La administración de Justicia, en pie de huelga contra la ministra Delgado

Manifestación de funcionarios de Justicia en Madrid en contra de la reforma de la Ley del Poder Judicial 16 noviembre 2018. /EP
Manifestación de funcionarios de Justicia en Madrid en contra de la reforma de la Ley del Poder Judicial 16 noviembre 2018. / EP

Jueces y fiscales pararán el lunes, los funcionarios lo hicieron la semana pasada y dejan tocada a la titular de Justicia tras cinco meses en el cargo

Mateo Balín
MATEO BALÍNMadrid

El pasado 22 de mayo Dolores Delgado, actual ministra de Justicia y entonces vocal del Consejo Fiscal, salía a la puerta del edificio de la Fiscalía General del Estado, en la calle Fortuny de Madrid, para concentrarse junto a sus compañeros y exigir al Gobierno, entonces del Partido Popular (PP), una mejora de sus condiciones laborales, mayor independencia judicial y la definitiva adaptación de la administración pública a los tiempos digitales. La escena fue retratada por los fotógrafos y junto a Delgado estaban María José Segarra, hoy fiscal general, o Javier Zaragoza, acusador público en el Tribunal Supremo y exjefe de Delgado en la Audiencia Nacional durante una larga década.

Medio año después de aquella estampa, con más del 50% de las plantillas de la Carrera Judicial y Fiscal, unos 4.200 funcionarios, secundando paros en todo el país, las tornas han cambiado. Hoy el Ministerio al que va destinado todo el malestar de los operadores jurídicos lo dirige Dolores Delgado, que tiene delante, liderando la 'huelga' convocada para el lunes por todas las asociaciones de jueces y fiscales, a excompañeros en la Audiencia como Jesús Alonso o al hijo de su exjefe Zaragoza, integrante del mismo colectivo -la Unión Progresista de Fiscales- que la ahora ministra del ramo.

En solo cinco meses en el cargo, Delgado ha sufrido en sus carnes el 'mal de la calle San Bernando' (sede del Ministerio). Un virus que ha afectado a todos los responsables de Justicia desde la dimisión de Mariano Fernández Bermejo en 2009. En el caso de la ministra, al desgaste personal tras los audios difundidos de la comida con el excomisario José Manuel Villarejo, que le costó una reprobación del Senado, se suma el político por la movilización y los paros de todos los actores de la administración de Justicia, hastiados por su situación laboral.

Todo esto en un contexto de crisis institucional en el Tribunal Supremo tras el pleno sobre el pago del impuesto hipotecario, en el que se dio la razón a la banca en detrimento de los clientes, una circunstancia que provocó la inmediata intervención del presidente del Gobierno para modificar la ley. O el 'cambio de cromos' de PSOE y PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial, pactando un presidente, el magistrado del alto tribunal Manuel Marchena, antes de que los nuevos vocales del órgano de gobierno de los jueces lo designe en un pleno, tal y como marca la norma. Una negociación que ha estado liderada por Delgado y su antecesor en el Ministerio, el popular Rafael Catalá.

«Inmovilismo y abandono»

Catalá ya sabe lo que es tener enfrente a los operadores jurídicos. En mayo pasado, por ejemplo, tuvo lugar la primera huelga -pese a no estar recogido este derecho en su reglamento laboral- de jueces y fiscales, que fue apoyada por todos las asociaciones profesionales. Antes ya había parado parte del colectivo con Alberto Ruiz-Gallardon en 2013, pero en estos años el grado de hastío ha ido en aumento hasta romper el termómetro. La razón es el «inmovilismo y el abandono» de los poderes ejecutivo y legislativo y la falta de respuestas a sus reivindicaciones, alguna histórica como el cambio del sistema de elección del GGPJ.

Este viernes, 50.000 funcionarios de Justicia fueron llamados a secundar el paro convocado a nivel estatal por las principales centrales sindicales. Lo hicieron para denunciar el «ataque» del Gobierno a sus condiciones laborales con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que se ultima en el Senado.

La modificación del artículo 521 abre la puerta «a la movilización forzosa y discrecional del personal». Es decir, permite a la administración determinar el puesto de trabajo en cada momento sin atender a su especialización, no prevé aumento de personal en los órganos judiciales con carga de trabajo y los interinos serán cesados en seis meses.

El martes tuvo lugar un paro de dos horas convocado por los colectivos que agrupan a los letrados de la administración de Justicia (antes secretarios judiciales), que fue seguido por el 75% en todo el país. Asignados al Ministerio, reivindican que la nueva oficina judicial ha supuesto un aumento de sus funciones sin que vinieran acompañadas de un incremento salarial, aplazado a la mejora del escenario presupuestario.

La mejora de la retribución también subyace en el paro convocado por jueces y fiscales, que exigen recuperar el nivel salarial perdido en 2010 con la crisis -un 10% de media-, mejorar los permisos y las medidas de conciliación, recuperar el régimen de vacaciones de antes de 2012, la implantación «urgente» de unas cargas máximas de trabajo, un plan de inversión «prolongado» con 300 nuevas plazas para togados o más juzgados para atender el incremento de la litigiosidad: hoy en 126 asuntos por cada 1.000 habitantes.

Desde el departamento de Delgado les han reprochado «romper unilateralmente el diálogo» con esta huelga y alegan que Hacienda hace lo posible ante la previsible prórroga de los Presupuestos. El anterior Ejecutivo había previsto un incremento de tres puntos para los funcionarios y una partida extra de siete millones para retribuciones antes de 2019. Pero la inestabilidad parlamentaria no ayuda y el horizonte cercano no es nada halagüeño.

Pocos jueces, sueldos bajos y raquítica inversión en mejoras materiales

El gasto público en Justicia se ha elevado en 2018 hasta los 1.926,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,1% respecto a la partida asignada a esta materia en 2017. Con 1.754 millones de presupuesto, el Ministerio es la institución a la que se destina la mayor inversión, el 91%, mientras que el 9% restante se reparte entre los organismos autónomos dependientes de este departamento y del Consejo General del Poder Judicial.

En todo caso, esta última cifra, 1.754 millones, es similar a la destinada en 2010, en plena sacudida por la crisis económica. Ronda ahora los 85 euros por persona frente a los 200 de países como Luxemburgo o 150 de Alemania, mientras que hace ocho años se aproximaba aquí a 100 euros por persona.

En 2010, además, el Gobierno bajó el sueldo de los funcionarios un 5%, el doble para los miembros de la carrera judicial. Una masa salarial que no se ha recuperado en estos años y que ahora aparece en la lista de debes de los togados, cuyos sueldos oscilan entre 2.300 y 4.000 euros netos al mes y entre 7.000 y 8.000 para los del Tribunal Supremo y del Constitucional

Este gasto de personal se come cada año más del 75% de las cuentas de Justicia, lo que influye en la distribución de otras partidas relacionadas con la mejor de medios humanos -España tiene uno de los ratios más bajos de jueces, 12, por cada 100.000 habitantes frente a 300 abogados- y materiales. La oferta pública de empleo sí se ha fijado este curso en esta administración, con la creación de 1.087 nuevas plazas -300 de jueces y fiscales- y la reducción de la interinidad.

 

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