Cifuentes declara al juez que solo estaba en la «acción política» del PP

La expresidenta de la Comunidad de Madrid (2015-2018), investigada en la pieza separada de la presunta financiación irregular del PP regional, mentó al líder nacional de los populares a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción. Fue al detallar su cometido en Fundescam, la fundación autonómica desde la que supuestamente se canalizaron las donaciones que realizaron determinados empresarios y la patronal madrileña CEIM, presidida por el también investigado Arturo Fernández (Grupo Cantoblanco).

Cifuentes, quien antes de comparecer ante el juez Manuel García-Castellón echó mano de un proverbio zen en sus redes sociales, «el obstáculo es el camino», escribió, no dio puntadas sin hilo. Recordó a los presentes que si ella fue patrono de Fundescam, «junto a Ana Botella, Esperanza Aguirre, Ignacio González o Francisco Granados», también «se incorporó más adelante Pablo Casado, entonces presidente de Nuevas Generaciones» del PP, señaló, según fuentes jurídicas.

El dardo en la sala de declaraciones no fue gratuito, comentaron los presentes al finalizar la comparecencia, aunque se enmarcó en una estrategia de defensa «expansiva». Cifuentes negó conocer la 'caja B' del PP madrileño en los años sospechosos, las campañas de 2007 a 2013. Afirmó que ella estaba en la «acción política», en la planificación, y que la gestión del partido la llevaban otras personas con las que no trataba. Ello pese a su cargo de responsabilidad en el partido cuando estaba dirigido por Esperanza Aguirre (está citada por el juez el 18 de octubre).

Uno de los aspectos claves de la investigación de la dimitida presidenta regional, según el auto judicial, es su relación con el citado Arturo Fernández. Éste habría realizado dos donaciones de 160.000 euros en 2007, año en el que Cifuentes era patrona de Fundescam y también miembro del comité regional de campaña del PP, para costear «de manera encubierta gastos electorales» de la formación.

García-Castellón, como hizo en su momento la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, cree que esas donaciones se gratificaron posteriormente mediante la adjudicación desde la Asamblea de Madrid a sus empresas de contratos de restauración en 2009, 2011 y 2013. Hay evidencias de «conciertos dirigidos a beneficiar» a Arturo Fernández «amañando la adjudicación» de esos contratos, relata el auto.

Pues bien, Cifuentes, que era la presidenta de la mesa de contratación y votó a favor de un informe técnico que ella misma había emitido, lo que contraviene la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento común, se despachó este miércoles de forma estudiada ante el juez, las fiscales y su abogado, como si se tratara de una opositora que defiende su tesina ante un tribunal.

Dijo que los contratos se aprobaron siguiendo «criterios técnicos, económicas y reglados», y que fueron apoyados por el resto de los miembros de la Mesa de Contratación de la Asamblea, incluso por diputados socialistas. Para abundar en la idea de que el Grupo Cantoblanco daba servicio a diferentes administraciones e instituciones, Cifuentes recordó, como hizo con Pablo Casado en Fundescam, casi sin venir a cuento, que la mercantil de Arturo Fernández estaba también en Moncloa o en el Palacio de la Zarzuela.

Sobre las menciones que hicieron otros investigados en el juzgado, como la exjefa de Comunicación de Aguirre, Isabel Gallego, o el empresario Horacio Mercado, uno de los personajes clave de esta pieza de 'Púnica', Cifuentes negó haber estado en reuniones con Ignacio González o Francisco Granados y desconoce por qué había menciones suyas en los documentos incautados a Mercado. Uno decía que había recibido regalos de lujo, pero ésta dijo que «jamás» había visto un bolso.