Veterinarios y dueños de mascotas recorren el Centro de Málaga en protesta contra la ley del medicamento

En Málaga, la marcha ha partido con algo de retraso sobre la hora prevista (10.30) desde la céntrica Plaza de la Constitución. «Veterinarios y familias, unidos por el bienestar animal y la salud pública», se podía leer en otra pancarta. «Veterinarios atados y amordazados igual a animales condenados», en otra.

De este modo, el Comité de Crisis Veterinario, asociación que agrupa a los profesionales del sector en España, ha coordinado este fin de semana la organización de unas 40 manifestaciones por todo el país contra el Real Decreto 666/2023, la conocida como Ley del Medicamento veterinario. Los veterinarios, que animan a los tutores de animales a que se sumen a la protesta, piden un marco normativo más justo y coherente, que les permita ejercer su labor de acuerdo a la evidencia científica y el criterio profesional.

En especial, critican que el Real Decreto les impida, según su opinión, suministrar directamente en sus clínicas los tratamientos necesarios a los animales bajo su cuidado. Además, denuncian que la regulación les impone un sistema burocrático desproporcionado, que exige «detalles técnicos absurdos -como el número de gotas administradas o el porcentaje usado de una crema- bajo amenaza de sanciones que pueden alcanzar 1,2 millones de euros».

Todo ello, además, se basa en lo que aseguran son fichas de medicamentos desactualizadas y protocolos obsoletos. Y redunda también en una tardanza en lograr la medicación adecuada para la mascota. Incluso sabiendo que un compuesto cura una patología, si no se recoge en el prospecto no se puede emplear como primera elección.

En suma: denuncian las dificultades para ejercer su profesión debido a problemas que pueden variar entre la burocracia, los impuestos, el suministro de medicamentos... El gremio tiene, en este sentido, reivindicaciones repartidas para la Junta de Andalucía y el Gobierno central. Promueven, en suma, un profundo proceso de reformas.

Ven clave eliminar la limitación de suministro de los botiquines veterinarios, de modo que los animales de los andaluces puedan recibir los tratamientos que necesiten sin demora.

Por su parte, le demandan al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que reforme de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, con el fin de que se permita que los clientes de los Centros Sanitarios Veterinarios y de clínica ambulante puedan recibir en el momento los medicamentos que precisen para completar los tratamientos de sus animales. Eso lograría evitar retrasos, prevendría las automedicaciones y fomentaría que se luchara más eficazmente contra las resistencias a los antibióticos. También exigen la derogación de la obligación de la comunicación de la prescripción y el uso de antibióticos en los animales de compañía y en los équidos no aptos para el consumo humano, ya que esta información se viene recogiendo por el proyecto ESUAVet (European Sales and Use of Antimicrobials for Veterinary Medicine) desde el 2023. Menos cargas administrativas, en definitiva.

La cuestión ha generado coleo político. Mientras que PSOE y ERC han anunciado reuniones con este personal sanitario, el PP ha emitido un comunicado duro contra el Gobierno, al que acusa de impulsar un decreto sin el debido consenso. La vicesecretaria de Sociedad del Bienestar, Inclusión Social, Igualdad y Familias del PP de Málaga y senadora, Lucía Yeves, se ha unido a la marcha de este sábado en la capital costasoleña. Junto a ella, las diputadas nacionales María del Mar Vázquez y Gema Pérez, la parlamentaria andaluza María José Escarcena, y el presidente del Foro de Sanidad de la formación malagueña, Enrique Moya. «El decreto ha puesto en pie de guerra a los veterinarios porque hace prácticamente imposible cumplir la normativa sin sacrificar la calidad del servicio sanitario que se le presta a las mascotas», ha criticado.

La dirigente popular ha recordado que la formación ha presentado iniciativas en el Congreso, el Senado, el Parlamento andaluz y también en los ayuntamientos para mostrar su apoyo al colectivo y ha alertado del incremento desproporcionado de la burocracia para la administración de tratamientos, así como del aumento de la presión administrativa. «Se prevén unas sanciones que son absolutamente inasumibles», ha incidido.