Imbroda descarta la 'insumisión', pero dice que habrá libertad de elección de centro

Sobre la ley Celaá y la propuesta del PP para adelantar la matriculación de alumnos, el consejero ha señalado que «no compartimos esta ley, que se ha tramitado sin diálogo ni consenso, algo que comparte no solo este Gobierno, sino toda la comunidad educativa». Pero al mismo tiempo ha recordado que se trata de una ley aprobada por el Parlamento, que hay que cumplir. «Somos un Gobierno serio, que respeta las leyes», ha dicho. Y ha pedido a la ministra «lealtad» para respetar la autonomía andaluza en cuanto al desarrollo reglamentario de la ley.

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Según el consejero de Educación, en Andalucía el desarrollo de la ley se ajustará a dos principios que considera básicos, la libre elección de centros por parte de las familias y la cultura del esfuerzo, «en los que no vamos a transigir». Imbroda ha señalado que, a pesar de los «agoreros que vaticinaban en fin del sistema público con el decreto de escolarización aprobado en febrero, los datos indican que el 93% de las familias han podido escolarizar a sus hijos en el centro escogido en primera opción», un porcentaje que sube al 98% para segunda o tercera opción. Por esto ha afirmado que «ni el sistema público ni la escuela concertada corren en Andalucía ningún riesgo». Por otra parte, ha insistido en otro de los principios de su política educativa, la «cultura del esfuerzo por parte del alumnado», en referencia a la posibilidad que contempla la ley para promocionar o titular con suspensos.

La Junta de Andalucía va a prorrogar los contratos a todos los maestros y profesores contratados como apoyos o refuerzo Covid, tanto en centros públicos como privados concertados, que en principio se habían contemplado hasta el 31 de diciembre. «Nuestro compromiso era prorrogar estos contratos si se daban las necesidades por la pandemia y había posibilidades presupuestarias. Se han dado estas condiciones y así ha ocurrido, se prorrogarán estos contratos hasta final de curso», ha anunciado el consejero. Una medida que solo para los centros públicos supone un coste de 159 millones de euros.

Por otra parte, el Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado la contratación del servicio de comedor de 147 comedores, por un valor de 30 millones de euros. Y se ha anunciado que tras la vuelta de vacaciones de Navidad, todos los profesores así como el personal de los centros educativos se realizarán test de coronavirus.