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El grupo municipal Vox venía avisando de su intención de pleitear contra el Ayuntamiento de Málaga por la implantación de la Zona de Bajas Emisiones ( ... ZBE) y este miércoles ha escenificado su guerra contra el ecologismo y los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de la Unión Europea dando cuenta de que el TSJA ha admitido a trámite una demanda contencioso-administrativa, que presentaron el pasado 4 de junio, tal y como explicaban el portavoz municipal, Antonio Alcázar y el vicesecretario jurídico de Vox, Jesús Ruiz Ballesteros, a las puertas de la Ciudad de la Justicia.
En un primer momento, Vox llevó a los tribunales el acuerdo plenario que aprobaba la ordenanza de Movilidad de de Málaga el pasado mes de abril, y ahora, ha cumplimentado la demanda contra la ZBE. El Ayuntamiento, por su parte, indica que no hay ninguna medida cautelar, que la ordenanza sigue vigente, y que realizará el escrito de contestación en plazo para defender la legalidad del acto impugnado.
Vox explica, sin pelos en la lengua, que es contrario a las restricciones al tráfico en toda España, no sólo en Málaga, porque va «contra el estado de derecho y cercena y coarta la libertad de las personas», como afirma Antonio Alcázar, que se muestra muy en contra de que «las clases humildes y trabajadoras vayan a tener que soportar el coste económico de esta medida teniendo que cambiar de vehículo cuando la atmósfera es inmejorable en Málaga», según sustentaba. En la misma línea económica, indica que las pymes y empresas también van a sufrir un perjuicio económico al no poder acceder con sus vehículos «por decisiones políticas que vienen de Bruselas »de la Agenda 2030, que quieren empobrecer a Europa".
No es la primera vez que Vox hace bandera de su lucha contra el ecologismo en línea con otros dirigentes europeos como Giorgia Meloni o incluso el norteamericano Donald Trump, en realidad es una estrategia global para desechar las medidas contra el cambio climático, pero en Málaga concretamente, Jesús Ruiz Ballesteros, el abogado que ha interpuesto la demanda, a la que ha tenido acceso este periódico, argumentaba, junto a Alcázar, que la medida tiene «fundamentalmente afán recaudatorio». Como explican, el Ayuntamiento de Málaga durante la aprobación de los presupuestos aportaba que recaudarían 11 millones de euros de multas, así como que la EMT vería incrementada su recaudación de medio millón de euros, a los que sumaban los tres millones de euros de subvenciones europeas. «El Ayuntamiento de Málaga quiere hacer caja a costa de los malagueños y no les vamos a ayudar», reseñaban.
Ruiz Ballesteros explicaba que durante la aprobación de ordenanza municipal hay que justificar muy bien la medida que se va a tomar, su necesidad y proporcionalidad, y que debe elaborarse una memoria de análisis de impacto normativo, que debe reseñar los impactos que la ordenanza tendrá en los ámbitos económico, social y medioambiental , «y como esta memoria no existe, la ordenanza es nula de pleno derecho», argumentó.
Del los dos informes periciales, el económico y el medioambiental, el abogado de Vox subrayó que se indica la repercusión en los presupuestos municipales de los 11 millones de euros de multas, como ya se ha mencionado, pero no cómo va afectar a los ciudadanos, y además no se justifica su necesidad. Del medioambiental, reseñó que «no busca alternativas al cierre de determinadas calles, ni estudia el efecto contagio del tráfico en otras cercanas, sino que presupone que todos los ciudadanos afectados van a coger el autobús, que va a haber un cambio modal», una premisa con la que no están de acuerdo.
En cuanto a la calidad del aire, han criticado que el Ayuntamiento fuese a implantar 8 ó 9 estaciones de control de la contaminación atmosférica, «y que finalmente sólo estén en activo seis, y no todo el tiempo requerido, y que sólo tres estén en las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE)», y han subrayado que el único contaminante hasta la fecha que preocupa en Málaga son las partículas en suspensión, y que éstas también pueden provocarse por episodios naturales como el polen o la arena que viene del desierto del Sáhara, por lo que habría que determinar cuál es la causa principal.
Por último, sus críticas se han centrado en un estudio que aporta el Ayuntamiento de Málaga, proveniente de Cambridge, de 2018, con datos de 2017, que indicaban que en 2025 en Málaga habría un 12% de coches eléctricos y un 23% de coches híbridos, mientras que, según indican en su demanda, con datos de 2023, los eléctricos son 0,7% y los híbridos, un 2,97%. «Son estimaciones que están totalmente fuera de la realidad y ni siquiera han sido capaces de corregirlas», explicaba Ruiz Ballesteros.
La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) entró en vigor el 30 de noviembre de 2024, pero el primer año no se multará a nadie. En líneas generales, los conductores que paguen el impuesto de circulación en la capital deberán estar tranquilos, dado que las sanciones, a partir del año que viene se centrarán fundamentalmente en los vehículos más contaminantes, pero de fuera. La filosofía es que las familias que paguen su impuesto de matriculación en Málaga capital puedan agotar la vida útil de su viejo coche, pero, eso sí, en el momento que lo vendieran, si es sin etiqueta o B, el comprador perdería el derecho a circular por la ZBE. Esta medida de gracia no incluye a los vehículos matriculados en municipios de la zona metropolitana de Málaga como son Rincón de la Victoria, Alhaurín de la Torre o Torremolinos, tan sólo a los vehículos de Málaga capital.
El Ayuntamiento de Málaga, con la implantación de la ZBE prevé recaudar a partir de 2025, 11 millones de euros al año en multas y eliminar en un principio un 26% del tráfico rodado aproximadamente.
Es decir. En el primer año no habrá problemas para ningún vehículo. A partir del segundo año, finales del 25, se restringe el acceso a los vehículos (motos y coches) que no tengan etiqueta y estén dados de alta fuera de Málaga capital. Y a partir del tercer año no podrán acceder los B y sin etiqueta de otros municipios.
Por lo tanto los Cero, Eco y C siempre pueden en los primeros años, sean de donde sean. Y los de Málaga, también. También se facultará a circular por la ZBE al transporte colectivo regular de viajeros; taxi y VTC; vehículos históricos, y camiones.
Las furgonetas, podrán circular libremente durante los cuatro primeros años las Cero, Eco, C, B y sin etiqueta ambiental. A partir del quinto año podrán circular las furgonetas domiciliadas en Málaga y estarán vetadas las que vengan de fuera y carezcan de sello. Los vehículos sanitarios, policiales y demás no tendrán problemas.
El Ayuntamiento de Málaga, según tienen en conocimiento Vox, ya ha recibido la demanda y tiene hasta el 7 de julio, un total de 20 días hábiles, para exponer su posicionamiento, según explicaron.
Además de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), en Málaga capital hay una Zona de Especial Protección Restringida al Tráfico Rodado en un entramado de calles del Centro Antiguo, al que sólo se puede acceder si son vehículos de de urgencia como son los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, servicios de Extinción de Incendios, Protección Civil y asistencia sanitaria así como las bicicletas y motos cuando es uso particular privado o para la prestación de un servicio al residente y vehículos con licencia de taxi, los VTC, los residentes en su recorrido habilitado, así como vehículos de reparto con declaración responsable.
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