Los dueños de más de cuatro mil inmuebles de la provincia pagarán más IBI por una revisión del Catastro

Este procedimiento se aplica cuando se detectan diferencias entre las descripciones catastrales y la realidad inmobiliaria, pero siempre que su origen no se deba al incumplimiento de la obligación de declarar una alteración física, económica o de titularidad de la propiedad (en estos casos se ejecutaría un proceso de regularización bajo multa de entre 60 y 6.000 euros). Y se puede impulsar a instancia de parte cuando el particular considere que esa disparidad le perjudica o, como ocurre en estos casos, de oficio por la propia Administración durante las revisiones que periódicamente realizan las gerencias territoriales para conciliar su base de datos con la realidad.

Aunque desde el organismo estatal dependiente del Ministerio de Hacienda aseguran que estos procedimientos son habituales y continuos y que alteración puede ser al alza, a la baja e incluso nula, fuentes del Catastro y de distintos ayuntamientos consultados por este periódico reconocen que la mayoría están conllevando un aumento moderado de los valores. ¿Cuánto? Evidentemente, dependerá de los metros cuadrados del inmueble, de su antigüedad, del valor de referencia y del impacto del ajuste, aunque el grueso de los expedientes que están en marcha tienen que ver con la tipología del inmueble en bloques de viviendas. Sólo en la capital se han corregido en los últimos meses 596 inmuebles que en su día (algunos se remontan a 1975) fueron inscritos en la categoría de vivienda colectiva en manzana cerrada como si se trataran de conjuntos residenciales con recinto propio y ahora pasan a ser calificados como vivienda en edificación abierta. Un cambio de denominación que conlleva un aumento de 0,05 puntos en el coeficiente que se aplica para establecer el valor catastral de la construcción (no del suelo), tal y como recoge el Real Decreto 1020/1993, que regula las normas técnicas para determinar el valor catastral de los inmuebles de naturaleza urbana según su tipología y uso.

A modo de referencia, los titulares de las viviendas y locales de un conjunto de siete bloques de cinco plantas levantados en Ciudad Jardín en 1975 han recibido sendas notificaciones de la Gerencia Territorial del Catastro en las que se les informa de que su propiedad ha sido objeto de un procedimiento de subsanación de discrepancias que da como resultado una actualización al alza que no afecta al valor catastral del suelo, pero sí eleva en casi mil euros el de la construcción. Una variación que, una vez calculada su repercusión en el IBI (en Málaga capital el tipo de gravamen que se aplica al valor catastral es el 0,451) se traducirá a partir de 2020 en una subida en el recibo de 5 euros.

La única parte positiva para el contribuyente afectado es que, a diferencia del plan de regularización catastral que sacó a la luz 89.000 casos de viviendas, ampliaciones o reformas sin declarar, en estos procedimientos no tienen carácter retroactivo, por lo que los ayuntamientos no pueden reclamarles la diferencia no abonada en los últimos cuatro ejercicios fiscales, que son los únicos que no estarían prescritos.

Tras recibir la carta, se abre un plazo de 15 días hábiles para presentar alegaciones antes de que la propuesta se convierta en definitiva y la alteración quede incorporada al Catastro con efectos desde el día siguiente al de la finalización del citado plazo. Aún así, en caso de persistir en la disconformidad, el contribuyente tiene un mes para interponer una reclamación ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional.