar fortalecido y que reduzca las desigualdades».

Ambos partidos aseguran que su «objetivo común» es definir con claridad «las decisiones más apremiantes» que debe abordar el Gobierno y acelerar las reformas, alineadas con la agenda 2030 de las Naciones Unidas y sobre tres «premisas compartidas».

La primera de ellas es garantizar la salud de toda la ciudadanía, teniendo en cuenta que la pandemia ha supuesto un «punto de inflexión» respecto a las necesidades de salud y prioridades de la política sanitaria. En este sentido, consideran necesario abordar la actualización de instrumentos normativos y de gobierno, en materia de salud, ante las «nuevas amenazas experimentadas».

Por ello, tras apostar por «unir lo sanitario y lo social», consideran que el sistema vasco de Servicios Sociales requiere de un «nuevo impulso» para acomodarlo a los nuevos desafíos, con especial atención el demográfico.

La segunda premisa será reactivar la economía y el empleo para recuperar los niveles previos a la pandemia, pero «adaptadas a los nuevos retos y necesidades». PNV y PSE-EE subrayan como «objetivos compartidos» el sostenimiento de los empleos, la lucha contra la precariedad y temporalidad, junto a la reactivación económica, para recuperar la senda de crecimiento y «volver a situar nuestra tasa de desempleo por debajo del 10%»; todo ello desde una apuesta «inequívoca compartida» por el empleo de calidad y la Mesa de Diálogo Social.

Además, expresan su «compromiso total» a colaborar y trabajar estrechamente con el Gobierno para la materialización ygestión de los fondos europeos del Programa Next Generation EU, así como en el Plan nacional de Recuperación y Resiliencia que debe elaborar el Estado. En este sentido, elaboraran una relación consensuada de proyectos tractores susceptibles de recibir los fondos europeos.

También adelantan que, previo contraste en la mesa de Diálogo Social, aprobarán de forma urgente una «estrategia de crecimiento sostenible» que tenga al empleo y la recuperación económica como «ejes fundamentales» ante los «negativos efectos económicos y sociales» generados por el Covid.

La tercera premisa compartida tiene que ver con «no dejar a nadie atrás», teniendo en cuenta que las situaciones de pobreza, exclusión y riesgo han aumentado con la crisis, mientras que «se reducen los recursos públicos disponibles». En este sentido, coinciden en la necesidad de garantizar los servicios públicos, en una «apuesta decidida» por las políticas sociales y la solidaridad con los más vulnerables». Con estos objetivos, consideran «herramientas esenciales» la reforma de la RGI, la adecuación y mejora de la educación, la extensión del derecho a la vivienda y la «defensa inequívoca» de la igualdad.

Ambas formaciones también expresan su voluntad de proceder a una revisión de la fiscalidad, aunque precisan que debe tener en cuenta la nueva realidad económica tras la crisis, la posible evolución en materia de empleo, las capacidades y competitividad de las empresas, así como las aportaciones extraordinarias previstas por el Gobierno de España y la UE.

Aunque afirman que no pueden determinar una hoja de ruta «rigurosa» porque faltan «muchas variables», se comprometen a avanzar en la nueva fiscalidad y hacer una «reflexión meditada» sobre la reforma fiscal pendiente, «adecuada a la nueva realidad, y orientada a una mayor progresividad para el reforzamiento de los servicios públicos y el apoyo a la economía generadora de empleo». Además, creen que debe tender a la convergencia fiscal en Europa y permitir «adaptarse a la economía y los retos emergentes, incluyendo los criterios medioambientales».