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La plusvalía se calcula en virtud de tres indicadores. En primer lugar, influyen los años transcurridos desde la compra de unos terrenos o inmueble hasta ... el momento de su transmisión, por venta o herencia básicamente. En segundo, por los valores catastrales de la propiedad, que se actualizan con poca frecuencia. En tercero, por los coeficientes anuales para corregir los vaivenes del mercado. En este último caso, esta medida aprobada por el Gobierno central altera las normas establecidas por cada ayuntamiento en su correspondiente ordenanza. Este año, los correctores bajan una media del 9% este impuesto, aunque no en todos los casos. Y lo que es un ahorro para el contribuyente es un perjuicio para las arcas públicas con los presupuestos ya en marcha.
Los coeficientes del técnicamente llamado 'Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana', (IIVTNU) fueron publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 28 de diciembre. El Ayuntamiento de Málaga comunicó los cambios al Boletín de la Provincia (BOP) al día siguiente. Se publicaron el 26 de enero. «Nosotros recogemos cuando aprobamos la ordenanza que haremos pública esta actualización. No es algo obligado, pero lo hacemos por cuestión de transparencia», explica Carlos Conde, concejal de Economía, Hacienda y Fondos Europeos en el Ayuntamiento de Málaga.
Conde está en la comisión de Haciendas Locales de la FEMP, en donde asegura que volverá a plantear al Gobierno que supla los ingresos que los ayuntamientos deja de tener por los cambios en las reglas del juego. Desde 2021, los técnicos de Gestrisam, organismo autónomo de gestión tributaria, calculan que se han dejado de percibir entre 45 y 47 millones de euros por las decisiones estatales. La última bajada de coeficientes, cifrada en una media del 9%, supone otros casi 3 millones más. «Nosotros estamos lógicamente a favor de rebajar la carga fiscal al contribuyente. De hecho, este año hemos empezado a ampliar los supuestos de la plusvalía mortis causa a los no convivientes, pero se tiene que crear una compensación para los ayuntamientos», incide Conde, que recuerda el caso del Impuesto de Actividades Económicas durante el Gobierno de José María Aznar con las empresas con cifras de negocio inferiores al millón de euros. «Entonces se creó un fondo de compensación», apostilla.
En 2021, el Gobierno aprobó un Real Decreto-ley para adaptar el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como plusvalía municipal, a la sentencia del Tribunal Constitucional, que tumbó el diseño hasta entonces vigente del impuesto. Desde entonces se viene produciendo la citada merma de ingresos a la que alude Conde, que añade que también habrá iniciativas en las instituciones a través del Partido Popular.
El decreto reconoce la posibilidad de que los Ayuntamientos, a los efectos de este impuesto, corrijan hasta un 15% a la baja los valores catastrales del suelo en función de su grado de actualización. Ello garantiza que el tributo se adapte a la realidad inmobiliaria de cada municipio.
Las bajadas más importantes son para los inmuebles comprados hace más tiempo, en tanto que se encarecen los tiempos medios y se estancan los adquiridos más recientemente.
Así, el, coeficiente se mantiene en el 0,15 para las ventas de inmuebles comprados hace menos de un año, y también hace lo mismo para las ventas a un año, que vuelve a estar en el 0,15. De su lado, se mantiene para ventas a dos años en el 0,14, pero cae para las de tres años (de 0,15 a 0,14). También baja para las de cuatro años de 0,18 a 0,16, pero mantiene las de cinco años en 0,18, al igual que lo hace para las de seis años, en 0,19. Por su parte, para las de siete años se eleva del 0,18 al 0,20. En cuanto a las de ocho años crece del 0,15 al 0,19 y también lo hace para las de nueve años (0,12 a 0,15) y para las de 10 años (0,10 a 0,12).
En la parte superior de la tabla, el coeficiente máximo para ventas a 20 años o más se rebaja del 0,45 al 0,40, al tiempo que se baja para ventas a 19 años (del 0,29 al 0,23), a 18 años (del 0,23 al 0,17) y a 17 años, que evoluciona del 0,17 al 0,13.
El impuesto prevé por primera vez bonificaciones a los herederos no convivientes con la persona fallecida. Hay bonificaciones del 12,5% en estos casos siempre que el valor catastral no supere los 150.000 euros (el valor catastral medio en Málaga es inferior a 70.000).
Estas nuevas bonificaciones tendrán un impacto económico de 500.000 euros en las arcas municipales en este ejercicio y afectan a más de un 80% de las propiedades. Se suman a las reducciones del 95% (máximo legal permitido) a las que se pueden acoger los herederos convivientes en caso de valores catastrales por debajo de los 100.0000 euros. A todas estas cifras, hay que sumar ahora otros 3 millones extra por los citados coeficientes estatales.
Hablamos siempre de vivienda habitual. La rebaja del 12,5% beneficiará cada año a unos 6.300 malagueños que no convivían con la persona fallecida. Se suman a los 1.400 de media que sí lo hacían y que se acogen a la bonificación de hasta el 95%.
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