Una exasesora jurídica marbellí dice que Roca no intervino en un convenio por el que se le acusa

La Sección Primera de la Audiencia de Málaga ha acogido este miércoles la segunda sesión del juicio en el que están acusados Roca y el exalcalde marbellí Julián Muñoz, para los que la Fiscalía Anticorrupción en Málaga solicita 10 años de prisión para cada uno por presuntas irregularidades urbanísticas a raíz de dicho convenio; así como un empresario. La vista continuará los días 28 y 29 de noviembre con más testigos y peritos.

Así, María Castañón, que fuera colaboradora de Roca en Planeamiento 2000, ha declarado como testigo y ha asegurado que este convenio en concreto no pasó por la negociación ni la gestión de Roca, sino que el empresario lo había hablado todo "exclusivamente con Jesús Gil, incluso el señor Roca se sintió a lo mejor un poco ninguneado"; de hecho, no lo recibió ni se entrevistó con él y decía "que se vaya a ver al alcalde que es con el que ha negociado".

"Roca no intervino en ninguno de sus aspectos", ha apostillado, al tiempo que ha dicho recordar esto por la "excepcionalidad" de estas circunstancias.

En el mismo sentido, el funcionario de Urbanismo ha señalado que el promotor manifestó que este asunto "lo iba a llevar directamente Jesús Gil". Además, investigadores de la Policía Nacional que han realizado informes sobre el convenio en esta causa y también en otros procedimientos han admitido que había una diferencia en este documento, ya que estaba en papel timbrado y no tenía anotaciones de Roca, que solía hacer en otros casos.

Respecto a Muñoz, la que fuera abogada de Planeamiento 2000 ha señalado que desde el momento que fue alcalde, en 2002, y no mientras era teniente de alcalde o alcalde accidental, "presumo que tendría conocimiento de lo que firmaba", aunque ha precisado que antes de ese momento "firmaba lo que le decía Gil". "Que leía o no, no le puedo decir", ha apuntado Castañón.

En sus conclusiones provisionales, el fiscal sostiene que desde la llegada al poder del Grupo Independiente Liberal (GIL), los responsables municipales elegidos, con Jesús Gil al frente, "que casi inmediatamente dejó de firmar cualquier documento para no comprometerse en las ilegalidades que sabía se sucederían", gestionaron el patrimonio público "en su propio beneficio".

Así, en el escrito inicial, al que tuvo acceso Europa Press, se precisa que Muñoz, como regidor accidental, fue "persona de confianza durante algunos años para firmar decretos, convenios y escrituras en nombre del alcalde y del Ayuntamiento"; mientras que Roca era el "verdadero gestor de hecho en materia urbanística, desde un aparente segundo plano y con una contratación laboral".

Todos los implicados "creían tener coartada"

A nivel general, el fiscal señala que todos los implicados "creían tener coartada": el alcalde, "porque no firmaba nada"; el regidor accidental "que no sabía lo que firmaba o confiaba en la legalidad"; el gerente, "que no tenía cargo público"; y los ediles, "porque no entienden de urbanismo". "Y todos confiados en la impunidad que creían que les aseguraba la mayoría absoluta de los votos ciudadanos", dice.

En esta causa también se acusa a un empresario, como responsable de la sociedad, a quien, como a otros, esos pagos para poder trabajar con los ayuntamientos, "el de Marbella y probablemente de la mayoría de municipios", les seguían "siendo muy rentables dado los altos porcentajes y márgenes de beneficio en la construcción a partir de los incrementos de los aprovechamientos", señala el ministerio público.

Los terrenos donde está el edificio están en Huerta de Las Merinas. La acusación analiza los dos convenios; el primero no llegó a ejecutarse y el segundo recogía un incremento de la edificabilidad, lo que creaba un exceso de aprovechamientos que tasados, estima "los perjuicios causados a las arcas municipales en 4,7 millones de euros".

"La ejecución del convenio mediante la construcción del edificio proyectado no se ajustaba en absoluto a las previsiones del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de 1986", dice la Fiscalía, apuntando que son 82 los inmuebles que componen el edificio, de los que 74 son viviendas que se vendieron y se habitaron, "pese a estar pendiente de concesión la licencia de primera ocupación".

Se señala que Roca "negociaba personalmente o bajo su dirección todos los convenios" e "imponía en la Corporación los que habían de ser aprobados, con la connivencia de Julián Muñoz". Además, apunta que "no se realizó subasta alguna, adjudicándose directamente los aprovechamientos a la entidad, incumpliendo la legislación local", añadiendo que los convenios se basaban en la revisión del plan no aprobado.

Por estos hechos, se acusa inicialmente a Roca como inductor por los delitos de prevaricación administrativa, fraude en concurso con malversación y contra la ordenación del territorio; mientras que Muñoz responde de los mismos pero en concepto de autor. Al empresario se le acusa por un delito de fraude en concurso con malversación y por delito urbanístico.

Además de la pena de prisión e inhabilitación por 40 años, se pide que los acusados y la sociedad que firmó los convenios indemnicen al Ayuntamiento de Marbella en la cantidad de 4,7 millones de euros.