Doce años después de la operación 'Malaya' sólo quedan cuatro condenados en la cárcel

La mayoría de los que ingresaron en un centro penitenciario ya están en tercer grado o en libertad condicional, excepto la exalcaldesa, Marisol Yagüe; el empresario, Andrés Liétor (que estuvo un tiempo fugado) y los exediles Rafael González y Javier Lendínez, éste último fugado durante cinco años y que tuvo que ser juzgado posteriormente.

El cerebro del caso Malaya y exasesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella, el cartagenero Juan Antonio Roca, actualmente, compatibiliza su trabajo en una asesoría de la provincia de Málaga con su labor de voluntariado desde que le fue concedido el tercer grado.

Además el tribunal que juzgó el caso y que ideó un portal (http:ventadebienesmalaya-roca.com) para ofrecer los bienes de Juan Antonio Roca ya ha vendido muebles e inmuebles vinculados al exasesor o sus sociedades por unos 30 millones de euros, según han asegurado fuentes judiciales.

La página web ya ha tenido 2,9 millones de visitas y el dinero está sirviendo para pagar las responsabilidades civiles de Roca en el caso 'Malaya' y otros procedimientos judiciales. Ya han vendido hoteles, locales comerciales, atraques y numerosas armas (rifles, escopetas y revólveres), además de relojes y obras de arte.

Las primeras detenciones se produjeron el 29 de marzo de 2006, y se bloquearon más de mil cuentas, además de la intervención de unos bienes cifrados inicialmente en 2.400 millones de euros, entre los que figuran obras de arte, fincas y ganaderías.

Aunque las primeras detenciones se produjeron el 29 de marzo de 2006, el inicio de la investigación se remonta a noviembre de 2005 con el estudio por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía del patrimonio de Roca.

En la primera fase de la operación fueron detenidos e ingresados en prisión, entre otros, Roca, la que fuera alcaldesa de la localidad, Marisol Yagüe, y la entonces primera teniente alcalde, Isabel García Marcos.

El número de detenidos se elevó a cerca de un centenar de personas, entre políticos, empresarios y abogados, en las sucesivas fases de la operación policial.

El juicio comenzó el 27 de septiembre de 2010 en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga con un total de 95 procesados por los delitos de blanqueo, malversación de fondos públicos, cohecho y prevaricación, entre otros.

Tras veintidós meses de vista oral el juicio terminó después de celebrarse 199 sesiones, en 2013 el Tribunal dictó sentencia y tras los correspondientes recursos en 2015 el Supremo dictó fallo.

En enero de 2016, el tribunal que juzgó el caso comenzó a ejecutar la sentencia y ordenó entonces el ingreso en prisión de 28 acusados condenados a más de dos años de cárcel, y comenzó a tramitar la suspensión de la pena de prisión para otros 18 condenados si reparaban el daño causado y pagaban las multas que le habían sido impuestas.