Los alcaldes de los municipios afectados por la DANA reclaman celeridad en la llegada de las ayudas

La petición de los regidores de Cártama, Jorge Gallardo; Álora, Francisco Martínez; Pizarra, Félix Lozano; Almogía, Antonia García; y Valle de Abdalajís, Virginia Romero obedece a las perentorias necesidades que tienen los afectados para poder volver a una situación de normalidad y a que no quieren que se repitan situaciones como las vividas en las inundaciones en la provincia en 2012 (afectaron especialmente a Villanueva del Rosario, Villanueva del Trabuco o Archidona) y 2018 (que fueron especialmente dañinas en Campillos, Teba y Antequera) donde las ayudas tardaron en recibirse más de dos años.

«Lo suyo es que haya la máxima celeridad», afirmó Gallardo en declaraciones a este periódico. «Principalmente pedimos celeridad», corroboró Lozano. «Confío en que las distintas administraciones nos ayuden y lo hagan rápido porque para un ayuntamiento como el nuestro, que tiene un presupuesto pequeño, es inviable asumir el coste de las actuaciones», subrayó Romero.

En esa misma línea, Martínez insistió en que las instituciones colaboren con rapidez porque para los ayuntamientos es «imposible» sufragar los gastos. Mientras que García apeló a la diligencia en la llegada de los fondos porque ahora son los propios consistorios quienes con recursos propios están asumiendo parte de las obras de emergencia que se están acometiendo para recuperar la normalidad.

Junto a la petición de rapidez en la llegada de las ayudas, para los alcaldes es fundamental que se simplifique la tramitación administrativa para solicitar esos fondos ya que suele ser un proceso «bastante engorroso», según lo definió el alcalde de Cártama, quien lanzó la propuesta de que dado que en la provincia no son muchos los municipios afectados y los ayuntamientos no cuentan con medios especializados, desde la Junta y el Gobierno se establezcan oficinas móviles con personal cualificado que se desplace a las localidades para atender a los damnificados en sus solicitudes.

Su homóloga de Almogía recordó, asimismo, que la Subdelegación del Gobierno ha creado un gabinete con funcionarios para orientar a los ayuntamientos.

Unos consistorios que cifran las pérdidas en millonarias. Las primeras estimaciones aproximadas en el caso de Pizarra y Valle de Abdalajís se sitúan en torno a los diez millones de euros, mientras que en Cártama, Álora y Almogía sus regidores comentan que aún no tiene cuantificados los daños pero que serán altos.

Unos destrozos que afectan a los bienes privados de familias (viviendas, enseres, electrodomésticos) y empresas y a las infraestructuras públicas como pozos de abastecimiento, carreteras y especialmente los caminos rurales, una gran parte de los cuáles se encuentran «destrozados».

En este sentido, Francisco Martínez expuso que de los 200 kilómetros de caminos rurales que tienen inventariados en Álora «más de la mitad» están dañados y que, al igual que se ha hecho en otras localidades, por el momento lo que se acometido es una primera actuación para poder dar paso a los ciudadanos a sus viviendas y explotaciones agrícolas para que puedan recuperar su actividad pero requieren un arreglo de mayor envergadura y coste y alertó de que si regresa la lluvia podrían volver a quedar inutilizados.