¿Es el PGOU de Marbella una falsificación?

El caso tiene una cierta complejidad porque afecta al mismo tiempo a dos asuntos: por un lado, el fallido proceso de alteración de las lindes entre Marbella y Benahavís, archivado por la Junta de Andalucía el año pasado; por el otro, el pleno de julio de 2009 donde se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana de 2010, que posteriormente sería anulado por el Tribunal Supremo por una causa ajena a este caso.

El fiscal, en un decreto que firmó el pasado 1 de agosto pero que se conoció en estos días, dio cuenta de una investigación desarrollada durante 11 meses tras una denuncia presentada por el colectivo ciudadano contrario al acuerdo de deslinde con Benahavís por un presunto delito de falsificación del PGOU. Concretamente, el Movimiento ciudadano Ni un metro de Marbella para otra población, encabezado por la arquitecta Carola Herrera y la abogada Cristina Falkenberg, señalaba una alteración del documento realizada el 28 de julio de 2009 a las 14:45, el día posterior a la comisión de Urbanismo en la que se entregó toda la documentación a los concejales y en la víspera del pleno extraordinario que se celebraría el miércoles 29 de julio para la aprobación provisional del PGOU y su remisión a la Junta de Andalucía para su aprobación definitiva. En total se señalaban diferencias en 22 planos.

La denuncia destacaba también que entre las diferencias entre ambos documentos cartográficos la versión presentada por el equipo redactor el 12 de junio de 2009 por registro de entrada del Ayuntamiento y la que finalmente aprobó el pleno municipal el 29 de julio y que fue modificada el día anterior sobresalían dos: las lindes entre Marbella y Benahavís y la relativa a los planes de ordenación 11-2 y 11-3, por la que una zona que estaba destinada a servicios terciarios (comercial) pasaba a ser dotacional.

Intereses personales

Los denunciantes aseguraban, según recoge el fiscal en el decreto, que el cambio producido en las lindes beneficiaba a Ángeles Muñoz y su familia, ya que se da la circunstancia de que la exalcaldesa tiene su vivienda en la zona que cambia de término municipal según se aplicara uno u otro mapa, y que su familia es propietaria de otras dos parcelas también en el mismo sector.

En su escrito, el fiscal no evalúa la validez del proceso de alteración de las lindes por el que Muñoz fue denunciada en 2009 por el entonces edil por el PSOE Javier de Luis en una causa que fue archivada primero por un juzgado de Marbella y posteriormente por la Audiencia Provincial de Málaga sino el propio proceso por el que se aprobó el Plan General. El caso, en suma, consiste en determinar si hubo falsedad documental en el sentido de si en el momento del pleno los concejales creían estar votando por la aprobación de un documento que en realidad había sido modificado sin su conocimiento.

El fiscal inició su investigación con un requerimiento al Ayuntamiento para que informara sobre si realmente existían diferencias entre ambos documentos y, en caso de que así fuera, éstas pudieran tener justificación en base a un informe del equipo redactor presentado el mismo día de la celebración del pleno, tras una reunión celebrada en la víspera en la Dirección General de Urbanismo de la Junta, que constaba en los folios 63 a 72 del acta de esa sesión.

Ocho meses después de recibir ese requerimiento, el Ayuntamiento de Marbella remitió el informe en el que efectivamente se constataban las diferencias en 22 planos e informaba de que los mismos no tenían justificación en el informe del equipo redactor presentado el mismo día del pleno. Según el funcionario que firmó esta comunicación remitida al fiscal, el citado informe se limitaba a identificar las áreas en las que se debían cancelar licencias como consecuencia de la entrada en vigor del nuevo PGOU.

Con esta información, el fiscal requirió al Ayuntamiento que le remitiera el acta de la reunión celebrada en Sevilla el día antes de la celebración del pleno, a lo que se le respondió que en el Consistorio no había constancia de esa reunión, en la que no habían participado miembros del Ayuntamiento, y que en todo caso debía dirigirse a la Junta. En el decreto por el que se deduce la denuncia no consta que el fiscal requiriera a la administración autonómica sobre el acta de la reunión.

No obstante, el Ayuntamiento sí informó al fiscal de que hay constancia de la entrada por registro municipal en el mismo día del pleno de una nueva relación de documentos para que sustituyeran a los anteriores y que reflejaban modificaciones según lo acordado en la reunión celebrada el día previo en Sevilla. En esa información, en poder del fiscal, se refleja la relación de documentos modificados, presentados en el Ayuntamiento por el equipo redactor del Plan. En concreto, se trata de los 22 planos señalados en su escrito por la plataforma denunciante, lo que apuntaría a que la documentación fue modificada por el propio equipo redactor el día antes de la celebración del pleno. Sin embargo, el fiscal no acusa al equipo redactor, por lo que la posible falsedad que aprecia no se habría producido en los planos, sino en el acta del pleno. Ello explicaría que la denuncia se dirija tabién contra el vicesecretario municipal.

Acta

En ese sentido, lo que restaría por conocer es si los concejales fueron debidamente informados, ya que el fiscal toma la decisión de denunciar tanto a la exalcaldesa como al vicesecretario del Ayuntamiento una vez cotejados un vídeo de la grabación del pleno con el acta de la sesión. La incógnita radica en si, tal y como, según sostiene el fiscal en su decreto, se asegura en la denuncia, «el acta incluye una serie de cosas que nadie dijo jamás».