Una plataforma ciudadana de Málaga pide a la ministra de Vivienda que los alquileres no superen el 30% del salario mediano
Málaga Ha Vesos demanda al Gobierno central que tome la iniciativa porque no confía en que la Junta y el Ayuntamiento den respuesta a «esta situación de emergencia habitacional»
La plataforma de Asociaciones y Movimientos Sociales Málaga Habitable, Verde y Sostenible (Málaga Ha Vesos) mantiene este viernes una reunión con la ministra de Vivienda, ... Isabel Rodríguez, para discutir sobre el problema habitacional existente en todo el país y sobre el que hay una preocupación y malestar crecientes, tal y como han puesto de relieve las manifestaciones populares que se han producido en Canarias, Palma de Mallorca o el pasado 29 de junio en Málaga. Son esas protestas las que Málaga Ha Vesos esgrime en su reunión con la ministra y «evidenciar» que «existe un problema mayúsculo en torno a la vivienda para sectores crecientes de la población». Así, la organización pide la «adopción de medidas extraordinarias ante esta situación de emergencia habitacional» y si bien considera que «la colaboración entre administraciones es necesaria y deseable para que se consiga poner fin a esta vulneración del derecho a disfrutar de una vivienda adeucada», valoran que «el proyecto del PP consagra el modelo actual de ultraliberalismo» y temen que «el PP andaluz y el malagueño no van a tomar la iniciativa a la hora de resolver el problema», por lo que instan al gobierno central a que lo haga él.
Entre las medidas concretas que demanda la plataforma ciudadana se encuentra la limitación de las subidas de los alquileres de tal manera que éstos no superen el 30% del salario mediano en cada provincia. Málaga Ha Vesos insta a que se adopte esta medida «ya» con un decreto urgente para las personas más débiles en régimen de alquiler, que son las que se ven obligadas a alquilar habitaciones sueltas. Éstas son, dice el escrito preparado por la organización vecinal, «personas abandonadas por cualquier clase de legislación en los últimos años (ni siquiera les afecta la ley de Arrendamientos Urbanos)».
La plataforma también pide promover un parque de vivienda público estatal destinado al alquiler social que sea permanente y no enajenable que se constituya con viviendas vacías e infrautilizadas que estén en manos de la SAREB o «en manos de propietarios que las mantengan vacías». Asimismo, piden un «impuesto extraordinario u otra política impositiva a las viviendas vacías e infrautilizadas que haga muy gravoso su mantenimiento en esta situación». El objetivo, defiende el colectivo, es la creación de una bolsa pública de alquiler en todo el país, que estaría compuesta por todas las viviendas sociales pertenecientes directa o indirectamente a las administraciones públicas a las que se incorporarán «el máximo de viviendas en alquiler de renta libre» para lo que el Estado podría aplicar, en virtud de su propuesta, desgravaciones fiscales a los pisos que se alquiler a precios inferiores a los de mercado.
Al tiempo que esta bolsa de pisos la propuesta incluye también la creación de una bolsa de demandantes en cada provincia para tener preferencia para el acceso a la vivienda en función de una baremación basada en motivos económicos y sociales.
Moratoria inmediata de pisos turísticos
Por último, entre las iniciativas que la organización vecinal malagueña traslada a la ministra también se incluye una «moratoria inmediata de pisos turísticos en todo el Estado» y la «prohibición de los pisos turísticos antes de un año en las zonas tensionadas habitacionalmente hasta que desaparezca el problema».
«Entendemos que la manifestación del 29 de junio también fue un clamor popular reivindicando otro modelo de ciudad en Málaga, cada vez más alejado de la inmensa mayoría de población con menos renta. Es por ello que enviaremos al Ayuntamiento de nuestra ciudad y a la Junta de Andalucía nuestras demandas al respecto», informan además desde Málaga Ha Vesos.
De esta forma, entre las reivindicaciones que se trasladan a las administraciones local y autonómica se encuentran la reserva del 95% del nuevo trabajo en el Parque Tecnológico para jóvenes censados en Andalucía, que toda la obra nueva pase a ser de alquiler social a precios que no superen el 30% del salario mediano, así como un plan especial de reconstrucción y arreglo de las barriadas obreras, la anulación de la subida del agua, una tasa turística de 10 euros para invertir en los barrios o multas en el IBI del 500% a los pisos turísticos ilegales.
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