La excúpula de Unió Mallorquina, condenada por desviar fondos públicos para captar votos para el partido

Munar ha admitido haber cometido malversación y prevaricación en su comparecencia hoy como acusada ante la sección segunda de la Audiencia de Palma, junto a otros miembros de la cúpula de la extinta UM, en el juicio de la pieza número 13 del llamado 'caso Voltor', por el presunto desvío de 200.000 euros de fondos públicos al partido para las elecciones autonómicas de 2007.

Si bien inicialmente la Fiscalía pedía penas que sumaban 95 años de prisión y multas de 198.000 euros para 18 acusados, por presunta asociación ilícita y otros tres delitos, en el juicio ha modificado las acusaciones a los delitos de prevaricación y malversación y ha retirado la acusación a siete de ellos, cuya relación con los hechos no está demostrada, entre los que se encuentran los exconselleres Catalina Julve y Mateu Cañellas y el ex director general Antonio Moragues.

200.000 euros desviados

La expresidenta ha llegado a la Audiencia de Palma conducida desde la prisión, donde cumple condena por otras dos causas de corrupción. También han llegado desde la cárcel el exvicepresidente del Consell de Mallorca, Miquel Nadal; y el exconseller de Turismo Francesc Buils.

En esta causa, el Ministerio Público cree que Munar, Nadal, Buils, el exconseller de Presidencia Miquel Àngel Flaquer y otros cargos insulares se pusieron de acuerdo para obtener beneficios económicos para su partido y contrataron a trabajadores en el Consorcio de Informática Local (Cilma) que en realidad trabajaban para UM.

Munar, Nadal, Buils y Flaquer hicieron posibles las decisiones administrativas que sirvieron de "pantalla" para enmascarar el desvío de fondos públicos. El procedimiento era "enchufar y camuflar" a los trabajadores en proyectos públicos de dicho consorcio, cuando en realidad trabajaban para UM, algo que además significaba un beneficio particular para los ex altos cargos del Consell porque "crecía su poder e influencia entre los militantes", según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción.

Si bien la Fiscalía había calculado inicialmente el perjuicio causado en unos 436.000 euros, finalmente se ha estimado que la cuantía de fondos públicos desviada es de 200.000 euros que los once acusados han aportado íntegramente ante el Juzgado de forma solidaria como reparación del daño causado.

Ante la admisión de los hechos por parte de los acusados y la reparación del daño con la aportación de los 200.000 euros, la Fiscalía ha modificado a la baja las peticiones de condena. En el caso de Munar, la expresidenta del Consell y del Parlament ha admitido la pena solicitada para ella de nueve meses de prisión sustituibles por multa de 18 meses a 20 euros diarios de cuota y cinco años de inhabilitación especial para cargo insular. "Sí, señor", ha respondido Munar al presidente del tribunal cuando le ha preguntado si conocía las acusaciones por prevaricación y malversación formuladas contra ella y si admitía la pena solicitada y se mostraba conforme.

Munar, que cumple prisión por condenas en los casos Can Domenge y Maquillaje, está procesada en otras causas como son el presunto soborno del llamado 'caso Can Domenge', que está pendiente de juicio, el 'caso Son Oms' y el denominado 'caso Minser' que está en fase de instrucción.

Buils ha admitido también nueve meses de cárcel, sustituibles por 18 meses de multa con una cuota de 10 euros (5.400 euros); Flaquer la misma pena sustituible por 18 meses de multa a 12 euros diarios (6.480 euros) y Nadal idéntica pena que Flaquer. Los tres han admitido además 5 años de inhabilitación.

Las secretarias de la Vicepresidencia del Consell Eugenia Cañellas y Antònia Vidal han admitido siete meses y ocho meses de prisión, sustituibles por catorce meses de multa 11 euros (4.620 euros) y 16 meses multa con cuota de 8 euros (3.840 euros), respectivamente.

El gerente de Cilma Eugenio Losada se ha conformado con siete meses de cárcel, reemplazables por catorce meses de multa con 9 euros diarios de cuota (3.780); la exresponsable insular de Emergencias, María José Rodríguez ha admitido nueve meses, que se sustituirán por 18 meses de multa a 7 euros (3.780).

El exdirector insular Josep Lliteres también se ha conformado con la petición de nueve meses de prisión, sustituibles por multa de 18 meses de multa de 10 euros (5.400 euros); la exsecretaria de Presidencia, Maria Esperanza Massanet con siete meses de cárcel a sustituir por catorce meses de multa de 9 euros (3.780). La exsecretaria de Cooperación Local, Coloma Castañer ha admitido siete meses de prisión por malversación, que se reemplazarán por catorce meses de multa de 7 euros (2.940 euros).