La concertada y privada 'dan la espalda' a la nueva ley educativa

Los centros privados y privados concertados en la provincia de Málaga son más de 130, con unos 3.100 profesores y personal y unas 20.000 familias.

Según los representantes de la concertada y privada, la LOMLOE supone un ataque sin precedentes al derecho de padres y tutores a elegir la educación que quieren para sus hijos. Consideran que lesiona la autonomía de los centros, «atacando de forma específica la de los centros concertados, a los que les impone un comisario político con el objetivo poco simulado de poner frenos para el desarrollo de su ideario». Critican también que la asignatura de Religión queda relegada a una «mínima presencia», sin valor académico ni alternativa. También muestran su temor al plan de ir eliminando los centros de educación especial, en el plazo de 10 años.

Esta acción de protesta está respaldada por Escuelas Católicas de Andalucía, CECE Andalucía, FSIE Andalucía, FEUSO Andalucía, Concapa Andalucía y Fapyma, organizaciones andaluzas integradas a nivel nacional en la Plataforma de Concertados, que ha puesto en marcha una campaña nacional que bajo el eslogan de 'Más Plurales, Más libres y Más iguales' pretende trasladar a la opinión pública y a los grupos políticos su rechazo a esta reforma.

Los centros educativos concertados, que forman parte del sistema educativo público andaluz, representan cerca de un 20% de la enseñanza impartida en los centros sostenidos con fondos públicos en Andalucía. Por su parte, los centros de Educación Infantil 0 a 3 años privados (adheridos o no al programa de ayudas de la Junta), alcanzan un 13% del total.

Por otra parte, consideran que la LOMLOE no solo no avanza en la homologación de los profesores de la enseñanza concertada con los de la pública, sino que amenaza la estabilidad de los puestos de trabajo de los profesionales del sector. Finalmente, arroga a la Administración la «distribución unilateral» del alumnado con desventaja social, educativa o económica, lo que, «lejos de evitar la segregación educativa, tiene la consecuencia práctica de impedir la libertad de elección de las familias de esos menores, cuando precisamente estos alumnos son los que deberían tener una mayor puntuación para poder elegir preferentemente el centro que consideraran mejor», señalan las organizaciones que apoyan las movilizaciones.