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La mayoría absoluta del PP sacaba adelante la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para prohibir las viviendas turísticas en las zonas saturadas, que entrará en vigor directamente para prohibir la apertura de nuevos pisos turísticos en 43 zonas de la ciudad donde llega al 8% de viviendas turísticas. Lo han hecho los populares sin el apoyo de la izquierda, PSOE y Con Málaga, que sigue pidiendo una moratoria para que no se sigan dando de alta estos establecimientos. Vox se abstenía.
El cambio consiste en la aprobación este jueves en la sesión plenaria de la ciudad de una disposición adicional en la que «se propone el establecimiento de una serie de limitaciones viviendas de uso turístico (VUT), de manera que éstas puedan implantarse en los barrios con menos presión turística y se impidan en los que existe mayor número de alojamientos turísticos». Esta modificación del PGOU llegaba como dictamen, por lo que se entendía que no iba a haber debate, pero el alcalde Paco de la Torre lo ha abierto a petición de la portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, que le ha demandado al regidor que acepte sus enmiendas para parar ya que haya más viviendas turísticas en Málaga, y se quejaba de que ahora habrá 296 zonas de la ciudad que serán óptimas para este tipo de alojamientos y que podrían instalarse 12.700 pisos turístico más. Mientras, el portavoz socialista, Dani Pérez, ponía el punto de mira en Barcelona, donde sólo había 8.000 VUT frente a las 13.000 legales ya en Málaga, y que allí el alcalde estaba poniendo en marcha medidas para reducirlas. El portavoz de Vox, Antono Alcázar, aseguraba que esta modificación del planeamiento era «una medida inútil y a largo plazo contraproducente».
De la Torre, que no entró en el cuerpo a cuerpo del debate porque lo hizo la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, le espetó a la oposición que no se escondía con este asunto y que sabían que trabajaba para paliar los efectos negativos de las viviendas turísticas con el impuesto turístico para abaratar los arrendamientos de las familias en riesgo de exclusión (que ahora el Gobierno quiere que sea un impuesto nacional y no local, y dedicarlo a rebajar la tasa de basuras), y que también que estaba en la línea de prohibir las VUT en la ciudad de Málaga, pero que debía hacerse «con garantías jurídicas».
Casero, por su parte, sacó pecho de todo el trabajo que había hecho para regular las viviendas de uso turístico en los últimos meses. Primero, con la instrucción, que se ciñe al PGOU de 2011, por la que deben tener acceso y suministros independientes, que después traían a aprobación la modificación del PGOU para restringir aún más estos alojamientos si están en zonas saturadas por los mismos, diciendo que su puesta en marcha no posibilitaría 12.700 viviendas más de este tipo, que la oposición era trilera con este dato; y que la tercera etapa pasaba por abordar un trabajo con todos los sectores para hacer un análisis de la implantación de viviendas turísticas y usos par que se favorezca la convivencia. Indicó que no podía aceptar que el PGOU recogiera un régimen sancionador contra este tipo de viviendas como pedía la oposición porque no es objeto del ordenamiento urbanístico y les invitó, en tono conciliador, a que hicieran propuestas sensatas y amparadas en el orden jurídico.
El PP tumbaba todas los acuerdos que presentaba el PSOE en su moción urgente, y entre ellas que el consejero de Turismo, Arturo Bernal, implemente una norma más restrictiva con las VUT o que el Ayuntamiento exija a la Junta invertir y ejecutar los fondos europeos con arreglo al grave problema habitacional que vive la ciudad para la construcción de VPO, mientras que sí aceptaba la enmienda de Vox para que el Gobierno derogue la Ley de Vivienda, una iniciativa de la que el concejal popular, Paco Pomares, decía que había 30.000 viviendas en la ciudad de uso secundario y que la normativa debía facilitar que los propietarios las pusieran en alquiler, «una ley con seguridad jurídica para alquilar y para cobrar».
Francisco Muñoz, de la Asociación Lagunillas Centro, y Mónica Reino, de la Asociación de Vecinos del Centro Antiguo, criticaban el crecimiento exponencial de las viviendas de uso turístico (VUT) en el casco histórico, y el cambio de uso de locales comerciales para ser VUT, lo que provocaba destrucción de puestos de trabajo, expulsión de los vecinos y desahucios, por lo que Muñoz pedía con mucho sentimiento que el Ayuntamiento de Málaga trabaje unido como en la pandemia. «Yo soy torrista (delatorrista) pero Málaga no puede morir de éxito», decía, mientras que Reino ponía sobre la mesa las dos manifestaciones para demandar una vivienda digna, la de junio y la de noviembre, con la gran aceptación que habían tenido y le pedía a los munícipes que se tomaran en serio este problema.
El viceportavoz de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, aprovechó para recordarle al alcalde el lema que coreaban miles de personas el 9N: «Paquito, ¿dónde está? Paquito está vendiendo lo que queda de ciudad», por lo que enarbolaba los artículos 48 y 128 de la Constitución en pos del derecho a la vivienda. De las propuestas de Con Málaga, el Ayuntamiento de Málaga aprobaba por enésima vez el Observatorio Municipal de la Vivienda con la Universidad de Málaga, que Sguiglia pidió a Pomares que no volviera a dejar en el cajón de los acuerdos olvidados del pleno, así como un programa de intermediación inmobiliaria orientado a promover alquileres residenciales asequibles.
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