La Junta abre la puerta a prorrogar la concesión de Banús si la empresa amplía el puerto

El Partido Popular y Ciudadanos han presentado en el Parlamento Andaluz una proposición de ley que modifica la actual norma de los puertos de la Comunidad Autónoma y fija criterio para establecer el plazo de vigencia de las concesiones administrativas, sobre las que hasta ahora planeaba la incertidumbre debido a la superposición de normas y competencias. La modificación legislativa, según recoge el texto de la norma -que ha sido objeto de un informe de la consejera de Fomento, Marifran Carazo, presentado este jueves en el Consejo de Gobierno de la Junta- pretende acabar con la situación de incertidumbre generada en relación con las concesiones.

Ya durante la anterior legislatura, el PSOE impulsó una modificación de la ley en este sentido que contaba con el respaldo del PP y Ciudadanos, pero que no se pudo tramitar al disolverse el Parlamento por la convocatoria electoral.

Esta nueva norma, según ha asegurado a este periódico el director general de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), Rafael Merino, difiere de la anterior en su carácter social, ya que incluye a los clubes náuticos, y también en que las ampliaciones en los periodos de concesión estarán vinculadas a las inversiones que realicen los concesionarios. El parlamentario del PP Juan Bueno ha explicado que la intención de los partidos que sustentan al Gobierno andaluz es consensuar la norma con el resto de los grupos parlamentarios y también con la Administración central a través de Puertos del Estado.

Uno de los objetivos centrales de la iniciativa, según recoge el texto presentado por PP y Ciudadanos, es respetar los derechos de los concesionarios, algunos de los cuales se encuentran actualmente en precario, y garantizar la seguridad jurídica.

Según el informe presentado por la consejera de Fomento, la nueva norma aclara que actualmente existen 13 concesiones relevantes, que tienen un plazo máximo de 50 años desde la entrada en vigor de la Ley de Puertos del Estado del año 1992, fijando como límite máximo el año 2042. Se fija también la posibilidad de ampliaciones extraordinarias de 75 años, es decir, hasta 2067.

En ese sentido, el texto recuerda que con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988 ya habían sido otorgadas “grandes concesiones de carácter demanial para construcción y explotación de instalaciones portuarias, estableciendo en sus títulos plazos que iban de los 50 a los 99 años”. Al colisionar los derechos reflejados en los títulos originales y lo establecido en la Ley de Costas, la norma ahora impulsada por el Gobierno andaluz prevé la posibilidad de otorgar una prórroga para que las concesionarias puedan llegar hasta el plazo final previsto originalmente si realizan una inversión de entre el 0,25% por año de prórroga y el 5% como máximo del valor de las instalaciones objeto de la concesión.

La norma persigue en ese sentido establecer un marco “que otorgue seguridad jurídica a todas las partes implicadas” y al mismo tiempo modificar el plazo de las concesiones, un elemento que los partidos que sustentan al Gobierno andaluz consideran esencial para la gestión del sistema portuario de la Comunidad Autónoma ya que las nuevas necesidades de inversión o la competitividad de las concesiones ya otorgadas requieren periodos de amortización más largos que sobrepasan los plazos de 30 años fijados como máximos en la legislación actual.

En esa dirección, las medidas propuestas en la nueva ley apuntan a incrementar el plazo de las concesiones, al llevar el límite máximo a 50 años, y permitir prórrogas extraordinarias cuando concurran una serie de circunstancias: que se trate de puertos de interés estratégico o relevantes para el sistema portuario andaluz o para su desarrollo económico; que la concesionaria se comprometa a ejecutar actuaciones de inversión o de contribución económica relevante, o que concurran razones de interés público de orden económico, social, turístico o estratégico.

En relación con las inversiones relevantes que puedan dar lugar a que las concesionarias se acojan a esta norma, el texto propuesto indica que las mismas deben suponer una mejora en la eficacia y la competitividad de la actividad portuaria, incluyendo la ampliación de la superficie siempre que formen una unidad de explotación y que a juicio de la administración sea de interés para mejorar la productividad, la eficiencia energética o la calidad ambiental de las operaciones portuarias, o suponga la introducción de nuevas tecnologías que mejoren la competitividad. En todo caso, la inversión deberá ser superior al 20 por ciento del valor de las instalaciones ya existentes. De ejecutar su proyecto de ampliación, la concesionaria de Banús podría optar a esta ampliación extraordinaria, por lo que podría mantener la vigencia original de la concesión, hasta 2067.

Este mismo criterio del 20 por ciento sobre el valor de las instalaciones se utiliza para el caso de que las concesionarias opten a aumentar el plazo de los permisos mediante contribuciones económicas, que no tendrán carácter tributario.

También se podrán combinar ambos supuestos -inversión más contribución económica- también con el suelo mínimo entre ambos del 20 por ciento.

El informe de la consejera, tratado este martes en el Consejo de Gobierno, hace referencia a “la transcendencia social y económica” del problema, y recuerda que los puertos afectados tienen en plantilla a más de 500 empleados y gestionan más de 7.000 atraques. Indica en ese sentido que la situación de incertidumbre impide a l previsiones a corto y largo plazo en relación con sus concesiones, porque el desconocimiento del tiempo de vigencia de los mismos impide realizar nuevas inversiones y contrataciones de personal.

La consejera ha informado de que una vez conocida la proposición no de ley ha mantenido reuniones con la Administración Estatal, “alcanzando un primer acuerdo en la filosofía y alcance incluidos en el texto, así como con el sector, y buscará el máximo consenso entre las fuerzas políticas para lograr un acuerdo parlamentario que resuelva el problema”.

Según la titular de Fomento, el origen del problema reside en que las concesiones portuarias andaluzas se asientan sobre parcelas de suelo de competencia estatal y se regulan a través de normativas de costas y puertos, que han llevado a diversas interpretaciones sobre su aplicación. Señala que que tras varios informes jurídicos y reiteradas consultas a la Administración central –la última de enero de 2019–, el Estado no se ha pronunciado salvo para indicar que cada comunidad debe interpretar la legislación vigente dentro de sus competencias, y que la situación se ha resuelto en otras comunidades mediante una regulación propia, no así en Andalucía.

Según el informe presentado por Marifran Carazo al Consejo de Gobierno, la no resolución de este problema podría acarrear la pérdida de cientos de empleos directos e indirectos y la paralización económica por la pérdida de actividad”.

A ello se suma que la Consejería de Fomento, a través de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), debería asumir la gestión directa mientras se tramitan las nuevas concesiones, “para lo que no dispone de los recursos humanos y materiales suficientes”, sumado todo ello a los perjuicios económicos ante posibles reclamaciones de las concesionarias y de terceros por el uso de atraques o inmuebles con contratos en vigor.