Expertos en Salud Pública piden reducir aforos y el cierre de interiores en hostelería en zonas en riesgo alto de coronavirus

«Las medidas de reducción de aforos, reducción de personas en los eventos sociales, incluso a un máximo de 2 grupos de convivientes, cierre de interiores en el ocio y hostelería, cierre de ocio nocturno en espacios cerrados a determinadas horas, etc., deberían seguir aplicándose en función de los indicadores de riesgo aprobados por la ponencia de alertas, al menos en aquellas poblaciones y autonomías que superen los nuevos límites de riesgo más altos (niveles 3 y 4)», han señalado a través de un posicionamiento.

De acuerdo con la petición de estos expertos en Salud Pública, se deberían tomar estas medidas en León, Palencia, Ávila, Valladolid, Zamora, Asturias, Vizcaya, Álava, Guipúzcoa, Navarra, La Rioja, Huesca, Lleida, Tarragona, Alicante, Castellón, Barcelona, Girona, pues se encuentran en los niveles alto y muy alto de riesgo, según los datos del Ministerio de Sanidad.

SESPAS lamenta, no obstante, la falta de un «marco jurídico más adecuado para que, llegado el caso, se puedan aplicar tales actuaciones de forma ágil y con seguridad jurídica». «No obstante, cualquier medida de limitación de la interacción social debe considerar las desigualdades sociales y la precariedad laboral como potentes determinantes de la transmisión de la COVID-19. Es esencial acompañar dichas medidas de un apoyo eficaz a los grupos con mayores dificultades para cumplirlas, como pueden ser los niños, ancianos, personas sin hogar, etc., garantizando en la medida de lo posible su salud física y mental, así como su bienestar económico, laboral, social y familiar», justifican.

Al respecto, denuncian que las políticas de salud pública «siguen siendo muy irregulares por territorios». Es necesario disponer de una estrategia coordinada de contención del virus para toda España y con implicación de las CCAA, que prime que los criterios técnicos sean objetivos y públicos y las decisiones políticas transparentes, y defienda a las personas en situación de vulnerabilidad por encima de otro tipo de intereses«, esgrimen.

Por ello, SESPAS insta a crear una Agencia Española de Salud Pública y aprobar una Estrategia de Salud Pública común en red que «permita coordinar y desarrollar los diferentes organismos existentes en las CCAA, con el único fin de mejorar los resultados en salud de las poblaciones».

Por otra parte, SESPAS se manifiesta contraria a la implantación obligatoria del Certificado COVID para el acceso a determinados establecimientos o actividades, ya que «es una herramienta que hasta la fecha no ha demostrado eficacia en la contención de la propagación del virus, fundamentalmente porque la vacunación, si bien disminuye el riesgo de contagio, no lo elimina del todo, y sigue necesitando de medidas de higiene y distancia personal».

«A su vez, es un sistema complicado de implantar que puede tener brechas de seguridad y problemas éticos de limitación de derechos. Por el contrario, ha provocado una 'presión burocrática' a la hora de vacunarse en parte de la población no vacunada. La obligatoriedad de disponer este certificado para la vida social implica la obligatoriedad del Estado para facilitar el acceso al mismo, sobre todo en aquellos ciudadanos con brecha digital que tienden a ser los olvidados en esta pandemia», remachan.