'El albondiguilla' ofrece al juez «datos y documentos» sobre la 'caja B' del PP

En el escrito remitido el pasado 11 de junio al juez José de la Mata, que ha reabierto la causa antes de ser juzgada tras las confesiones de Francisco Correa en el juicio por la financiación irregular del PP en la Comunidad Valenciana, González Panero pide declarar como testigo «con el fin de colaborar a la hora de facilitar datos y documentos».

El exregidor popular (1999-2009) de Boadilla -municipio del noroeste de Madrid con una de las mayores rentas por habitante- ha asegurado al juez que «puede ayudar» a las pesquisas mediante la aportación de datos sobre las llamadas telefónicas de Bárcenas y Correa para presionar en favor de la adjudicación de la empresa Hispánica del contrato de mantenimiento de este municipio de 50.000 habitantes.

En concreto, con ofrecimientos de cantidades económicas y las reuniones que se tuvieron el despacho de Bárcenas en la sede nacional del PP, en la que fue citado en dos ocasiones «y donde acudió igualmente Álvaro Lapuerta», antecesor del primera en la tesorería, «con el fin de intentar presionar a González Panero» para que le diera un contrato de obras a empresas «que colaboraban económicamente, y de otras manera con el PP, como por ejemplo Brues y Fernández», dependientes del Grupo Bruesa.

Del mismo modo, añade el escrito al que ha tenido acceso Colpisa, «se puede facilitar documentos y una nota realizada por Correa a Panero mostrando su disconformidad ante la negativa de éste de acceder a lo solicitado por Bárcenas y otros, pudiendo facilitar además todo tipo de detalles sobre esas reuniones, las presiones recibidas como alcalde, adjudicaciones de obra pública, comisiones ofrecidas, empresarios adjudicatarios o presiones a técnicos de mesas de contratación».

Comenta el abogado la existencia de un concejal de Boadilla «impuesto» por Bárcenas, que colaboraba en estas actividades y sobre el que podría dar información. Todo ello, concluye, con la idea de beneficiar la investigación y en su voluntad de colaborar con la justicia. Inicialmente el testigo fue citado el pasado miércoles, coincidiendo con el exsecretario general del PPCV Ricardo Costa, pero su interrogatorio fue aplazado sin nueva fecha.

El exalcalde está acusado en la pieza de 'Gürtel' referida a los contratos de la trama en el consistorio. La Fiscalía reclama 40 años y nueve meses de cárcel por los presuntos sobornos que las empresas de Correa entregaron entre 2001 y 2009 a funcionarios y autoridades municipales para conseguir adjudicaciones para estas mismas sociedades o empresas de terceras personas. La red, señalaba el auto de conclusión de la instrucción, «llegó en la práctica a dirigir toda la contratación pública», especialmente la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo.

El grupo benefició presuntamente a cambio de comisiones a distintas personas y sociedades como SUFI, Constructora Hispánica, UFC, Teconsa, Artas Consultoría y Rústicas MBS y Easy Concept Comunicación. Estas contrataciones irregulares reportaron como mínimo a Correa 2,7 millones y a González Panero, 1,8, entre otros supuestos comisionistas.