La Audiencia Nacional recibe las primeras denuncias por la quiebra del Banco Popular

Por un lado, Durán y Durán Abogados ha presentado este viernes una denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, que pide al Juzgado Central de Instrucción de guardia, que esta semana es el número 2 que dirige Ismael Moreno, que dirija su investigación contra el ya expresidente del Banco Popular Emilio Saracho.

El despacho de abogados destaca en su denuncia la vinculación de Saracho, antes de incorporarse al Banco Popular este año, con el Banco Santander, donde fue director general adjunto, y con la empresa financiera JP Morgan, la misma, según asegura, a la que el Consejo de Administración que presidía Saracho encomendó la venta del banco, algo que considera "sospechoso".

En este sentido, la denuncia recuerda que, según informaciones aparecidas en su momento en los medios de comunicación, por la salida de JP Morgan, Saracho recibió una indemnización de "no menos de 86 millones de euros".

Por tanto, "sorprende que en este contexto de conflicto de intereses evidente el presidente de un banco en la situación en que se encontraba el Banco Popular encomiende a la sociedad para la que llevaba más de 25 años trabajando el sondeo del mercado para venderlo y que acordase con JP Morgan el pago de 20 millones de euros más una comisión del 1%".

Según explica la denuncia, el día que Saracho fue nombrado presidente del Banco Popular, la entidad tenía una valoración bursátil de 5.000 millones de euros y él siempre sostuvo que el banco era "solvente y cumplía con los requisitos". "Pese a ser plenamente consciente de la situación financiera del Banco Popular, el presidente no ha cumplido con las obligaciones que le incumbían legal y estatutariamente, llevando la compañía a la intervención e incumpliendo absolutamente con el deber de información a los propietarios del banco, es decir, a los accionistas", señala.

La denuncia sostiene que "el desenlace ha sido totalmente distinto a las manifestaciones públicas y a la información que se ha transmitido a los accionistas", por lo que pide la investigación tanto de "la contratación de los servicios de JP Morgan por parte del Consejo de Administración del Banco Popular y dilucidar si ha existido o no una conducta presuntamente constitutiva del delito de administración desleal tipificada en el artículo 252 del Código Penal", que establece penas para quien administra un patrimonio ajeno e infringe sus facultades, provocando un perjuicio en el mismo.

"En el presente supuesto, Emilio Saracho desde su nombramiento ha ocultado a los accionistas la verdadera situación financiera de la compañía, sin convocar Junta de accionistas para informar sobre distintas alternativas y opciones existentes para salvar la situación, de forma que el máximo órgano de administración ha rendido cuentas a terceros al margen de los accionistas", subraya.

El abogado Miguel Durán ha informado a Europa Press de que su despacho ya ha atendido a más de 460 clientes del Banco Popular interesados en iniciar acciones legales de forma individual porque se han visto afectados, en mayor o menor medida, por la quiebra de la entidad y que se sienten "engañados".

Por otra parte, Fonfría Abogados ha presentado una querella, también en la Audiencia Nacional y en nombre de un cliente del Banco Popular, contra el Consejo de Administración y la firma encargada de la auditoría de la entidad, sin especificar cuál. A su juicio, el banco ejerció una "conducta fraudulenta conducente al engaño y la difamación de información contable falsa".

Según la querella, el cliente afectado adquirió un total de 104.009 títulos del Banco Popular, de las cuales 65.703 están depositadas en el propio Banco Popular y 38.306 en Bankinter. Por lo tanto, tras la compra de la entidad por el Banco Santander, le resulta "imposible" recuperar el dinero invertido, así como ejercer sus derechos como accionista.

El querellante denuncia el "total oscurantismo y opacidad" demostrados por el Banco Popular y su auditoría en lo referente a la situación contable, pues considera que los clientes "invirtieron o compraron acciones confiando en una información incompleta o errónea o, incluso, falsa" y que, "de haber conocido la verdadera situación de la entidad, no hubieran hecho la inversión".

Por su parte, la OCU ha anunciado que el próximo lunes, 12 de junio, presentará también una querella por la quiebra del Banco Popular porque "es preciso garantizar y defender los intereses de los miles de accionistas minoritarios y bonistas que se han visto gravemente perjudicados por la tremenda pérdida de valor de los títulos y depurar responsabilidades".

Como en los anteriores casos, la OCU destaca que "si los pequeños inversores y accionistas minoritarios han invertido en acciones del Banco Popular ha sido por confiar en una información auditada, pública y supervisada que se ha revelado finalmente muy alejada de la realidad".