¿Quién gobernaría la Iglesia en Málaga si se prolonga la enfermedad del obispo?

Con el obispo de Málaga, Jesús Catalá, ingresado en la UCI con pronóstico reservado al padecer una infección tras tres operaciones de vejiga y próstata en la última semana, cabe preguntarse quién gobierna la diócesis en una situación así o qué sucedería en el que caso de que esta coyuntura se prolongara en el tiempo. Por el momento desde el Obispado procuran transmitir normalidad en relación a la gestión de la Iglesia local. No obstante, el Código de Derecho Canónico establece la posibilidad de declarar la «sede impedida» cuando por «incapacidad» el obispo se encuentre «totalmente imposibilitado para ejercer su función pastoral en la diócesis».

En ese caso, cuando una sede quede impedida, y si no existe un obispo coadjutor o auxiliar, como sucede en Málaga, el gobierno de la diócesis corresponde al vicario general o a otro sacerdote, según el orden establecido en una lista que debe confeccionar cada obispo una vez que toma posesión de su diócesis. Esa lista debe renovarse al menos cada tres años y ser conservada bajo secreto por el canciller.

Por el momento, desde el Obispado no han concretado si se va a establecer esa «sede impedida», y si será el vicario general, Antonio Coronado, u otro sacerdote quien tomaría las riendas de la diócesis mientras el obispo se encuentre impedido por enfermedad.

El Derecho Canónico establece que, si no existiera la lista de sustitutos del obispo en caso de imposibilidad de ejercer su cargo, «corresponde al colegio de consultores elegir un sacerdote que rija la diócesis». Ese colegio es un selecto grupo de sacerdotes nombrados por el obispo que tiene entre sus funciones designar a un administrador diocesano en el caso de sede vacante por incapacidad o fallecimiento. Actualmente, este consejo consultivo está formado por Antonio Coronado (vicario general), José Ferrary (deán de la Catedral), Francisco Javier Guerrero (vicario episcopal para la Evangelización), Juan Manuel Ortiz (vicario episcopal para la Acción Caritativa y Social y delegado del Clero), Rafael Navarro (vicedelegado de Hermandades y Cofradías), Antonio Collado (delegado episcopal de Cáritas Diocesana), Petre Chelaru (párroco de Campillos), Andrés Merino (párroco de Alhaurín El Grande), Rafael Pérez Pallarés (párroco de la Divina Pastora y El Buen Pastor, y delegado diocesano de Medios de Comunicación) y Giovanni Torres (párroco de Cristo Rey).

«Quien se hace cargo del régimen de la diócesis debe comunicar cuanto antes a la Santa Sede que la diócesis está impedida y que él ha asumido su gobierno», señala el Código de Derecho Canónico, que apunta que tendría las funciones de un «administrador diocesano», es decir, la de ejercer un gobierno provisional de la diócesis mientras se mantenga la situación de sede impedida.

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