El aborto, la asignatura pendiente de la sanidad pública

De los 99.149 abortos que hubo en España en 2019, 84.951 fueron en clínicas privadas y 14.198 en hospitales públicos. En Andalucía las cifras son más abrumadoras: 19.066 fueron en la privada y solamente 16 en centros del SAS. Sin embargo, la mayoría (17.046) se informaron en la sanidad pública. La misma situación que en Málaga, donde 3.607 acudieron a su centro de salud de referencia. 4.001 de las IVE practicadas en Málaga se acogieron a la ley de plazos por decisión de la mujer, 77 fueron por riesgo para la vida o salud de la embarazada, 110 por graves anomalías en el feto y 5 por enfermedades incompatibles con la vida.

El cambio de una ley de supuestos a una ley de plazos del aborto en 2010 supuso un antes y un después en las IVE, que pasaron a hacerse a través de un trámite administrativo: un trabajador del centro de salud, no necesariamente el facultativo, deriva a las mujeres mediante un formulario oficial sellado. En ese impreso figuran solamente las iniciales de la mujer, aunque sus datos sí aparecerán en su historia clínica, que es confidencial.

Antes de 2010 las mujeres que querían abortar tenían que ser derivadas por su médico del SAS para una valoración que determinara si encajaban en uno de los tres supuestos en los que la interrupción del embarazo estaba despenalizado: peligro para la vida o la salud de la embarazada, que el feto presentara graves taras físicas o psíquicas al nacer o que el embarazo fuera consecuencia de una violación. En la ley del 85 quien determinaba si la solicitud encajaba en uno de los supuestos para la despenalización era el facultativo que hacía la interrupción del embarazo, aunque en la práctica se producían trabas y demoras en la derivación que dilataban el aborto y algunas mujeres optaban por acudir a un centro privado, a veces para evitar retrasos, aunque su caso encajara en uno de los supuestos, y otras porque en los centros privados se interpretaba de manera amplia el 'peligro para la salud de la madre' para que no tuvieran que seguir adelante con un embarazo no deseado.

María Jesús Alonso Llamazares, vicepresidenta de la Sociedad Andaluza de Contracepción, explica que la situación ha cambiado mucho: «Antes había médicos que se negaban a hacer un volante de derivación, pero luego eso no se traducía en sanciones o hacían ir a la mujer varias veces para retrasarlo. Incluso había algunas que, a pesar de la protección de datos, recibían llamadas no deseadas de Red Madre para que reflexionaran su decisión. Eso ya no pasa. Claro que no siempre ocurría así, también he tenido compañeros objetores que eran muy responsables y las remitían a otro colega». Con la ley actual, y al tener Málaga tres clínicas concertadas y una completamente privada, hay menos trabas, incluso vienen también de otras provincias.

Durante la pandemia y el confinamiento hubo mujeres que dejaron de utilizar anticonceptivos o no renovaron métodos de larga duración que estaban empleando, por lo que en la Sociedad Andaluza de Contracepción pensaban que podía producirse un incremento de abortos. Aunque no hay datos oficiales aún, por las cifras que manejan no ha sido así, probablemente porque las posibilidades de un embarazo no deseado también se han reducido con las restricciones de movilidad.

Eva Rodríguez, vicepresidenta de la Asociación de Clínicas Autorizadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), explica que el perfil de las mujeres que abortan es realmente el perfil de las mujeres. «Cada vez hay más familiarizadas con el protocolo, que van directamente al centro de salud para ser derivadas, pero cuando acuden a nuestras clínicas les explicamos que pueden hacerlo a través del SAS. Algunas, sobre todo si vienen de algún pueblo pequeño, son más reacias a pasar por el consultorio por miedo a que las conozcan».

En general, los hospitales públicos andaluces están poco familiarizados con los abortos. «En la práctica -explica Rodríguez- que se hagan o no en el SAS depende sobre todo de la cultura del hospital y del jefe del servicio: si es alguien proclive es más fácil que se realicen». La mayoría de los centros concertados realizan abortos hasta la semana 14, aunque en Andalucía también hay algunos que hacen abortos terapéuticos hasta la 22, Triana y Ginesur en Sevilla, Poliplaning en el puerto de Santa María y Clínica El Sur en Málaga.

«Llevo desde el 85 haciendo abortos. La mayoría de la gente que nos dedicamos a esto lo hacemos por compromiso, aunque el estigma sigue existiendo. Hay compañeros cuya familia no sabe dónde trabajan». ACAI ha reivindicado que se hicieran progresivamente en la pública, que se formara a profesionales y se crearan unidades específicas. Una de las dificultades de algunos centros estatales es que se hacen farmacológicos (un procedimiento autorizado hasta la semana 9) y muchas mujeres no quieren hacerlo en su casa por ese sistema, con la incertidumbre de no saber cuándo acaba el proceso y si finalmente necesitarán un legrado, prefieren que se haga un procedimiento instrumental en un hospital, porque el otro es una especie de aborto en diferido.

Desde el feminismo y las asociaciones de mujeres de Málaga también reivindican que los abortos se hagan en centros públicos, pero reconocen el papel de las clínicas privadas en los últimos 35 años y han acudido en su ayuda cuando los grupos provida se han manifestado en la puerta. «En los tiempos duros han estado ahí para garantizar que las mujeres que no querían seguir adelante con su embarazo pudieran abortar de forma segura», afirma Andrea Barbotta, presidenta de la Asociación de Mujeres Feministas Tomando Partido.

El número de abortos en España estuvo creciendo en torno a un 1% anual desde 1988, fecha en la que el Ministerio empezó a dar información, hasta 2011 o 2012, cuando se llegó a 118.690 abortos, la cifra más alta de la última década. A partir de entonces ya empezó a tener impacto la dispensación de la píldora del día después, que empezó a comercializarse en España en 2009 (la de tres días) y en 2015 una nueva pastilla (que cubre cinco días), un anticonceptivo de emergencia que es más efectivo si se toma en las primeras 24 horas después de la relación sexual. Desde 2010 cualquier mujer mayor de 18 años (las menores de edad necesitan consentimiento de sus padres) puede abortar libremente en España dentro de las primeras 14 semanas de gestación y en determinados supuestos de salud durante el resto del embarazo.

Ya bajo el amparo de la nueva ley, en 2011 y 2012 se registraron descensos de unos 5.000 abortos anuales hasta llegar a los 93.131 de 2016, el número más bajo de los últimos 10 años. En 2019 creció ligeramente, 99.149, aunque se mantiene por debajo de los 100.000.

En Andalucía hay 15 centros privados que realizaron abortos y solamente uno público. Esta es una de las anomalías de la ley de salud reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo de 2010. La única provincia andaluza en la que no hay clínicas privadas en las que realicen abortos es Jaén. En Málaga hay cuatro centros que practican IVE: Ginecenter, Clínica Sevilla, Atocha ginecológica y Centro sanitario Sáenz de Santamaría (la única completamente privada)

Durante estos años también se han mantenido estables los motivos: Casi el 91% son a petición de la mujer, el 5 o 6% por grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada y aproximadamente otro 3% por riesgo de graves anomalías en el feto o enfermedades.