Vox y Cs piden al Supremo la suspensión de los indultos

Ambas formaciones reclamaron la suspensión cautelar de los mismos para que los condenados del 'procés' regresen a prisión mientras se tramitan las impugnaciones. Sin embargo, más allá de esta petición, los escritos difieren en el fondo y en la forma. Mientras que Vox recurrió como partido político, Ciudadanos lo hizo a título individual, es decir, en nombre de Inés Arrimadas y otros diputados del Parlamento de Cataluña en el momento de los hechos, otoño de 2017. Se presentaron como «perjudicados directos» y «ofendidos» por la concesión de las medidas de gracia.

La estrategia, comandada por su portavoz parlamentario Edmundo Bal, abogado del Estado en funciones, pasa por evitar que la Sala Tercera rechace la legitimación de los partidos políticos para poder recurrir los indultos. Por este motivo, optó por que fueran de forma particular: además de Arrimadas, Carlos Carrizosa y José María Espejo. Los tres eran diputados en el momento en el que se consumaron los delitos y tienen, por tanto, un «interés directo» en la revocación de los decretos. Alegan que vieron menoscabados sus derechos por la aprobación de las llamadas «leyes de desconexión» y recordaron que por este motivo recibieron el apoyo del Tribunal Constitucional.

Respecto a la solicitud de las medidas cautelarísimas y cautelares, que obliga a la Sala de lo Contencioso-Administrativo a una rápida contestación, Bal espera tener una respuesta en menos de dos semanas. «Hemos pedido que se suspendan y vuelvan a la cárcel», anunció detrás de un micro con el logo del partido. Explicó que se cumplen los dos requisitos para suspender la excarcelación. Por una parte, la apreciación del buen Derecho, en tanto el Supremo y la Fiscalía se han opuesto a la concesión de los indultos, y del otro el peligro para la sociedad, basado en el riesgo de fuga y reiteración delictiva.

En sus recursos –uno por cada condenado–, Ciudadanos considera que estos indultos parten de un acto arbitrario desde el punto de vista jurídico. Para ello, pone de manifiesto que el Supremo, en el informe en el que se opuso a su concesión, no aprecia razones de «justicia, equidad ni utilidad pública», los tres elementos que justificarían los decretos.

En el caso de Vox, sí se presentó el recurso como partido, al estimar que están legitimados por haber actuado como acusación popular en la causa penal. Incide en la idea de que no existe «signo alguno de arrepentimiento» de los condenados y alude a que los implicados, con el ánimo de repetir lo ocurrido, han vuelto a incitar a la «movilización tumultuaria y a un nuevo alzamiento contra el orden constitucional y la soberanía nacional». Por esta cuestión, y porque «han de tenerse en cuenta los intereses públicos y privados que resultarían gravemente perturbados», también solicitó medidas cautelares.

A partir de ahora, la Sala tendrá que examinar el filtro de la legitimación. Una vez superado será cuando requiera al Gobierno los expedientes de los indultos y los decretos que justifican esa «utilidad pública». Una vez que los recurrentes tengan acceso a esos expedientes será cuando formulen ya su demanda. Todo este trámite puede prolongarse varios meses, incluso un año hasta que haya resolución firme.