Vivir con el cartel de 'Se busca'

El empresario afincado en Marbella Francisco Campo jamás había sospechado que sus diferencias comerciales con una antigua socia en una empresa de organización de eventos en Dubai lo fueran a poner en un listado en el que aparecen los criminales más peligrosos y buscados del mundo. Ni siquiera cuando en algunos de sus viajes habituales a Estados Unidos los agentes lo retenían en el control de pasaportes más de la cuenta sin darle explicaciones antes de dejarle pasar.

Sin embargo, todo cambió en el aeropuerto de Chicago en 2009. Campo había llegado procedente de París en un viaje que tenía a Miami como destino final. Al comprobar su pasaporte, lo mandaron a una habitación contigua, donde lo dejaron esperando cerca de tres horas. Al cabo de ese tiempo, un agente le comunicó que no le dejarían entrar en Estados Unidos aunque no le explicaron por qué. Lo enviaron de vuelta a Francia en el mismo avión en el que había llegado.

La incertidumbre del empresario sobre su situación se aclaró en el aeropuerto de París, donde no recibió buenas noticias. Allí lo esperaban agentes de la Interpol que le comunicaron que estaba buscado con código rojo, el que identifica a los delincuentes internacionales, por una solicitud de las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos (EUA), donde Campo había residido con su familia. Los mismos agentes le recomendaron que no saliera del espacio europeo.

Campo tuvo que cerrar su empresa en Estados Unidos, con la que asegura que facturaba unos 250.000 euros anuales, y se vio obligado a abandonar también su posición en la prestigiosa Wine Academy.

El origen de la reclamación estaba en una denuncia presentada en Dubai en 1999 por una antigua socia de Campo, que le atribuía un comportamiento de ‘abuso de confianza’. Pese a tratarse de una disputa de carácter civil, las autoridades de los Emiratos tramitaron ante la Interpol una orden de búsqueda bajo el cargo de ‘conversión fraudulenta’, un delito homologable al de apropiación indebida.

Esa actuación puso al empresario en el listado de criminales internacionales y su ficha policial con sus datos y fotografía apareció en las terminales de todos los aeropuertos del mundo. Campo contrató entonces a un despacho de abogados norteamericano que tras cobrarle 160.000 euros le notificó al cabo de dos años que el entuerto se había resuelto y que su nombre había sido borrado de los ficheros de la Interpol. Seis meses después, sin embargo, la ficha volvió a aparecer. El empresario tuvo noticia de ello en un aeropuerto de México, a donde había marchado con su familia de vacaciones. La buena voluntad del agente de Aduanas le permitió franquear la frontera y disfrutar del viaje, pero con la misma recomendación que años atrás le habían hecho los policías franceses: que no volviera a salir del espacio europeo hasta que el asunto se resolviera.

Campo confió entonces el caso a un despacho de Marbella, Blanco Abogados, que en diciembre de 2013 solicitó a la central de Interpol en Lyon la anulación de la Notificación Roja por considerar que se habían cometido numerosas irregularidades en su tramitación.

El pasado 5 de enero, Interpol, a través de su Oficina de Asuntos Legales, remitió un informe en el que resuelve cuatro años después, la eliminación de la ficha de sus archivos. La central policial reconoce en el escrito numerosas irregularidades en todo el proceso, entre ellas contradicciones en los hechos que se atribuían al empresario, ‘abuso de confianza’, y los que los Emiratos notificaron a Interpol, ‘malversación de fondos’ y ‘conversión fraudulenta’.

Además, la Notificación Roja se emitió para enjuiciamiento cuando en realidad Campo ya había sido condenado en ausencia a un año de cárcel. Otra de las irregularidades residía en el eventual tiempo de condena. La pena mínima para este tipo de requerimientos es de tres años y la aplicada a Campo había sido de un año.

Por otra parte, el informe de Interpol resalta el asunto por el que se reclamaba al empresario era de naturaleza civil, que los EAU no habían facilitado información sobre las acciones tomadas para pedir la extradición de Campo y que su dirección, documentación, correos electrónicos y otros datos para poder localizarlo eran suficientemente conocidas por los autoridades del estado del Golfo. «La Comisión considera que estos elementos plantean dudas sobre la disposición de las autoridades de EAU con respecto a sus obligaciones según la ley aplicable y a solicitar la extradición o entrega del solicitante», señala el escrito. También se subraya que los Emiratos tampoco han informado a Interpol de por qué se denegaron las peticiones formuladas en 2013 por la defensa de Campo para que se considerara la prescripción y extinción de la pena.

Ahora, la defensa del empresario se plantea presentar una demanda contra los Emiratos por los 18 años que ha durado el caso, la pérdida de ingresos, los gastos incurridos en abogados, la imposibilidad de viajar, el daño a su reputación y el daño psicológico.