¿Qué va a pasar a partir de ahora con el restaurante Antonio Martín en Málaga?

Según han explicado desde la delegación de la Consejería de Desarrollo Sostenible, el primer paso que se tiene que producir es la firma del acta de reversión de este espacio. Esto viene recogido en el artículo 170 del reglamento de la Ley de Costas para los casos como este en los que vence el plazo otorgado a una concesión. Dice en ese artículo que el concesionario y la administración que gestiona la concesión, en este caso la Junta, deben citarse en el lugar para «llevar a cabo el acta de reversión», y que esta última podría «obtener de las empresas suministradoras de energía eléctrica, agua, gas y telefonía la suspensión del suministro» para forzar el desalojo de las instalaciones, para lo que también podría requerir la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Es decir, lo primero que tiene que ordenar la Junta es el desalojo y cierre del local.

No obstante, esa reversión se encuentra con el inconveniente de que los actuales ocupantes del restaurante no son los concesionarios. La historia de Antonio Martín se remonta a 1953, cuando se aprueba una concesión para María Segura Valderrama, con lo que se legaliza la actividad de restauración que se venía realizando desde 1886. En 1972, la concesión pasa a la empresa Restaurante Antonio Martín S.A., formada por los herederos de María Segura. En marzo de 1996, la empresa Explotaciones de Cesiones de Hostelería de Málaga y Andalucía (Exceho) firma con Restaurante Antonio Martín S.A. un contrato para la explotación del restaurante. Pocos días después, se disuelve la entidad concesionaria, lo que no quedó reflejado en el Registro Mercantil hasta 2007.

En 2010, al tener conocimiento oficial de la disolución de la concesionaria, Costas inicia el proceso para rescatar este espacio, pero no llega a culminarlo. En 2012 y 2015, la Junta inicia sendos expedientes para rescatar la concesión; y en 2019 una sentencia, ya firme, lleva a revertir el edificio a la demarcación de Costas. Así, como reconocía este organismo estatal en uno de los documentos que ha emitido sobre este asunto a petición de la Junta, esta instalación de hostelería, alquilada por Exceho a la cadena Gorki, «continúa abierta, sin título y explotada por quien no es concesionario ni nunca lo ha sido».

En todo caso, la reversión de los terrenos es una de las cuestiones que la Junta tendrá que resolver de forma previa a la tramitación de una nueva concesión del dominio marítimo-terrestre en este lugar. ¿Quién puede pedir esa concesión? La legislación de Costas dice que la puede solicitar cualquier persona física o jurídica que cumpla con los requisitos establecidos. Es decir, que Exceho podría solicitarlo, y de hecho ya inició los trámites para ello ante la Junta, que es la que gestiona las concesiones en el litoral andaluz por delegación de competencias del Gobierno central en el año 2011. Otra cosa son las condiciones que tendrán que cumplirse para que la administración regional otorgue esa concesión.

Desde Costas ya han recordado a la Junta que cualquier concesión que se apruebe en el enclave que actualmente ocupa Antonio Martín debe respetar las superficies que dicta su reglamento. La superficie máxima establecida para este tipo de negocios de hostelería en playas urbanas «es de 270 metros cuadrados, más aseo de 30 metros cuadrados». Y este histórico restaurante abarca ya 1.524 metros cuadrados tras sucesivas ampliaciones en las últimas décadas. Así, en el caso de que se legalice su situación, tendrá que reducirse a la quinta parte.

Pero hay otro requisito más que marca el punto 3 del artículo 69 del Reglamento General de Costas para los negocios de hostelería en playas urbanas: «La distancia entre estos establecimientos no podrá ser inferior a 150 metros». Y es aquí donde surge otra incógnita sobre si podrá aprobarse una nueva concesión para Antonio Martín, ya que se encuentra a apenas unos 55 metros del chiringuito Sicsu, ubicado igualmente en la playa de La Malagueta.

¿Hasta qué punto puede ser esto un obstáculo infranqueable para que Costas y la Junta autoricen una nueva concesión para Antonio Martín? El caso es que esta cuestión se complica todavía más porque la Consejería de Desarrollo Sostenible publicó el pasado 22 de septiembre una resolución por la que declaraba extinguida la concesión que otorgó en agosto de 2020 a ese chiringuito llamado Sicsu, y a otros cuatro más de la provincia, tras un recurso judicial de Costas contra la Junta porque, al tramitar esas concesiones, no le pidió un informe previo y preceptivo, como marca el real decreto del traspaso de competencias en el litoral en 2011.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dio la razón al Gobierno central y obligó a la Junta a dar marcha atrás en esas concesiones, declararlas como nulas y retrotraerlas al momento en el que tenía que haber recabado el preceptivo informe previo de Costas. De ahí que la Consejería de Desarrollo Sostenible haya optado por acatar esas sentencias, decisión que, no obstante, ha podido ser recurrida por los propietarios de estos chiringuitos. SUR se ha puesto en contacto con la propiedad del restaurante Sicsu, que se ha negado a aportar cualquier tipo de información sobre este asunto. «Este tema está en manos de nuestros abogados, no tenemos nada que decir», se han limitado a señalar.

En cualquier caso, si se tiene en cuenta el estricto cumplimiento de la Ley de Costas y su reglamento en cuanto a la distancia mínima de 150 metros entre negocios de hostelería en playas urbanas, solo cabe el mantenimiento de uno de los dos restaurantes en este tramo de playa de La Malagueta: o Antonio Martín (reducido a la quinta parte respecto a su superficie actual) o el chiringuito Sicsu. ¿Cuál de los dos sobrevivirá? Solo el tiempo lo dirá.