Los juzgados de Málaga abren por primera vez en agosto aunque sin juicios ni pruebas presenciales
El decano del Colegio de Abogados tilda la medida de «efectista» y la considera «un atentado contra el derecho a las vacaciones»
El epicentro del verano paraliza cada año la actividad legal en la provincial. Los juzgados cierran sus puertas por descanso del personal, y tan ... solo se tramitan los servicios de guardia y casos urgentes, convirtiendo la Ciudad de la Justicia en un páramo desierto. Pero este año el panorama es diferente: los plazos procesales se han puesto esta semana en marcha, en el que se considera el primer mes de agosto hábil en el poder judicial de la historia.
El 29 de abril se publicó en el Boletín Oficial del Estado el real decreto en el que se recogían las medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, un conjunto de medidas de seguridad y buenos hábitos para desatascar los juzgados tras tres meses de inaudito parón. Entre ese conjunto de actuaciones se decretaba que desde el día 11 hasta el 31 de agosto se considerarán hábiles a efectos procesales.
La jornada de ayer, segunda de este agosto hábil (en la que se asentó el trabajo en los juzgados) transcurrió con normalidad y una especial baja afluencia de personal. El aparcamiento ubicado frente a la sede judicial estaba prácticamente vacío y los accesos custodiados por la Guardia Civil lucían serenos y sin colas, algo impensable a primera hora de un día normal en el que acuden cientos de personas para participar en las vistas orales y en otros trámites.
En lo práctico, la apertura de la Ciudad de la Justicia en agosto en Málaga se ha traducido en un funcionamiento a medio gas, ya que algunos funcionarios y magistrados se han cogido vacaciones. El juez decano, José María Páez, explicaba ayer a SUR que la mayoría de los esfuerzos en este agosto «atípico» se están centrando en avanzar y depurar el trabajo interno, tramitando notificaciones, sin señalamientos, vistas orales ni pruebas periciales.
«No tiene sentido que enviemos citaciones, entendemos que la gente está de vacaciones y nos causaría más trastornos que beneficio», remarca Páez. Desde el punto de vista administrativo, citar a una persona, preparar la vista y suspenderla porque no ha acudido supone «más trastornos que beneficios», porque habría que hacer el mismo trabajo «dos veces». Además, «de nada sirve» ir al domicilio de un procesado o o un testigo para citarlo judicialmente «porque en muchos casos no está ahí».
El juez decano define la situación como «difícil y anómala». «No tiene nada que ver con la normalidad que teníamos antes, esta medida está encaminada a intentar ponernos como estábamos antes, o al menos en una situación parecida, tras el atasco generado por la suspensión de los plazos procesales«, concluye.
El decano del Colegio de Abogados de Málaga, Javier Lara, se mostró ayer especialmente crítico con esta medida en declaraciones a SUR: «Lo recibimos con absoluta indignación, es incomprensible que nos hayamos quedado sin vacaciones este mes de agosto mientras que muchos jueces y el propio ministro de Justicia, Juan Carlos Campo Moreno, está descansando en Cádiz».
Lara define la medida como «un golpe de efecto» que no sirve de nada: «Pretenden dar la imagen de que se está trabajando tras la parálisis de la cuarentena, pero la realidad es que no vamos a adelantar nada». El decano remarca que esta decisión entraña «una gran falta de respeto, de solidaridad, sensibilidad, y un atentado al derecho fundamental de las vacaciones». De igual manera destaca que los funcionarios de los juzgados y las salas están enviando notificaciones a los abogados, pero si los magistrados están de vacaciones «los plazos procesales siguen corriendo y hay que responder para que los escritos queden presentados en tiempo y forma», lo que, en su opinión, refuerza el aspecto «publicitario» de la apertura de los juzgados.
Dos meses de 'nueva normalidad' en los juzgados de Málaga tras el confinamiento
El ocho de junio se produjo el alzamiento de los plazos procesales en la justicia malagueña, coincidiendo con el cambio de fase de la desescalada de la provincia. Desde ese momento se han ido celebrando juicios en una constante adaptación e interpretación de lo expuesto en el Real Decreto 537/2020, del 20 de mayo, en su artículo 8.
Este alzamiento de los plazos procesales se produjo tras múltiples directrices del Consejo General del Poder Judicial, en las que fueron indicando cómo combinar las medidas de protección individuales (mascarillas e higiene) y las colectivas (uso de mamparas en las salas y separación de señalamientos, testigos y otras fórmulas) para evitar posibles contagios. En los primeros días tras la vuelta a la normalidad tan solo había un pequeño grupo de salas de vistas habilitadas para la celebración de juicios, según indicó entonces la presidenta de la Audiencia Provincial, Lourdes García.
Al igual que la activación de los juzgados en agosto, el retorno a la nueva normalidad llegó a los juzgados marcado por el desencuentro entre la Audiencia Provincial y el Colegio de Abogados de Málaga en cuanto a las medidas de seguridad.
Esa misma semana comenzaron a realizar test de Covid-19 a jueces, fiscales, secretarios judiciales y funcionarios de la Ciudad de la Justicia de Málaga tras una donación del SAS a los médicos del Instituto de Medicina Legal (ubicado en los bajos del edificio), que se encargaron de recabar las muestras, analizarlas e interpretar los resultados.
En estos primeros dos meses de nueva normalidad judicial, la Ciudad de la Justicia de Málaga ha acogido numerosos juicios mediáticos, entre ellos el de el caso 'Scándalo', en el que se procesa a los 21 administradores de los clubes Scándalo de Málaga, Torremolinos y Córdoba por un total de 167 presuntos delitos de proxenetismo y prostitución en los clubes. Esta macrocausa quedó vista para sentencia tras varias (y multitudinarias) sesiones, marcadas por las distancias de seguridad –se utilizó la sala más amplia del edificio judicial para este propósito–.
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