Recurren que el Ayuntamiento de Málaga obligue a que los pisos turísticos tengan entrada independiente

Desde esta asociación consideran que esa instrucción «no es una norma de obligado cumplimiento para los ciudadanos, sino que se trata de una circular interna sin capacidad normativa». «El uso de hospedaje definido por el Plan General de Ordenación Urbanística requiere que el acceso de los clientes del establecimiento sea distinto del de los vecinos del bloque, y también se exige unas instalaciones generales, totalmente independientes del resto del edificio, agua, luz, teléfono, etcétera, pretendiendo la instrucción recurrida que las viviendas de uso turístico cumplan estos requisitos, sin estar prevista tal determinación en la normativa del Plan General», argumentan desde la asociación.

Para este colectivo, «una vivienda de uso turístico estará situada siempre en un edificio destinado total o parcialmente a viviendas, pues no puede ser de otra forma, ya que en caso contrario no se trataría de una vivienda, por lo que entendemos que el empeño del Ayuntamiento en ignorar el carácter de vivienda de las de uso turístico destacando el uso de hospedaje sobre el de vivienda, no es mas que una clara voluntad de suprimir este servicio en la ciudad de Málaga, lo cual, tampoco es competencia municipal».

La Asociación de Apartamentos Turísticos insiste en que el decreto activado por la Junta el pasado mes de febrero para facultar a los ayuntamientos a regular las viviendas turísticas se refiere a «establecer limitaciones en lo que respecta al número máximo de viviendas de uso turístico por edificio, sector, ámbito, periodos, área o zona», pero no a pretender aplicar una normativa del PGOU que supone «simplemente prohibirlas todas, no sólo por la inviabilidad de tener viviendas con acceso independiente del resto del edificio, sino por la obligación de red separada de servicios de abastecimiento de agua, electricidad, teléfono, etcétera, lo cual excede del mandato habilitante que el decreto otorga a los ayuntamientos».

En un comunicado, esta entidad que defiende los intereses de los propietarios de viviendas y apartamentos turísticos sostiene que el decreto autonómico que entró en vigor el pasado febrero «habilita a los ayuntamientos para estudiar las concentraciones de este tipo de viviendas en la ciudad, regulando su uso en función de las necesidades de los barrios y de los perjuicios que se puedan estar produciendo, pero suprimirlas de golpe, todas, absolutamente todas, mientras se hacen los estudios adecuados para conocer las necesidades de este tipo de servicios, resulta desproporcionado».

Para estos propietarios, la instrucción aprobada por Urbanismo es contraria a la normativa de la Junta que regula los pisos turísticos porque para su puesta en funcionamiento únicamente se requiere una declaración responsable en la que se manifieste que «la vivienda cumpla con la normativa de ordenación urbanística municipal y punto, siendo una invención de la instrucción recurrida exigir, ilegalmente, que el propietario declare expresamente que su vivienda es compatible con la normativa de uso hostelería, porque no es así».

Fuentes del Ayuntamiento consultadas por SUR no han entrado a valorar el contenido de este recurso, que por el momento es administrativo (sin derivarse aún a la vía judicial), y únicamente han apuntado que «respetamos que ejerzan su derecho» desde esta asociación de propietarios de apartamentos turísticos.

Su presidente, Jorge Lamothe, ha asegurado que no descartan acudir a la vía judicial si este recurso administrativo es rechazado por los servicios jurídicos del Ayuntamiento, no obstante, esa decisión la tomarán una vez que reciban la respuesta por parte de Urbanismo. «Consideramos que lo que han hecho con esa instrucción es una aberración y un mal uso del decreto de la Junta», ha señalado Lamothe.

Por su parte, como informó SUR el pasado 1 de septiembre, numerosos propietarios de pisos turísticos, especialmente de los ubicados en las torres de Martiricos, se están movilizando para recurrir la limitación impuesta por el Consistorio de la capital.

Según han apuntado fuentes municipales, Urbanismo no ha recibido por ahora más recursos contra la instrucción que limita los pisos turísticos y considera que tiene el respaldo jurídico suficiente. No obstante, lo más probable es que los registre en los próximos días y semanas, ya que la Asociación de Profesionales de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVA Pro) ha puesto en marcha un servicio gratuito de asesoramiento legal para sus asociados, con el objetivo de que recurran esta acción municipal. "En este caso consideramos que cada propietario tiene que actuar de forma individual, y les recomendamos que lo hagan", ha indicado Juan Cubo, quién la próxima semana se pondrá oficialmente al frente de esta asociación presidida hasta ahora por Carlos Pérez-Lanzac.

"El Ayuntamiento está actuando en contra de la ciudadanía, no se ha hecho una comunicación adecuada a los afectados y el ordenamiento jurídico no permite que esa instrucción tenga efecto retroactivo hasta el pasado mes de febrero", ha concluido Juan Cubo, cuya entidad no tiene previsto presentar un recurso como tal, sino que se limita a asesorar a sus asociados para que lo hagan.