Anticorrupción denuncia a la jueza de los ERE ante el CGPJ por el «retraso injustificado» en la instrucción

El Ministerio Público considera que la juez podría haber incurrido en una falta grave o muy grave ya que «la situación procesal de estas causas se ve afectada por la desatención y retraso injustificado en su tramitación y resolución, con evidente perjuicio de los fines del proceso penal y de la Administración de Justicia».

«La Fiscalía Anticorrupción considera que por este motivo está resultando imposible proceder en los términos exigidos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal a la práctica de las actuaciones en orden al esclarecimiento de los hechos y a la determinación de la responsabilidad de los partícipes, favoreciéndose con todo ello que el ejercicio de la acción penal no alcance sus objetivos», expone en un comunicado.

Núñez Bolaños, que sustituyó en el Juzgado número 6 a Mercedes Alaya en 2015, está a cargo de la investigación sobre los expedientes de regulación de empleo presuntamente irregulares, que ha estructurado en más de una docena de piezas separadas, pero asume asimismo otras causas de corrupción como las mencionadas Avales e Idea.

La denuncia de la Fiscalía Anticorrupción tiene su origen en la queja que hicieron llegar a Luzón los 6 fiscales de esta especialidad delegados en Sevilla sobre el trabajo de la instructora, que en la actualidad se encuentra de baja por razones que no han trascendido. En un escrito el pasado mes de junio, trasladaban su disconformidad con el modo de proceder de Núñez Bolaños y el impacto que las dilaciones en la adopción de diligencias estaba teniendo en estos procedimientos.

Cabe apuntar que recientemente dos de estos fiscales delegados han interpuesto un recurso de apelación contra el auto del 27 de mayo en el que la juez ordenó archivar de la causa que investiga las presuntas irregularidades en los avales y préstamos concedidos por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) al entender que se «han desvanecido» los indicios de que, de forma arbitraria e irregular, se favorecía a determinadas empresas.

En el recurso, al que tuvo acceso Europa Press, los delegados de Anticorrupción advierten que el archivo de esta causa imposibilita «hacer avanzar la investigación» de unos hechos que podrían constituir infracciones penales generando así «el riesgo, cada vez más cierto, de prescripción de los delitos» en el caso de que lo hubiera.

En la misma línea, criticaban que la magistrada «no haya acatado» resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial de Sevilla que se realizaran diligencias consistentes en la elaboración de un atestado por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de un informe pericial por parte de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

En ese mismo sentido, el PP-A remitió un escrito al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en el que reprueba a la magistrada María Núñez por «desobedecer» de manera «consciente y deliberadamente» instrucciones ordenadas por la Audiencia Provincial de Sevilla durante la instrucción de la causa que investiga la supuesta concesión ilícita de avales y préstamos de la Agencia IDEA a empresas.

Igualmente, la representación legal del PP-A impugnó la decisión de esta juez de instructora de no solicitar información al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) sobre la realización de los contratos de los trabajadores de la extinta Faffe en la causa que juzga esa misma fundación.