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Las lluvias del pasado fin de semana han supuesto un ligero alivio para las maltrechas reservas de los embalses malagueños, que han ganado, hasta ... este viernes unos trece hectómetros cúbicos, a la espera de más escorrentías. Sin embargo, este balón de oxígeno no es ni mucho menos suficiente. Por ello, la Junta de Andalucía sigue muy pendiente de la situación y tratando de conjugar todos los intereses en conflicto, desde la agricultura al turismo, pasando por la población residente.
Este jueves la comisión de sequía se reunió y comunicó que sólo podrán llenarse y, por tanto, utilizarse, las piscinas públicas, deportivas y hoteleras, de manera que las privadas, de comunidades de propietarios, quedan excluidas. Andalucía, a diferencia de Cataluña, flexibiliza así el marco y permite las de hoteles, campings, públicas, deportivas y de uso terapéutico. Sólo se permitirán con agua salada si están certificadas y no vierten a la red de saneamiento. Cabe destacar que en la provincia de Málaga había censadas en 2022 77.330 piscinas no cubiertas y otras 513 cubiertas.
Ante el literal de la nota de prensa difundida por la Junta, en la que se recogían los supuestos autorizados de hoteles, usos sanitarios, educativos, deportivos, alojamientos turísticos registrados y recintos públicos, surge la pregunta de si se podrán llenar las de las viviendas y apartamentos turísticos registrados y repartidos por toda la provincia, a las puertas de la Semana Santa. Y la respuesta, tajante, la ha dado este viernes la delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, a una pregunta de SUR en una comparecencia en Nerja. «No, las viviendas turísticas están excluidas», ha dicho.
«Estas medidas se toman con suma responsabilidad y con el objetivo de preservar el abastecimiento humano, que es lo primero que tenemos que tener blindado», ha manifestado Navarro. «Lo que se permite con las piscinas busca responder a cuestiones de interés general, de interés público, se permiten las municipales, porque hay muchos pueblos de la Andalucía interior cuyo verano pasa por su piscina, que no tienen otra alternativa como los que tenemos la suerte de vivir en la costa», ha expresado.
Otra excepción son las piscinas terapéuticas «por una cuestión de salud pública». El tercer supuesto «son las piscinas de los hoteles, los alojamientos turísticos por una cuestión de interés general, para apoyar al sector turístico, que es la principal industria de nuestra economía». «Igual que se hace con el sector primario, ofreciendo recursos adicionales, a los que ya no tienen aguas de pozos o de embalses, se les dan aguas regeneradas», ha expresado la delegada de la Junta de Andalucía.
Sin embargo, según Navarro «no hay excepciones» en el caso de las viviendas turísticas, «porque quedan enmarcadas en viviendas unifamiliares o comunidades de propietarios, en las que queda explícitamente prohibido el llenado de piscinas». Por su parte, fuentes de la Junta han puntualizado que lo que se considera alojamientos turísticos está recogido en un registro oficial. «Son instalaciones reconocidas con esta tipología, ya sean hoteles, bloques de apartamentos turísticos o apartahoteles, pero en ningún caso viviendas turísticas dentro de comunidades de propietarios o unifamiliares aisladas, ya sean en zonas urbanas o rurales, a pesar de que también hay un registro», han apostillado.
No obstante, la delegada de la Junta ha deseado que «ojalá llueva». «Pensamos que hay posibilidades de que, de aquí a junio, se recuperen los recursos en los embalses. Esto se va a ir revisando, después de la Semana Santa habrá otra reunión», ha expresado. Las medidas anunciadas aún tienen que publicarse en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), algo que está previsto que ocurra en los próximos días, antes de la Semana Santa. Por su parte, desde el Colegio de Administradores de Fincas han puntualizado que, de la lectura de la nota de prensa de este pasado jueves, «queda claro que solo se permiten los complejos turísticos, como hoteles, apartahoteles y bloques de apartamentos turísticos». Así, han entendido, como la Junta, que quedan excluidas las viviendas turísticas en urbanizaciones o las unifamiliares aisladas, ya sean urbanas o rurales. Igualmente, tampoco se permite el uso de cubas para el rellenado de las piscinas, aunque sea con agua no potable.
Por su parte, desde la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (AVVAPRO) han apuntado este viernes a SUR que tras leer el comunicado de prensa de ayer, «entendíamos que sí entrábamos, que se incluyen las viviendas turísticas». «Vamos a esperar a ver lo que aparece recogido en el BOJA, pero entendemos que sería una discriminación absoluta que se permitiera a los hoteles y no a las viviendas turísticas», han puntualizado.
Por su parte, desde el Gabinete de Estudios de la Naturaleza (GENA-Ecologistas en Acción) han advertido de que su representante de la Cuenca Mediterránea, que asistió telemáticamente, pues es profesor de la Universidad de Almería y no podía desplazarse a Málaga, les explicó que el sentido de la discusión sobre el llenado de las piscinas «es prohibirlas con la excepción de piscinas municipales, clubs deportivos y usos terapéuticos, quedando prohibidas las de los alojamientos turísticos». «Esto último no coincide con la nota de prensa de la Consejería, por lo que si no rectifica es un fraude en toda regla», han expresado desde la entidad que dirige el biólogo veleño Rafael Yus.
A su juicio, y a la espera de que se detallen las medidas en el BOJA, «sigue prohibido el uso de agua en piscinas de comunidades de propietarios, de casas rurales y las unifamiliares, prohibido indistintamente, sea desde agua superficiales como de agua subterráneas, y tampoco mediante cubas». «Tan sólo podría estar permitido cuando la piscina es con agua del mar, que no es lo mismo que agua salada, y siempre que tengan autorización para ello», han argumentado, al tiempo que han resaltado que dado que la situación de Cádiz es similar a la de la Cuenca Mediterránea, «está claro que la nota de prensa de la Consejería ha errado para las dos cuencas». «Debe considerarse como un fraude que crea una confusión tremenda si no se rectifica a tiempo», han concluido.
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