La escalada de la inflación proyecta una subida de la pensión media en Málaga de más de mil euros anuales
La vinculación de las prestaciones al IPC previsto por el Banco de España dejaría el aumento medio en la provincia en casi 75 euros al mes
El tique de la cesta de la compra pesa un poco más cada día, la factura de la luz y el gas se ha hecho ... tan temida como una multa de tráfico inesperada y las familias y las empresas se aprietan los cinturones como unas riendas para intentar contener una inflación desbocada. Y en medio de este escenario de creciente zozobra, el alza incansable del Índice de Precios al Consumo (IPC) deja un nuevo frente abierto: su vinculación a la actualización de las pensiones amenaza con disparar el gasto público en este tipo de prestaciones. Sin ir más lejos, este año las pensiones se han revalorizado un 2,5%, mientras que el IPC interanual de marzo ha quedado en el 9,8% en el conjunto del país y ha escalado hasta el 10,1% en la provincia de Málaga, tal y como ha detallado el Instituto Nacional de Estadística esta misma semana.
Tal es la escalada de la inflación, que el Banco de España acaba de actualizar sus previsiones para este año y deja el promedio anual de 2022 en el 7,5%, el doble de lo previsto. Tomando como referencia ese cálculo, la pensión media en Málaga se revalorizaría más de mil euros durante este año, aplicándose ese incremento en 2023. En concreto, la prestación media malagueña está en 988,59 euros mensuales, según el dato más reciente, referido al pasado 1 de marzo y ofrecido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Multiplicando esa cantidad por la previsión del IPC del Banco de España y las 14 pagas en las que se dividen la mayoría de estos subsidios, el efecto de la inflación dejaría un incremento anual de 1.037,96 euros; es decir, 74,14 euros mensuales para la pensión media abonada en Málaga.
Si la proyección del Banco de España se aplica sobre la factura total de las pensiones registradas en Málaga durante el año pasado (superior a los 3.649 millones de euros), las arcas públicas asumirían un sobrecoste de 273,68 millones de euros. Por poner ese dato en contexto, se trata de una cantidad incluso superior a la abonada en Málaga para todas las pensiones del pasado mes de enero, cuando se acababa de aplicar la revalorización del 2,5%. Entonces, el Estado destinó a la provincia 270,68 millones de euros.
Con datos como estos, diversas voces han empezado a advertir de los efectos que puede tener para las arcas públicas la vinculación de las pensiones al IPC que el Gobierno aplica desde este año. Sin embargo, el Ejecutivo ha reiterado en varias ocasiones que piensa mantener esa referencia, aunque el indicador de los precios se sitúe en incrementos superiores al 10%. De este modo, las prestaciones se revalorizarían tomando el mismo modelo que se ha aplicado este año; es decir, en 2023 se incrementarían según el promedio de la inflación registrada entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022.
Esfuerzo para las arcas públicas
Así lo establecía el Gobierno en la presentación del nuevo sistema de actualización de las pensiones, que ha dejado este año la prestación contributiva máxima en 2.819,18 euros mensuales, o lo que es lo mismo, 39.468,52 euros anuales. En este caso, el incremento anual, tomando esa referencia media del 7,5%, sería de 2.960,139 euros. Del otro lado de la balanza, la prestación mínima ha quedado establecida este año en 685 euros al mes (9.590 euros anuales) para los mayores de 65 años con cónyuge que no esté a su cargo. Estos pensionistas tendrían una revalorización anual de 719,25 euros, tomando como referencia el ingreso mínimo establecido para este año.
«Hemos cambiado una ley en la que se plantea que la revalorización de las pensiones sea conforme al IPC y la cumpliremos, pero tenemos que esperar a aproximarnos a ese mes de noviembre para tenerlo previsto en el Presupuesto de 2023», ha reiterado esta misma semana la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
En este contexto, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha realizado un informe donde calcula que la actualización de las pensiones el año que viene tomando como referencia un IPC del 6% supondría para las arcas públicas un desembolso extra de 18.000 millones de euros. De este modo, el Estado debería acometer una inversión total de 188.500 millones de euros. Esa cantidad representaría el 14% del Producto Interior Bruto (PIB) del país, 1,7 puntos por encima de los niveles que ofrecía la contabilidad pública estatal antes de la crisis sanitaria.
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