Los alcaldes del PP exigen a Tráfico que asuma el coste de los centros para los exámenes de conducir en las comarcas

Los regidores de Ronda, Maripaz Fernández, y Antequera, Manuel Barón, han explicado esta lunes que han recibido una propuesta de convenio que es un «ultimátum» de la DGT -organismo dependiente del Ministerio del Interior- ya que plantea a los ayuntamientos a asumir la carga económica y técnica para adecuar un local de uso permanente para la realización de los exámenes, a adquisición, instalación y mantenimiento de equipos informáticos, la conexión a la red y la seguridad de las instalaciones.

En caso de que no acometan estas actuaciones, según los regidores, a partir de 2026 los alumnos tendrían que desplazarse a la capital para examinarse. Ahora suelen hacerlo en sus comarcas en locales cedidos por los ayuntamientos. Una situación que afecta afecta a Ronda, Antequera y Marbella como cabeceras de sus respectivas comarcas, donde además de municipios malagueños de su área de influencia afecta a otros de provincias cercanas. No es caso de Vélez-Málaga, donde los alumnos ya realizan las pruebas para obtener el carné de conducir en la capital.

Acompañados por el secretario general del PP, José Ramón Carmona, Fernández y Barón han criticado que la propuesta conlleva que los ayuntamientos asumen «todas las obligaciones y ninguna para el Ministerio del Interior», que es quien percibe las tasas (95 euros) que cada alumno debe pagar por hacer el examen. «Ellos cobran las tasas de exámenes y nosotros los financiamos en una competencia impropia», ha afirmado el alcalde antequerano.

Manuel Barón ha lamentado que el Gobierno central haya desaprovechado la oportunidad de incluir este proceso de digitalización dentro de los proyectos financiados por los fondos europeos Next Generation, cuyo objetivo es modernizar los servicios públicos y facilitar su acceso digital a la ciudadanía.

Maripaz Fernández, por su parte, ha lamentado que éste sea el Gobierno «más antimunicipalista de la historia» y ha cuestionado «cómo se articula legalmente este gasto sin ser competencia local y con la dificultad añadida para los ayuntamientos, además, de usar el superávit».

Además, Fernández ha incidido en que esta medida «además de injusta, alienta la despoblación de los municipios del interior». «Una cosa es colaborar y otra que se nos exija una inversión de más de 125.000 euros a cada ayuntamiento», ¿Por qué tenemos que sufragar las competencias propias del Ministerio? Es una medida absolutamente desproporcionada que perjudica a los vecinos; un impuesto revolucionario a los ayuntamientos para que el ministerio invierta aún menos en nuestras ciudades», ha alertado, recordando, como ha hecho su homólogo Barón, que Interior mantenga bloqueadas las obras del cuartel de la Guardia Civil en Antequera y de la Comisaría de la Policía Nacional en Ronda.

Por su parte, desde la Subdelegación del Gobierno han lamentado la actitud de los alcaldes del PP de Ronda y Antequera que en lugar de buscar soluciones para los vecinos de sus municipios y el sector de las autoescuelas se dedican "a confrontar" con el Gobierno y han añadido que en caso del Marbella sí hay una actitud de colaboración para encontrar una solución.

Desde Subdelegación recuerdan que en el convenio sólo se pide a los ayuntamientos que habiliten una sala informatizada para poder llevar a cabo los nuevos exámenes que incluyen pruebas con vídeos y evitar así que los alumnos de estas comarcas tengan que desplazarse a Málaga.

"Apelamos a que los alcaldes de estos municipios dejen el uso partidista de las instituciones y se impliquen en buscar soluciones y colaborar, como el Gobierno de España colabora en proyectos beneficiosos para estos municipios, incluyendo el incremento de un 40% desde 2018 en la transferencia a los municipios de los impuestos recaudados", han subrayado fuentes consultadas.

Estas han añadido que si estas localidades no tienen recursos económicos para habilitar este aula informatizada "pueden pedir auxilio a la Diputación de Málaga que asume sin ningún reparo proyectos millonarios en municipios mayores de 20.000 habitantes gobernados por el PP y que no son de su competencia".