Pantoja pide el tercer grado por «salud física y laboral»

El abogado de la tonadillera, Carlos Esteban Romero, ha esgrimido en su recurso el deterioro para la salud de Pantoja que ha supuesto su estancia en la cárcel, situación que se habría agravado esta semana con su ingreso hospitalario el mismo día que debía regresar a prisión tras su segundo permiso. El juez tiene ahora en sus manos los informes médicos del centro sanitario y también el de la forense que la visitó en el hospital y supervisó su estado.

Calendario de pagos

El recurso contiene un argumento novedoso. Para conseguir la «progresión en grado», la defensa de la cantante ha planteado al juez el riesgo que tiene continuar en la cárcel para su «salud laboral». Traducido al castellano, significa que la voz es para Pantoja su herramienta de trabajo, lleva viviendo de ella 30 años, y su letrado considera que una celda no es el lugar más adecuado para cuidarla. Allí, según este razonamiento del recurso, no puede seguir su rutina de ejercicios ni entrenarla con un profesor de canto, por lo que, de resultar afectadas sus cuerdas vocales, le acarrearía un «gravísimo perjuicio» en su profesión. El símil más claro, según explican fuentes judiciales, sería el de un jugador de fútbol, que requiere de un entrenador para que no suponga una merma en sus cualidades físicas, técnicas y tácticas.

La salud laboral entronca con otro de los argumentos del recurso. La defensa arguye que, para pagar lo que le resta de multa, Isabel Pantoja necesita volver a trabajar. La tonadillera ha abonado ya la cantidad de 547.148 euros del total de 1.147.148 euros a los que fue condenada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, que le impuso una pena de dos años de cárcel. El tribunal sentenciador autorizó un calendario de pagos trimestrales a razón de cinco cuotas de 200.000 euros (el pico de 147.148 euros lo abonó antes de entrar en prisión, cuando solicitó la suspensión de la pena).

La última cuota, que vencía el 30 de junio, la saldó con «muchas dificultades», destaca el abogado de la cantante, incluso unos días fuera de plazo, ya que dependía de ingresos de terceros frente a los que era acreedora. La defensa de Pantoja entregó a la Sección Segunda un escrito en el que detallaba el origen de cada euro. Los 10.000 primeros procedían del alquiler para pastos durante el verano de su finca gaditana de Cantora, consiguió 128.000 de una señal de venta de una propiedad en Sevilla y, los 62.000 restantes, los aportó de la deuda (reconocida por un juzgado) que un empresario ganadero tenía contraída con ella por el arrendamiento de una parte de Cantora.

El recurso para la concesión del tercer grado también apela a que Pantoja cumple una «condena menor» (tienen esta consideración las inferiores a cinco años, y la suya es de 24 meses), es un personaje conocido con obligaciones familiares y, por tanto, se subraya que no hay riesgo de fuga, y en la imposibilidad de la reiteración delictiva. En su historial penitenciario tampoco figuran puntos negativos y, según la defensa, la cantante se reintegró con normalidad tras disfrutar de su primer permiso.

Aparte de los motivos individuales, la defensa alude a dos principios generales para la obtención del tercer grado. Además de haber cumplido ya un tercio de la condena, la cantante ha «asumido el delito» y ha mostrado «arrepentimiento». Curiosamente, no lo hizo durante el juicio, ni siquiera cuando solicitó la suspensión de la pena de dos años de prisión, argumento que la Fiscalía utilizó para oponerse a la remisión condicional e instar al tribunal a que ejecutara la condena. Pantoja se ha arrepentido en la cárcel, o al menos es allí donde lo ha admitido. «No se le puede exigir a alguien el arrepentimiento cuando se sienta en el banquillo, porque goza de la presunción de inocencia», explica Carlos Esteban Romero. «Sin embargo prosigue cuando la condena ya es firme, sí se entra en esa fase de asunción del delito. Y no es una opinión subjetiva; ese arrepentimiento está contrastado por los servicios técnicos y psicológicos de la prisión».

El abogado de la cantante expone en su recurso que, una vez reconocida la mayor, la progresión en grado es un paso necesario para la «reinserción» de la reclusa, toda vez que ya ha pasado ocho meses entre rejas los cumplió el pasado 21 de julio, lo que supone una tercera parte de la condena, uno de los requisitos que se tienen en cuenta para poder concederlo. La defensa propone, como primera opción, purgar lo que le resta de pena en libertad condicional, aunque con comparecencias periódicas los días que establezca el juzgado. Como medida subsidiaria, se propone el control telemático de la interna.

El arrepentimiento fue también uno de los motivos que la junta de tratamiento del centro penitenciario de Alcalá de Guadaíra, el fiscal y la jueza valoraron para concederle, el pasado junio, su primer permiso, que fue cuatro días. Sin embargo, no le ha servido de momento para conseguir el tercer grado, que le fue denegado en una reñida votación (tres a favor y tres en contra) de la junta de la prisión, que acabó desempatando el voto de calidad de la directora. El recurso también cuestiona ese aspecto, ya que considera que los votos negativos no fueron debidamente motivados. Ahora, todos estos argumentos vuelven a estar sobre la mesa de la titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 2 de Sevilla. Ella tiene la última palabra.