El Consejo de Europa pide excarcelar a los condenados del 'procés'

28 páginas bajo un título igual de extenso (¿Deberían enjuiciarse los políticos por declaraciones realizadas en el ejercicio de su mandato?) y, lo más llamativo, un mismo saco para valorar las penas a los presos en Lledoners y la persecución y represión de la minoría kurda que durante décadas ha ejercido Turquía, lo que llevó a todos los intervinientes en el debate a insistir en la distinción, en que los dos casos no son comparables.

El Ejecutivo había presionado para suavizar el texto que firma el socialista letón Boris Cilevicsy y aunque vendría a avalar la estrategia de «reconciliación» de PedroSánchez, el paralelismo con Turquía incomoda. Además de presentar recomendaciones «incoherentes y confusas», en palabras de la ministra de Exteriores, Arancha González-Laya. Porque en el texto se hacen recomendaciones al Ejecutivo «que tienen que ver con la actuación de los jueces en España, donde rige el principio de separación de poderes».

Un pose para la oposición. Porque el PP ha reprochado a Pedro Sánchez no solo que no consiguiera parar este golpe sino que lo haya propiciado para «blanquear y avalar» su estrategia de indulto y la pretendida reforma el delito de sedición. A ello se han sumado los avisos de tres colectivos judiciales (Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente) contra un texto que, a su juicio, «pone en entredicho la objetividad y transparencia del poder judicial en España».

La cuestión es que ese informe había superado el filtro de la comisión de Asuntos Políticos y Derechos Humanos de esta institución el pasado día 3. Y ayer salía adelante en pleno por 70 votos a favor frente a 28 en contra y 12 abstenciones (de un arco asambleario con 324 miembros, doce de ellos españoles). En una sesión para la que se habían registrado 47 peticiones de intervención y en la que se votaron dieciocho enmiendas con retoques y precisiones que, en esencia, no alteraban la filosofía base.

Entre sus claves, éstas. Se subraya el «pleno respeto por el orden constitucional de España». Pero también se pide a las autoridades que reformen las disposiciones penales sobre rebelión y sedición. Porque si bien el referéndum del 1-0 fue «inconstitucional e ilegal», desde 2005 no se considera delito este tipo de consultas. Así que se reclama una readaptación legislativa en España para que no de lugar a «sanciones desproporcionadas» que no reflejan «la democracia vibrante de España», defendió el ponente Cilevics durante su intervención; más aún cuando no existió incitación a la violencia sino un llamamiento a «manifestaciones masivas pacíficas».

La declaración aconseja el «perdón u otras formas de liberación» de la prisión a los políticos catalanes. Pero va más allá al requerir que se considere «la posibilidad de abandonar los procedimientos de extradición» contra los fugados de la justicia (Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí) y «retirar» los enjuiciamientos restantes también «de los funcionarios de menor rango involucrados en el referéndum inconstitucional de 2017».

Se rechazaron dos enmiendas impulsadas por el entorno independentista en la que se planteaba cambiar «ilegal» por «no autorizado» al carácter del referéndum, y se pedía incluir el término «amnistía» para sustituir (o añadir) al «perdón y otras formas de liberación». Tampoco otras del PP, como la que pedía reconocer «el respeto de los derechos de las minorías en el Parlamento catalán».