El Gobierno evita el pleno de control otra semana gracias a un tecnicismo

La Junta de Portavoces no ha podido convocarlo como querían todos los partidos salvo el PP para el próximo 13 de abril porque aún no se había publicado en el boletín de la cámara el reparto de preguntas por partidos a Mariano Rajoy y sus ministros aprobado solo unos minutos antes por la Mesa.

Ese trámite se podía haber solventado hoy mismo si en la Junta de Portavoces hubiese acordado por unanimidad introducir la convocatoria del pleno en el orden del día, pero el presidente del Congreso, Patxi López, ni siquiera llegó a plantearlo porque sabía de antemano que contaría con la negativa de los populares.

Por lo tanto, debido a ese tecnicismo, será la Junta de Portavoces del próximo día 12 la que convocará el primer pleno de control al Gobierno para el 20 de abril.

Lo que ya se sabe es que en esa sesión se podrán realizar a los miembros del Consejo de Ministros 26 preguntas, ocho por parte del PP; seis, por el PSOE; cinco, por Podemos; tres, por Ciudadanos; y una, por PNV, Convergencia, ERC y el Mixto.

Ese día el Congreso de los Diputados tensará al máximo la cuerda en su pulso con el Gobierno, que se niega a someterse a la fiscalización de la Cámara baja por encontrarse en funciones.

Entonces, Mariano Rajoy y los miembros de su Gabinete tendrán que decidir si responden a las preguntas o si, en coherencia con su negativa a ser controlados, se niegan a contestar o incluso ni siquiera acuden al pleno como han hecho los ministros que hasta ahora han sido citados en las comparecencias de las comisiones.

Situación inédita

Todo apunta a que entonces el Parlamento vivirá un situación inédita, la imagen más clara del grave conflicto institucional que enfrenta a ambos poderes del Estado, pues el pleno no se desconvocará vengan o no los miembros del Gobierno y los diputados realizarán sus preguntas vayan a ser contestadas o no.

Será la constatación de un enfrentamiento que tendrán que dilucidar los tribunales, ya que está previsto que mañana, en el pleno, todos los grupos políticos menos el PP den luz verde al Congreso para que plantee un conflicto de atribuciones ante el Constitucional, en el que demandan a la corte de garantías que declare que el Ejecutivo está violando lo dispuesto en la Carta Magna y las leyes y que le obligue a someterse al control del Parlamento.