La directora del CNI defiende la legalidad de sus actuaciones y evita responder a la comisión Pegasus

Casteleiro ha apuntado que, por ley, el CNI solo puede dar cuenta de sus actividades ante la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso. Se ha mostrado dispuesta, eso sí, ha responder a las numerosas cuestiones planteadas por la comisión por escrito, entre ellas las preguntas del expresidente catalán Carles Puigdemont, y los eurodiputados Diana Riba y Jordi Solé –supuestas víctimas de espionaje a través de Pegasus–. El presidente de la comisión, el popular Jeron Lenaers, ha calificado la sesión como «poco satisfactoria», debido a la falta de respuestas de las instituciones españolas y ha pedido que se ofrezcan todos los detalles por escrito.

La comisión parlamentaria estudia el supuesto espionaje a 65 políticos independentistas catalanes, revelado por la plataforma ciudadana 'Citizen Lab', así como los ciberataques a los móviles del presidente del Gobierno Pedro Sánchez y los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y Defensa, Margarita Robles.

El informe preliminar de la comisión, redactado por la neerlandesa Sophie in't Veld, sostiene que España fue «probablemente» el primer cliente de la Unión Europea de la compañía israelí creadora de Pegasus. Señala, además, al Gobierno español como responsable de las escuchas a 65 dirigentes catalanes y apunta a que Marruecos como «potencialmente responsable» de las escuchas al Gobierno español.

El expresidente catalán, Carles Puigemont, y los eurodiputados Jordi Cañas y Jordi Solé fueron algunos de los que más preguntas dirigieron a Casteleiro. «¿El CNI tiene Pegasus?», ha lanzado Cañas. «¿Cómo justifica el uso del CNI de una herramienta desproporcionada como Pegasus?», ha incidido Puigdemont.

Por su parte, Andreu van den Eunde, presunta víctima y abogado del líder de ERC Oriol Junqueras, ha apuntado directamente al CNI como responsable del ataque a través de Pegasus. «En España no hay ley que permita usar este programa salvo en casos muy concretos, bajo orden judicial y con una supervisión específica», ha destacado.

En el caso del espionaje a representantes del Gobierno español, el periodista de investigación Ignacio Cembrero aseguró que las explicaciones de las autoridades españolas «no son creíbles». Sostiene que el anuncio del supuesto espionaje al Ejecutivo se realizó para contrarrestar el efecto del espionaje a los políticos independentistas.