La reforma fiscal ignora las recomendaciones para favorecer al turismo residencial

El varapalo ha sido doble e inesperado, ya que la parte sustancial de este reclamo había sido recogida en el informe de expertos encargado por el Ministerio de Hacienda para elaborar la nueva norma, presentada por el ministro el pasado lunes, y el propio Montoro había adelantado recientemente en un foro celebrado en Málaga que la nueva norma iba a tomar en cuenta las recomendaciones de los expertos para impulsar el turismo residencial e incluiría un régimen especial para los residentes extranjeros.

El pasado febrero, una comisión de expertos presidida por el profesor Manuel Lagares entregó un informe para la reforma del sistema tributario español encargado por el propio ministro que recogía en 444 páginas, 125 propuestas de reforma y 270 modificaciones impositivas. Entre ellas figuraba la creación de la figura del residente no habitual con el objetivo de favorecer al desarrollo del turismo residencial y poder competir en este sector con otros destinos europeos.

El estudio, además de reconocer la importancia del turismo residencial y de señalar que el actual régimen fiscal constituye un obstáculo que comienza a tener un peso negativo decisivo a la hora de competir con otros países para atraer tanto inversiones inmobiliarias como la localización en España de residentes de alto poder adquisitivo, proponía medidas concretas para convertir a España en un destino fiscalmente atractivo.

Los expertos recomendaban permitir que los turistas residenciales declaren solo lo que perciben en España, un tipo más favorable durante los primeros diez años de residencia o suprimir la imputación de renta inmobiliaria, entre otras medidas. Pero el documento de reforma fiscal presentado por Montoro el pasado martes solo hace una referencia de régimen fiscal especial para los trabajadores desplazados a territorio español, con lo que excluye específicamente tanto a los pensionistas como a quienes viven de rentas o a los empresarios, tanto a quienes son titulares de sociedades que operan en el extranjero como a quienes pretenden crear nuevas empresas en España.

Para el especialista en temas fiscales Pedro Fernández, del despacho Garrigues, la nueva norma «se queda corta», al no incluir a pensionistas ni a empresarios. «Lo que se pretendía era convertir a la Costa del Sol en un centro de negocio, donde inversores internacionales podrían instalarse no solo para crear empresas aquí, sino para residir y seguir gestionando sus empresas en el extranjero explicó; con esta norma eso no se consigue».

Fernández sostiene que la propuesta de Hacienda ofrece importantes ventajas para quienes lleguen como contratados o como administradores de sociedades, como la creación de un tipo favorable del 24 por ciento para quienes perciban hasta 600.000 euros, pero no para los titulares de esas sociedades, con lo que se excluye a uno de los segmentos más interesantes para la Costa del Sol.

Incomprensible

En el mismo sentido ha incidido Bernard Fay, de la consultora internacional UHY, que ve incomprensible que se favorezca la llegada de ejecutivos, pero no se haga lo mismo con los inversores. «Si un inversor va a Albacete y dice que va a montar una fábrica que va crear 700 empleos se le dan lógicamente todas las facilidades fiscales, pero con el turismo residencial, que puede crear miles de puestos de trabajo no se hace lo mismo. Es incomprensible», sostiene. Para Fay, que no se haya escuchado al grupo de expertos puede tener consecuencias muy negativas para el futuro económico de la provincia.

También se ha mostrado contrariado el presidente del Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) Marbella, Juan José González, para quien la exclusión de las normas recomendadas por el grupo de expertos supone un fuerte varapalo para las expectativas que se habían creado en la Costa del Sol. En su opinión, frente a destinos como Portugal, que ha tomado la vanguardia en este tema, Malta o incluso Italia, España se queda desarmada y sin posibilidades de competir.

No obstante, Juan José González señala que es necesario tratar de incidir para que en el trámite parlamentario de la nueva norma se tomen en cuenta las consideraciones aportadas por el grupo de expertos.