Málaga pone en marcha los trabajos para poner coto a los pisos turísticos

Así, la Gerencia Municipal de Urbanismo ha contratado a una consultora de Sevilla especialista en materia de vivienda y ordenación urbanística para realizar un «documento de análisis sobre el impacto que la implantación y proliferación de las llamadas Viviendas de Uso Turístico (VUT) está teniendo sobre el mercado de la vivienda, el acceso a la misma por parte de los ciudadanos, el precio del alquiler, etc.», según figura en la denominación del contrato con la sociedad cooperativa Espacio Común.

Esta consultora sevillana es la misma que ya realizó para el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) el 'Plan Municipal de Vivienda y Suelo 2023-2027' que fue presentado hace un año por el alcalde. En este ocasión, la que la ha contratado, por 14.520 euros, es la Gerencia de Urbanismo para elaborar un completo y detallado estudio de la situación actual de la vivienda turística en Málaga que sirva como base para establecer un mecanismo de regulación y limitación por zonas de la capital, en función de su nivel de implantación.

Según ha podido conocer SUR, el trabajo de Espacio Común COOP tiene un plazo de ejecución de dos meses, por lo que tendría que estar listo para este verano. Consiste no solo en hacer una radiografía detallada de las viviendas turísticas que existen actualmente en Málaga, en función de los datos de que disponen los registros oficiales de las distintas administraciones públicas, sino también en aportar a Urbanismo una propuesta técnica para su posible regulación en función de la saturación que presenten las diferentes zonas de la ciudad.

Así, el objetivo de este estudio también es concretar y graduar el nivel de implantación de estos pisos por sectores o barrios, estableciendo tres tipos de zonas en función de que su existencia sea baja, media o alta. Esto servirá al Ayuntamiento para definir qué tipo de limitaciones se aplicará en cada una de estas zonas, en función del nivel que presenten, si bien la definición de cada uno de esos niveles no solo corresponderá a la consultora contratada, sino que tendrá que ser algo coordinado y aceptado por los responsables municipales.

Como avanzó SUR en agosto del año pasado, Urbanismo estudia una modificación de la normativa del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Málaga en la que se diferenciarán dos tipos de viviendas: la de estancia permanente o residencia habitual, y la de estancia temporal o residencia transitoria. Según lo barajado hasta ahora para esa modificación del PGOU, la intención del equipo de gobierno es establecer tres tipos de zonas en función de la concentración de las viviendas turísticas o de estancia temporal.

Así, el Ayuntamiento baraja que haya un tipo de zona en la que no haya limitación alguna para la implantación de más pisos turísticos, otra en la que estos no puedan superar el 50% de la superficie del edificio en el que se encuentren ni establecerse por encima de la planta segunda, y una tercera en la que, debido a la excesiva proliferación de estas viviendas, únicamente se podrán abrir en las plantas baja y primera de los edificios, y deberán contar con un acceso directo desde la calle, de forma independiente respecto al resto de la construcción.

No obstante, el resultado del estudio que Urbanismo ha encargado en los últimos días va a resultar clave para definir cómo se van a limitar en Málaga los pisos turísticos, cuya inscripción en los registros oficiales sigue al alza, en muchos casos motivada por el temor de los propietarios de viviendas a que, en cualquier momento, se haga efectiva una regulación que les impida poder darse de alta en esta actividad turística.

Con todo, para que entre en vigor la que está preparando el Consistorio de la capital todavía pueden quedar bastantes meses, ya que la tramitación de un expediente urbanístico de este tipo requiere de una serie de informes y aprobaciones previas que la habitual burocracia suele demorar.

Desde el Ayuntamiento de la capital se había pedido a la Junta que la nueva regulación para limitar las viviendas turísticas pudiera tener un efecto retroactivo y que, entre otras cuestiones, contaran con sistemas de medición del ruido en tiempo real. Sin embargo, el Gobierno andaluz desestimó esas propuestas porque, según declaró en su momento el consejero de Turismo, Arturo Bernal, «el decreto lo que propone es regular la calidad del alojamiento turístico, no tenemos pretensión de prohibir nada».