El médico malagueño Juan José Sánchez Luque preside la comisión que estudiará las peticiones de eutanasia en Andalucía

Sánchez Luque fue presidente del Colegio de Médicos de Málaga hasta el pasado verano y es un facultativo con un sólido prestigio y muy implicado en los temas de bioética. En la actualidad lleva la unidad de formación e investigación del distrito sanitario Málaga-Guadalhorce. Sánchez Luque es doctor en Medicina y profesor asociado clínico del Departamento de Medicina Preventiva de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga (UMA)

La vicepresidenta de la comisión es la licenciada en Derecho, Aurora Puche Aguilera, experta en temas legales que también ha estado muy vinculada al Colegio de Médicos de Málaga en distintas responsabilidades.

Los vocales de la comisión son los siguientes: Pilar Martínez García, especialista en medicina intensiva en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz; Miguel Melguizo Jiménez, médico de familia en Granada; Benedicto Crespo Facorro, catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Sevilla; Jose María Domínguez Roldán, jefe clínico de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla; Verónica Cárdenas Casanova; enfermera en Úbeda (Jaén); María Luisa Granda Gascón, enfermera en Jaén; Fernando Jesús Robledo Cárdenas, enfermero en Huelva; Francisco Oliva Blázquez, malagueño y catedrático de Derecho Civil y rector de la Universidad Pablo de Olavide; María José Parejo Guzmán, profesora titular de Derecho en la Pablo Olavide; Matilde Vera Rodríguez, subdirectora de Asuntos Jurídicos del SAS, y María del Rosario Forján Rioja, letrada de Administración Sanitaria.

La Comisión de Garantía y Evaluación para la prestación de ayuda a morir es un órgano colegiado asesor, de carácter multidisciplinar, decisorio y de control, adscrito a la Viceconsejería de Salud, que se encarga de las actuaciones de verificación previa relacionadas con la prestación de ayuda a morir.

Entre sus funciones específicas destacan el resolver en el plazo máximo de veinte días naturales las reclamaciones que formulen las personas a las que el médico responsable haya denegado su solicitud de prestación de ayuda para morir, así como dirimir los conflictos de intereses que puedan suscitarse según lo previsto en el artículo 14 de la Ley de Eutanasia. Además, verificará en un tiempo máximo de dos meses si la prestación de ayuda para morir se ha realizado de acuerdo con los procedimientos previstos en la normativa vigente.