El Gobierno cuestiona que se pueda hablar de rebelión en el proceso secesionista catalán

Ni uno ni otra lo afirman de manera directa, pero sus intervenciones son suficientemente claras. Sánchez aplaudió al portavoz del PNV, Aitor Esteban, después de que éste calificara de «frivolidad» que se emplee no ya el término «golpe de Estado» sino los de «rebelión» o «sedición» para calificar la actuación, entre otros, del exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras. «Ha estado usted muy acertado», le dijo. Calvo se ha referido en una entrevista en Onda Cero a la decisión del tribunal alemán de Schlesig Holstein, que denegó la extradición de Carles Puigdemont, como prueba de que para acusar de ese tipo de delito es precisa la concurrencia del «instrumentos de fuerza que en cualquier legislación están conectados con las armas». Pero ha ido más allá.

«En este momento nosotros como Gobierno no calificamos. Evidentemente, no mantenemos al margen del trabajo técnico que ha de hacer el poder judicial, faltaría más, pero sí que es verdad que para hablar de golpe de Estado, para hablar de delito máximo -ha argumentado- tenemos que hablar de unos instrumentos de fuerza».

Ese «delito máximo» al que se refiere Calvo es, precisamente, el de rebelión porque el Código Penal no recoge como tal el golpe de Estado. Como ha recordado la número dos del Gobierno, su «formato básicamente» sería la rebelión, que fue el delito que se aplicó, por ejemplo, a los guardias civiles y militares que protagonizaron la asonada del 23-F.

En su textualidad, el ordenamiento español considera reos de rebelión a quienes se levanten «violenta y públicamente» para, entre otros fines, «derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución» o «declarar la independencia de una parte del territorio nacional» y contempla penas de cárcel que van de los quince a treinta años.

Esquerra lleva semanas advirtiendo de que si el Ejecutivo no da orden a la Fiscalía de que retire las acusaciones por ese delito a los encausados del 'procés' no se sentará siquiera a hablar de las cuentas públicas. El Ejecutivo replica que no está en su mano dar órdenes a un órgano que es autónomo, pero con sus declaraciones confía en suavizar las cosas. Y no es la primera vez.

Calvo, al igual que la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, y el ministro de Exteriores, Josep Borrell, ya se mostró favorable a que Junqueras y el resto de los acusados en prisión preventiva puedan estar en libertad hasta que se celebre el juicio y haya sentencia firme, y la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, dijo que sería partidaria de que, eventualmente, pueda concedérseles indultos. Un deseo que el presidente del Gobierno evitó censurar.

El Gobierno, además, hace tiempo que metió en el cajón la propuesta que lanzó el propio Pedro Sánchez cuando aún estaba en la oposición, el pasado mes de mayo, para acometer una reforma del Código Penal que en el futuro permita imputar por rebelión a quienes promuevan actos como los cometidos por los dirigentes del proceso secesionista sin dejar lugar a dudas jurídicas como las que ahora se plantean.

«Tenemos que defender la Constitución frente a algunos responsables políticos que están utilizando el liderazgo en las instituciones para subvertir el orden constitucional -alegó entonces-. Desde el punto de vista del legislador es evidente que tenemos que actualizar este delito y la defensa de un bien jurídico como es la Constitución a hechos que eran inimaginables hace años». Ahora, cada vez que se pregunta por aquello a algún miembro del Ejecutivo echa balones fuera y da largas a la cuestión.