El Gobierno admite con claridad que el proyecto y las obras de la desaladora de Vélez le competen
La planta ya tiene tanto la financiación (100 millones que adelantará el Estado) y el suelo, que ha buscado la Junta de Andalucía. Una respuesta parlamentaria al senador del PP, José Alberto Armijo, aclara la polémica
Era una polémica curiosa porque las obras catalogadas de interés general del Estado habitualmente son tramitadas, redactadas y promovidas por el Gobierno central. En este ... caso, sucesivos dirigentes socialistas como Daniel Pérez (Málaga), Juan Espadas (Andalucía) y Javier Salas (subdelegado del Gobierno) habían afeado a la Junta de Andalucía y más concretamente a la Consejería de Agricultura el que no haya redactado el proyecto de la futura planta. Ministerio de Transición y Consejería firmaron en mayo del año pasado un convenio que no clarificaba esta cuestión, cosa que sí hace el propio Gobierno central a través de una respuesta parlamentaria al senador y alcalde de Nerja, José Alberto Armijo. Con todos estos elementos sobre la mesa, dinero, suelo y competencias, no debería demorarse más la tramitación de esta necesaria infraestructura para la Axarquía.
Armijo ha comparecido con el secretario general del PP y parlamentario andaluz, José Ramón Carmona. Ambos han denunciado lo que, a su juicio, es «una nueva mentira del PSOE» y han lamentado los cero euros invertidos por el Ejecutivo central en materia de aguas en los últimos cinco años, hecho que han contrapuesto con los más de 400 activados por la Junta de Andalucía y las inversiones de la Diputación y los ayuntamientos de la provincia.
Historial administrativo
La respuesta al alcalde nerjeño indica que la nueva desaladora se incluyó como actuación prioritaria en el Real Decreto-Ley 4/2023, de 11 de mayo, que adoptaba medidas urgentes para afrontar la sequía.
El texto oficial admite que hay que encomendar la actuación a la empresa estatal Acuamed (Aguas de las Cuencas Mediterráneas) y contar con un proyecto que haya sido aprobado por el Ministerio de Transición Ecológica. Aquí sobreviene un detalle importante: el Gobierno admite que no ha hecho dicha encomienda modificando un convenio y estableciendo un calendario.
Cuando se haga esta encomienda, debe ser Acuamed quien redacte el proyecto, siempre según la respuesta oficial, que incluye toda la tramitación administrativa y salida a concurso de las obras.
La Consejería y el Ministerio se han reunido en diversas ocasiones para abordar este y otros asuntos. En muchas de ellas, han estado presentes la propia consejera, Carmen Crespo, y el secretario de Estado, Hugo Morán.
La Junta remitió el 22 de enero de este año al Gobierno central el suelo que sus técnicos, en cooperación con los del Ayuntamiento de Vélez Málaga, había determinado para emplazar la futura desaladora de la Axarquía.
Junta y Gobierno firmaron un protocolo en mayo de 2023 donde, de manera asombrosa, no figuran los términos «proyecto» o «impacto ambiental».
Características de la parcela
El documento remitido al Ministerio, al que tuvo acceso SUR, razona la elección de los suelos. «Vélez Málaga, y especialmente el eje que supone el río Vélez, es el municipio idóneo para la instalación de la IDAM de la Costa del Sol en la Axarquía por estar centrado en la demanda y por tener las conducciones generales de riego más cercanas) para determinar la ubicación más idónea de la IDAM. Tras dichas conversaciones, el ayuntamiento se ha manifestado indicando que considera, y así lo ha reflejado en un informe urbanístico suscrito por la Arquitecta Jefe del Servicio de Arquitectura y Urbanismo, el pasado 1 de diciembre de 2023, como ubicación idónea para la IDAM los terrenos cercanos a la EDAR de Vélez Málaga, en la margen izquierda del río Vélez [...]»
La distancia al litoral del emplazamiento son 2.000 metros; al río Vélez, 400, y la cota media son 20 metros sobre el nivel del mar. Sobre la situación urbanística de los terrenos, cercanos a la depuradora de aguas residuales del municipio veleño y en el entorno del centro comercial El Ingenio, «se trata de suelo no urbanizable de especial protección en su categoría de paisaje agrario singular (AG) y Sistema General Técnico SGT.T-5.2. (SNU)». Las fincas en cuestión también se adjuntan en el documento, así como sus correspondientes referencias catastrales. Deben ser expropiadas a 6 propietarios diferentes, algo que está emparado por el interés general de la actuación.
Este proyecto está desvinculado del empezado a tramitar por la iniciativa privada en esta zona y que contó con la concurrencia de Magtel, Acciona y Trops en alianza con la Universidad de Málaga.
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