Los afectados por Madrid Central anuncian recursos al considerar que es anticonstitucional

El gabinete de abogados de Pyramid Consulting está ya preparando el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a lo que habría que sumar los recursos anunciados desde la Plataforma de Afectados.

En este recurso se defenderán, entre otros motivos, que la modificación publicada, no respeta los principios principio de legalidad, jerarquía normativa y seguridad jurídica, «todos ellos consagrados en el artículo 9.3 de la Constitución Española. Igualmente, entendemos que se vulnera también el principio de igualdad, consagrado en el artículo 14 de la Constitución Española en relación con el 9.2 del mismo texto legal».

Según la Plataforma Vehículos Afectados por la Movilidad en España, en la norma que ya ha entrado en vigor no se han tenido en cuenta las alegaciones presentadas por este colectivo a finales de junio, durante la tramitación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, «sin que a algunas de las alegaciones presentadas se les llegase a dar respuesta», explican.

Esta plataforma cree que Madrid Central supone «una vulneración de los derechos y libertades fundamentales recogidas en el ordenamiento jurídico de la Unión Europea, la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, y los tratados internacionales suscritos por España, en concreto a lo relativo el derecho a circular por el territorio nacional, la libertad de circulación de personas, bienes y mercancías, la libre circulación de los trabajadores, el derecho a la propiedad privada, la libertad y la igualdad de los españoles ante la ley, y el derecho a protección contra toda discriminación«.

Desde este colectivo, que el pasado fin de semana recorrió las calles de Madrid en sus vehículos para mostrar su protesta por la aprobación de la ordenanza, también aseguran que la norma presenta fallos en la memoria económica «que puedan poner en peligro la estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento». Uno de los posibles errores es «que no han tenido en cuenta la perdida de ingresos por IVTM que supondría para el Ayuntamiento si todos esos vehículos se dan de baja ,y que no hay un detalle concreto del coste económico de ampliar las nuevas zonas SER; o por fallos en la memoria social, es decir como va a afectar social y económicamente a las personas, empresas, transporte público de las áreas afectadas las restricciones de la ordenanza«, afirma Miguel Alvarez, portavoz del colectivo de afectados.

Asegura además que el Ayuntamiento no ha aclarado «en la contestación recibida a titulo personal» si la M-40, M-45 y partes de la M-50 que transcurren por el termino municipal de Madrid van a verse afectadas por las restricciones, «ya que la redacción de la norma que especifica el área afectada es ambigua y difiere a de la de los borradores».

Según Alvarez, «En el texto de la ordenanza se indica 'Madrid Zona de Bajas Emisiones (Madrid ZBE) es la ordenación de tráfico, de carácter permanente, que se establece en el ámbito territorial constituido por la totalidad de las vías públicas urbanas del término municipal de la ciudad de Madrid', y en las memorias que acompañan al proyecto de ordenanza se indica 'Madrid ZBE es el ámbito constituido por la totalidad de las vías urbanas de titularidad municipal del término municipal de la ciudad de Madrid en el que se establecen obligaciones de acceso, circulación y estacionamiento en los términos establecidos en este artículo para proteger la salud de las personas, la salud pública y el medio ambiente urbano«. Por eso consideran que si se incluye la M-40, M-45 y partes de la M-50 los trastornos para los conductores serian muy importantes.

La Plataforma Vehículos Afectados por la Movilidad en España se ha formado en torno a un grupo de una red social que reúne a ciudadanos afectados «sobretodo pertenecientes al colectivo con menos recursos económicos que no pueden permitirse por su capacidad económica adquirir un vehículo nuevo ni, en la mayoría de los casos, de segunda mano; trabajadores autónomos que necesitan como herramienta imprescindible de trabajo utilizar sus vehículos ; asalariados que no disponen de otro medio para llegar a sus puestos de trabajo de forma económica, en un tiempo prudencial y a diferentes horas del día; propietarios de vehículos de más de 30 años; jubilados o estudiantes«.

Consideran que el criterio único para considerar un vehículo como contaminante se basa en la catalogación efectuada por la DGT, y no se tienen en cuenta otros factores como estado del vehículo, potencia, peso, tamaño, uso que se le da, horas reales de circulación y kilómetros recorridos dentro del término municipal, o mejoras efectuadas para reducir sus emisiones.

Desde su punto de vista el cálculo medioambiental debería incluir las emisiones de la cadena de producción completa, como la fabricación, uso y reciclaje de un vehículo, donde vehículos clasificados como «0 emisiones» como los eléctricos tienen un proceso de fabricación y reciclaje con un impacto severo en el medio ambiente. En este sentido hacen referencia a un estudio de la OCU en el que se concluye que «con el sistema de distintivos ambientales algunas categorías de coche con etiqueta Eco, como los nuevos microhíbridos o mild-hybrid con etiqueta ECO contaminan más que vehículos de diésel y gasolina que disponen de etiqueta C».