El Gobierno anuncia 1.500 millones para los trenes en Cataluña... Y poco más que estudios para Málaga

En el otro extremo del país, en Málaga, que es la segunda provincia con un mayor crecimiento demográfico del país, y con fuertes carencias en cuanto a infraestructuras de transporte público, el Ministerio de Transportes tiene poco más que estudios. En honor a la verdad, se están invirtiendo 53 millones para seguir renovando la línea Bobadilla-Algeciras, a su paso por Ronda (además de otros tramos en la provincia de Cádiz); y 1,3 millones para diseñar la duplicación de la vía del actual Cercanías en Campamento Benítez. A ello, recientemente se ha unido el compromiso de hacer los estudios de viabilidad e informativo del futuro tren de la Costa; y de evaluar asimismo posibles bonificaciones para los trabajadores y los estudiantes en la autopista de peaje AP-7.

En cualquier caso, cantidades menores, si se comparan con la ingente partida de fondos estatales que irán destinados durante la legislatura a pagar los compromisos adquiridos para la investidura de Pedro Sánchez como presidente, a lo que se une ahora el interés por allanar el acuerdo entre el PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa al frente de la Generalitat.

Para que sirva como referencia, el último estudio del tren litoral realizado en Málaga, el realizado por la consultora ARCS y Analistas Económicos de Andalucía por encargo del Ayuntamiento de la capital, la Diputación y Unicaja, ha propuesto un trazado con el 88% subterráneo, próximo al eje de la A-7, que costaría unos 2.700 millones de euros (sin IVA), con un plazo aproximado de ocho años y que daría servicio a unos 44 millones de viajeros al año.

Por tanto, esos 1.520 millones que se van a destinar, básicamente, a modernizar la movilidad ferroviaria del área metropolitana de Barcelona, supondrían la mitad de la inversión necesaria para llevar el tren a Marbella, algo que, además, podría estar faseado a lo largo de, al menos, una década de proyectos y obras, por lo que su impacto presupuestario sería considerablemente menor.

De vuelta a la situación de Cataluña, el acuerdo de ayer supone de facto el cumplimiento de tres compromisos adquiridos entre el PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez. Esquerra exigía el cumplimiento de estos compromisos como requisito previo para abordar un posible preacuerdo para la investidura de Salvador Illa.

Tanto la consejera de Economía, Natalia Mas, como la titular de Territorio, Ester Capella, aseguraron tras el encuentro que este acuerdo entre el Gobierno y la Generalitat era «indispensable», para seguir negociando la elección de Illa, pero tampoco es suficiente para cerrar ya un acuerdo. En este sentido, las dos consejeras republicanas han insistido en que la clave está en el modelo de financiación. Cataluña tiene que tener la llave de la caja, debe salir del régimen común de las autonomías.

Esquerra Republicana no da su brazo a torcer en las negociaciones con los socialistas y el lunes, a través de un artículo en La Vanguardia, lanzó un ultimátum al PSOE: o soberanía fiscal para Cataluña o repetición electoral. Los republicanos, a través de los cinco integrantes del equipo negociador (Marta Rovira, Josep Maria Jové, Marta Vilalta, Juli Fernández y Oriol López), amenazaron a los socialistas con levantarse de la mesa si no hay un acuerdo generoso en esta materia.

La fecha límite para investir a Illa es el 26 de agosto. Si antes de ese día no lo consigue, se convocarán las elecciones de forma automática para el 13 de octubre.