Los funcionarios de Hacienda que investigaron 'Malaya' rastrearán el patrimonio de los condenados

La decisión responde a una petición realizada el pasado 2 de octubre por el fiscal Anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, que solicitó que se recuperara a los funcionarios, tanto policiales como de Hacienda, que investigaron originalmente el caso para que realicen el trabajo de rastrear el patrimonio de los condenados y consigan de esa manera el cobro de las multas fijadas en la sentencia, que ascienden a más de 500 millones de euros.

En su escrito, López Caballero solicitaba «la designación de los funcionarios oportunos» de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y de la brigada de Blanqueo de Capitales de la Comisaría Provincial y señalaba que estos podrían ser «algunos de los que ya intervinieron en la investigación de los hechos del presente procedimiento».

El tribunal ha accedido parcialmente la sugerencia del fiscal, ya que en su resolución, firmada el pasado lunes y a la que ha tenido acceso este periódico, acuerda que se encomiende la búsqueda y localización de los activos patrimoniales de los condenados a los dos funcionarios de Hacienda que formaron parte del equipo de investigación, pero no hace referencia expresa a los policías que la dirigieron, quienes en 2007 pidieron apartarse de la investigación por diferencias con sus superiores. En relación al apartado policial, el tribunal se limita a que se oficie a la Comisaría Provincial de Málaga al grupo de Localización de Activos para que asigne dos funcionarios a la misma tarea, mientras que sí designa e identifica por su número a los dos trabajadores de Hacienda «por razones de su conocimiento previo en el procedimiento».

La tarea de los cuatro designados, los dos policías y los dos funcionarios de Hacienda, será buscar y localizar los activos patrimoniales de los distintos condenados en la causa con el fin de cobrar las millonarias multas que están obligados a satisfacer.

Información insuficiente

Los jueces reconocen que ha resultado insuficiente la información obtenida hasta ahora a través del Punto Neutro Judicial a la hora de verificar la verdadera capacidad patrimonial de los penados «sobre todo si los bienes y fondos se hallan bajo la cobertura de personas físicas o jurídicas con las que se oculta su real titularidad».

La Delegación de la Agencia Tributaria deberá informar periódicamente al Tribunal sobre los resultados que se vayan obteniendo de las investigaciones.

Debido a que gran parte del patrimonio de Juan Antonio Roca, el principal condenado, fue localizado durante la investigación, la investigación se centrará en otros condenados sobre quienes pesa la obligación de pagar multas millonarias. Destaca entre ellos el abogado Manuel Sánchez Zubizarreta, organizador de la red de blanqueo de Roca, y el contable Salvador Gardoqui, a quienes se les impusieron 100 millones de euros a cada uno, así como una de las principales testaferros del jefe de la trama, Montserrat Corulla, que debe pagar una multa de 30 millones de euros.

Entre quienes adeudan las cantidades más importantes figuran asimismo Juan Germán Hoffman, socio de Roca y actualmente prófugo de la justicia (17.300.000 euros), el también testaferro Óscar Benavente (8,6 millones), el exteniente de alcalde del Ayuntamiento de Marbella Pedro Román (6,7 millones) y el propietario de la inmobiliaria Aifos, Jesús Ruiz Casado (2,2 millones).