Los funcionarios confían en la solución del lío de Muface, pero sus efectos se dejan sentir: «He aplazado una operación»

El pasado mes de noviembre quedó desierta la licitación lanzada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública: ninguna compañía del sector asegurador acudió a la oferta del Gobierno. Desde esa fecha, ha habido tiras y aflojas entre el Ejecutivo y las aseguradoras. Y se llegó a plantear incluso la caída del esquema de Muface y que el millón y medio de personas hasta ahora bajo su paraguas pasaran directamente a la sanidad pública -ya hay cerca de medio millón atendidas por la Seguridad Social, porque ha formado parte de la elección posible, junto a Asisa, Adeslas y DKV, las empresas que han venido prestando el servicio en el último trienio-.

Pero el Gobierno ha lanzado una nueva oferta y las empresas privadas tienen hasta el 4 de marzo a las doce la noche para acudir a la licitación para el periodo comprendido entre 2025 y 2027 con una mejora económica del 41,2% respecto al convenio ahora vigente, prácticamente lo que el sector demandaba. De las tres aseguradoras que hasta ahora prestaban atención médica al colectivo funcionario, las dos que parecen más por la labor de repetir son Adeslas y Asisa, mientras que DKV se ha mostrado menos receptiva, si bien concede que analizará la posibilidad de continuar.

Ante esa situación, CSIF ha decidido aplazar la huelga que había convocado para este jueves a expensas de lo que suceda el 4 de marzo, si bien continúan en pie las convocatorias para las concentraciones por toda España para este jueves. El sindicato ha alegado que ha adoptado esta decisión por responsabilidad y ante los avances obtenidos en materia de financiación, con el incremento de la prima por parte del Gobierno, tras el acercamiento de posturas entre el Ejecutivo y las aseguradoras y para evitar perjuicios a los ciudadanos. Así lo ha declarado también a este periódico Francisco J. Domínguez, presidente de CSIF Málaga.

Pero, ¿cómo está afectando a los funcionarios esta situación, este ir alargando los plazos, ir subiendo las ofertas por parte del Gobierno para dar continuidad al modelo Muface al tiempo que se plantea la posibilidad de dejarlo caer y que la sanidad pública se haga cargo de todo el colectivo? Francisco J. Domínguez explica que su sindicato ha presentado una denuncia en la Fiscalía con los cientos de quejas de mutualistas de toda España que han recibido por deficiencias en la atención que se les ha prestado en las últimas semanas. Los testimonios de funcionarios malagueños con los que cuenta SUR hablan más de efectos en forma de incertidumbre que de falta de atención.

Alicia F. L., de 46 años, es Policía Nacional y lleva desde 2007 bajo la cobertura de Muface, en concreto, atendida por DKV. Ahí se extirpó las mamas y se las reconstruyó para atajar el riesgo de cáncer del que falleció su madre. Cuando SUR habló por primera vez con ella, el pasado mes de noviembre, manifestaba su temor a perder las revisiones cada seis meses con su ginecóloga de toda la vida y que el nuevo doctor que le tocara en la sanidad pública o en otra aseguradora privada. También tenía miedo por su hijo de once años, a quien se le descubrió un ganglio entre los tendones de la mano derecha y que necesita ir a revisiones periódicas para ver si termina requiriendo una intervención quirúrgica, o no.

Ahora parece más tranquila. Aunque recibió un correo electrónico de DKV que le avisaba de que el día 31 de enero dejaría de ser beneficiaria de sus servicios, después vio cómo desaparecía esa advertencia de la página web de esta aseguradora. Y, lo que es más importante, en los últimos meses en que ha necesitado ir a varias consultas y hacerse bastantes pruebas ha recibido atención sin incidencias. «Salvo la incertidumbre, no he tenido ningún problema. Estoy más tranquila, porque no me han puesto pegas», declara. «Me hice una analítica y di todo alto; tuve que ir al endocrino, al dietista, me tuve que hacer pruebas que requieren autorización, además tengo citas también concertadas para marzo y para mayo. El Gobierno ha subido el dinero y yo creo que van a continuar las tres compañías», confía Alicia.

Federico Pérez tiene 39 años, trabaja en la educación pública desde 2009 y desde 2019 es funcionario de carrera, así que su cobertura dentro del esquema de Muface y en concreto por la aseguradora DKV data de esa fecha. Tiene artrosis en la cadera, necesitaba realizarse una intervención quirúrgica, pero se lo ha pensado y lo ha retrasado hasta que la situación de la mutualidad se aclare. «No me he querido arriesgar a que no me puedan seguir atendiendo si DKV se sale del convenio; a que alguien me opere y luego no me pueda hacer seguimiento. Porque primero me tendrían que operar de una cadera, luego de la otra; analizarían si es suficiente con la recomposición de los ligamentos o si es necesaria una prótesis. Es un proceso largo y tengo que estar convencido de que voy a tener seguimiento», reflexiona este profesor.

A diferencia de Alicia, Federico sí ha tenido algún problema con algún tratamiento, con alguna prueba de la especialidad de dermatología que requería autorización, tuvo que reclamar para que finalmente se la aceptaran.

Los funcionarios cubiertos con el esquema de Muface tienen otro hito marcado en el calendario: el 4 de marzo. Todo apunta a que finalmente las compañías aseguradoras se avendrán a acudir al concurso. Y la situación estará solventada durante el próximo trienio.