El fiscal pide cuatro años de cárcel al pequeño Nicolás por falsear su DNI

Durante la última sesión de la vista oral celebrada en la Audiencia Provincial de Madrid, el representante del Ministerio Público interesó igualmente penas de prisión y multa para los otros dos acusados, que son el joven que presuntamente hizo el examen, Manuel Avelló, y la funcionaria de la comisaría de Tetuán (Madrid) que elaboró el DNI que resultó ser falso. Para ellos se pide cuatro años de prisión y multa.

Según la Fiscalía, la participación del pequeño Nicolás y de su amigo está acreditada por las declaraciones que realizaron en su día los compañeros de instituto, con independencia de que, con una excepción, la mayoría se limitara a señalar que los hechos ocurrieron hace ocho años y no los recordaban con claridad. Para el fiscal también tiene especial importancia el hecho de que Gómez Iglesias sacara en el examen dos puntos y medio más que su media en Bachillerato, y que la nota obtenida, un 8,25, fuera muy similar al 9 que logró Avelló en la convocatoria de junio, ya que el supuesto fraude se produjo en la de septiembre.

El informe cargó las tintas, además, en la actuación de la funcionaria, en la que vio una clara «connivencia de hecho» con los planes del principal acusado pese a no poder demostrarse una relación directa o conocimiento entre ambos. En este punto, recordó que el joven se vanagloriaba en público de tener «amigos que son comisarios de Policía». Pese a reconocer ciertas contradicciones entre los testigos sobre el sistema que se empleaba en 2012, cuando en la expedición de un DNI por extravío se cambia la foto, como es el caso, el Fiscal destacó el hecho de que no se guardara el talón foto.

«No revisó a conciencia la foto aportada cuando el DNI se hacía dos días después haberse expedido el anterior y, además, se cambiaba la foto y la firma, y no dejó constancia de ninguna forma de estos cambios, ni en el programa informático ni mediante talón-foto», defendió el fiscal, que añadió que el delito de falsedad habría quedado impune si una periodista del diario Público no hubiera aportado el documento falso años después.

En el primer juicio, referido al viaje a Ribadeo (Lugo) en el que el acusado se hizo pasar como un emisario del Gobierno y de la Casa Real ante el presidente de ALSA, la Fiscalía de Madrid reclamó siete años de cárcel.