El Estado dispara las alertas sobre supuestos bulos tras la «máquina del fango» de Sánchez

El último documento oficial alertando sobre esas supuestas campañas de noticias falsas está fechado el 6 de mayo y lleva la firma del número 2 de Fernando Grande-Marlaska. En la denominada 'Instrucción 3/2024 sobre coordinación de las medidas y actuaciones en materia de seguridad con motivo de la celebración de las elecciones al Parlamento Europeo', el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, ordena literalmente a los mandos de las fuerzas de Seguridad del Estado que vuelquen el esfuerzo de sus equipos en «identificar posibles campañas de desinformación para alterar la voluntad del votante durante las elecciones».

En la instrucción, a la que ha tenido acceso este periódico y que es un refrito de las instrucciones que ya se emitieron para las elecciones generales de 2023, Interior se muestra obsesivamente preocupado por la posibilidad de que supuestas campañas de bulos puedan interferir el «derecho al voto libre e informado» de los electores. De hecho, hay hasta siete menciones a la «desinformación» solo en el anexo que fija el «protocolo» de medidas de ciberseguridad y su apéndice.

Días antes de que este protocolo fuera distribuido a los más altos responsables de la seguridad del Estado, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) –en un documento fechado en febrero pero difundido a finales de abril– afirmaba que estados extranjeros o agentes no estatales podrían aprovecharse de la actual «polarización social» para promover con éxito ciertos bulos como forma de dañar los intereses nacionales.

En la primera edición del denominado 'Observatorio de Riesgos de Ciberseguridad', elaborado por el Centro Criptológico Nacional (CCN, el corazón tecnológico del CNI), se apunta textualmente como amenaza para el país el «aumento de la polarización social». Un incremento de tensión que «incide y, al mismo tiempo, se ve acrecentado por las campañas de desinformación, una táctica de desestabilización que tiene por objetivo administraciones, empresas e individuos particulares».

«En este contexto, la injerencia de los gobiernos extranjeros y de un 'hacktivismo híbrido' al servicio de esos gobiernos, tanto mediante operaciones de desinformación como de desestabilización, se posicionan como un riesgo para la reputación y ciberseguridad de las organizaciones», señala el CNI. El espionaje español, aunque en ese espacio en concreto no menciona al Kremlin, en otros pasajes de este informe sí que se afirma sin tapujos que China, pero sobre todo Rusia, están dando «protección a grupos cibercriminales» dedicados a este 'hacktivismo híbrido' en el que los bulos son uno de sus principales arietes.

Para el CCN no hay duda del «potencial lesivo» de estas «campañas de desinformación», acrecentadas por el «crecimiento de la inteligencia artificial (con su potencial de generar contenido cada vez más verosímil) y la injerencia extranjera». «Las noticias falsas se difunden hasta seis veces más rápido que las reales», según detallan los servicios de inteligencia, lo que «confiere a las campañas de desinformación de contenidos y por medios digitales la capacidad de perjudicar la reputación de las organizaciones y causar ciberincidentes en un corto periodo de tiempo».

Pero no solo el Ministerio del Interior o el CNI. Hace solo unas semanas, el Informe Anual de Seguridad Nacional 2023, de Presidencia del Gobierno, ya señalaba la desinformación como el principal riesgo para la seguridad nacional. «La pujanza de los extremismos violentos se ha visto favorecida por tendencias relacionadas con la proliferación de campañas de desinformación destinadas a polarizar a la sociedad y cuyos mensajes son explotados por grupos extremistas del espectro ideológico», apuntaba Moncloa.

Antes de las acusaciones del presidente por el caso de Begoña Gómez, ya el pasado diciembre, el Foro contra las Campañas de Desinformación en el Ámbito de la Seguridad Nacional, el controvertido órgano creado por Moncloa en 2020 para supuestamente luchar contra los bulos que afectan a la estabilidad de la nación, llamó a neutralizar a los «grupos de interés» que distribuyan noticias falsas. Aquel informe de los asesores de Presidencia del Gobierno afirmaba que se ha constatado que en España existen «sectores de la opinión pública, ya sea en el ámbito político o económico, interesados en promover la desinformación, o en negar o desacreditar la realidad desde el marco de la posverdad (el relato frente al dato) para beneficiar a sus propios intereses».