El fiscal solicita que declaren Fabra y Barberá por la Fórmula 1

La querella de la Fiscalía Anticorrupción, tal y como ha adelantado Las Provincias en su edición impresa, incluye la solicitud de que se cite a declarar al presidente Alberto Fabra y a todos los miembros del Consell que bajo su mandato dieron el visto bueno a la compra de Valmor, sociedad creada en su día por Aspar, Fernando Roig y Bancaja. Los nombres más relevantes de estas testificales, aparte del propio Fabra, son los de la consellera Isabel Bonig y el vicepresidente José Císcar, ambos con responsabilidades en el ejecutivo actual. Serafín Castellano, hoy delegado del Gobierno, también formaba parte de aquel Consell de finales de 2011.

Estas comparecencias estarían relacionadas con la última parte de la investigación: la adquisición por parte del Consell de la citada mercantil, incluida toda la deuda que acumulaba. Los miembros del Gobierno aseguran que desconocían que esa decisión política suponía asumir todo el pasivo (más de 30 millones de euros). Según varios de los integrantes de aquel Ejecutivo, pensaban que el coste total de la operación no era superior a un euro.

Por el momento, el TSJ ha decidido no abordar de manera inmediata este asunto. La instructora Pía Calderón, tal y como reflejó el auto del TSJ, se centrará en esta primera fase de las pesquisas en los hechos atribuibles al expresidente de la Generalitat Francisco Camps. En concreto, la negociación con Bernie Ecclestone, el pago por parte del Consell de la organización de las pruebas liberando a Valmor de ese coste y la maniobra por la que la Generalitat se convirtió en avalista de la citada empresa saltándose todo el ordenamiento jurídico, según recoge la querella del fiscal.

Las anteriores comparecencias pueden complicar el panorama al presidente del Consell que durante toda la legislatura ha hecho bandera de su ya famosa línea roja, que fija la imputación como una circunstancia incompatible con ostentar un cargo público. En caso de que se descubriera que dio el visto bueno a la operación conociendo que, en realidad, suponía asumir toda la deuda, su situación se volvería cuanto menos complicada.

No son las únicas comparecencias significativas que solicita la fiscalía. Aparece también el nombre de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. La responsable municipal participó en alguna reunión previa con Ecclestone y el propio Camps en el año 2006.

José Luis Olivas, expresidente de la Generalitat valenciana y de Bancaja, también deberá de dar su versión de los hechos acerca de la participación de la caja que presidía en el supuesto negocio de Valmor. Olivas tiene numerosos frentes judiciales abiertos. El más inminente es el juicio por el cobro de una comisión de más de 500.000 euros por un servicio de asesoría la fiscalía piensa que ficticioque fue abonado por el empresario Vicente Cotino.

Muy probablemente también será citado Fernando Roig, otro de los socios de Valmor. La Fiscalía Anticorrupción sólo acusa, por el momento, al expiloto de motociclismo Jorge Martínez Aspar. El fiscal apuntó que la organización de las carreras se le concedió a la empresa de Aspar por la amistad que mantenía con el expresidente de la Generalitat.

Alguno de los testigos que declararon durante las diligencias de investigación penal (las pesquisas de la propia fiscalía) explicaron que Aspar siempre quiso quedarse con la privatización del circuito de Cheste, circunstancia esta que finalmente no se produjo.

El posible desfile de testigos puede contar con la presencia de Cristóbal Grau, concejal de deportes y de todos los que viajaron con Camps de urgencia desde Bruselas a Londres para negociar que Valencia tuviera en exclusiva la Fórmula 1 en España. En este sentido, se recogen los nombres de Henar Molinero, Nuria Romeral y Pablo Landecho.

¿Del TSJ a un juzgado?

La instrucción se encuentra de momento en el TSJ. Sin embargo, el presidente Camps podría perder en breve su condición de aforado cuando se disuelvan Les Corts para las elecciones autonómicos. Además, es muy poco probable que el expresidente repita en las listas por lo que el caso derivaría en un juzgado de instrucción de Valencia.

La acusación se centra en el expresidente Camps. La fiscalía le atribuye tres graves irregularidades. Una es la organización de la prueba. En teoría iba a correr a cuenta de Valmor. Sin embargo, fue Circuito del Motor empresa pública la que se encargó de los costes. Además, salvo en la primera prueba, la Generalitat se hizo cargo del canon de cada edición, alrededor de 20 millones de euros. Esta decisión se produjo tras las quejas de Valmor porque no obtenía beneficios.

Por último, el fiscal denuncia el procedimiento por el que la Generalitat se convirtió en avalista de la citada empresa. «Se incumplió toda la normativa».