La regulación de los patinetes de alquiler en Málaga, camino de otro año en blanco... Y ya van cuatro
El contrato que dejará el servicio en manos de un solo operador sigue en suspenso, por lo que el Ayuntamiento prepara nuevas autorizaciones temporales para que las empresas puedan trabajar en 2023
Salvo sorpresa, 2022 tampoco será el año en el que el Ayuntamiento de Málaga regule definitivamente el servicio de alquiler de patinetes eléctricos en la ... ciudad. Y será el cuarto año en blanco desde el 'boom' que estos vehículos de movilidad personal experimentaron en la capital, llegando a juntarse hasta nueve operadores. Actualmente son seis las que permanecen activas gracias a una autorización en precario que les permite desplegar un máximo de 300 patinetes hasta finales de año. En teoría, ese permiso expira el 31 de diciembre, pero en el Área de Movilidad trabajan con la idea de que el mes que viene tendrán que volver a abrir un nuevo proceso de autorizaciones transitorias para poder mantener la actividad hasta que se formalice el contrato de concesión licitado el pasado mes junio para dejar en una sola empresa el servicio de patinetes y bicis de alquiler.
¿Por qué? Pues porque la adjudicación sigue empantanada a raíz de la denuncia presentada por una de las ocho empresas que optan al contrato por un supuesto caso de revelación de secreto que de momento es administrativa pero que podría acabar en los tribunales. Esa impugnación ha dejado en suspenso la evaluación de las distintas ofertas, ya que ni siquiera se ha procedido a la apertura de los sobres de cada propuesta pese a que el plazo de recepción de ofertas se cerró el pasado 19 de julio.
Las autorizaciones anuales concedidas a seis operadores expiran el próximo 31 de diciembre
Tal y como informó este periódico, el origen del conflicto está en un artículo publicitario en el que la sociedad Mala-GO (formada por firmas con experiencia en el sector como Ceedima, Voi, Superpedestrian y Ridemovi) se apuntaba a que entre las mejoras incluidas en su propuesta figuraba un descuento de más del 50% a residentes en Málaga, lo que otorgaría 30 puntos extra en la valoración.
Teniendo en cuenta que precisamente la rebaja que se haga a los malagueños es uno de los factores de mayor peso a la hora de encargar el contrato (5 puntos si es inferior al 10%; 10 hasta el 20%; 15 hasta el 30%; 20 hasta el 40%; 25 hasta el 50%; y 30 si es superior al 50%), otra de las empresas aspirantes presentó un recurso al considerar que al desvelarse parte de la oferta económica se puede ver condicionada la imparcialidad de los técnicos municipales que deben valorar cada propuesta para adjudicar el contrato.
Tras informar al resto de empresas para que presenten alegaciones, la intención en el Ayuntamiento es convocar a la mesa de contratación en las próximas semanas para analizar la situación y determinar qué pasa con el concurso; es decir, qué ocurre con la empresa denunciante (podría quedar excluida) y si se sigue adelante con el análisis de las ofertas. De ser así, se antoja complicado que la adjudicación, formalización del contrato y despliegue de vehículos pueda materializarse antes del 1 de enero de 2023. De ahí que se vaya a activar un nuevo procedimiento de autorización, aunque a diferencia de la actual que es de carácter anual, sólo estaría vigente hasta la entrada en servicio del único operador que se haga con la concesión y, según apuntan desde Movilidad, se fijarán criterios más restrictivos para reducir el número de vehículos operativos.
Lo que sí parece despejado, al menos a ojos municipales, es el requerimiento que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), a instancias de uno de los operadores aspirantes, le remitió a comienzos de octubre para pedirle que «paralice o anule» el otorgamiento de esta concesión del servicio de micromovilidad al considerar que restringir el negocio a un solo operador supone «un límite de acceso a la actividad económica». En el Consistorio han contestado que seguirán adelante, aunque ahora queda por ver los pasos que pueda dar el órgano regulador, que en su escrito ponía reparos a que «una única empresa realice dos actividades que hasta ahora desarrollaban varios operadores en libre competencia».
Canon y más aparcamientos
La principal característica de este contrato que salió a concurso a finales de junio es que, a cambio de un canon muy económico (de poco más de 64.000 euros al año) la empresa adjudicataria puede ofrecer hasta el 51% en la tarifa a todos los ciudadanos empadronados en la capital malagueña. De este modo, según los cálculos municipales, un malagueño podrá disponer del uso de una bici eléctrica y un vehículo de movilidad personal (VMP) por entre 12 y 15 euros al mes.
El contrato tendrá una duración inicial de tres años, aunque con la posibilidad de ser prorrogado de forma anual por otros tres más. Además, la concesión también contempla una ampliación de la red de estacionamientos, de forma que de los 29 puntos habilitados actualmente se llegará al medio centenar. Más aparcamientos, y también mejor repartidos ya que se dará cobertura a todos los distritos de la capital y se ubicarán cerca de paradas de autobuses y del metro para fomentar la intermodalidad.
La empresa que resulte adjudicataria también deberá contar con un servicio de asistencia urgente, para evitar las demoras en recogerlo cuando un usuario lo aparque mal; así como un seguro de 1,5 millones de euros de responsabilidad civil, y de hasta 30.000 para daños en el conductor. También se puntuará en la licitación el empleo de vehículos sostenibles para toda la operativa de despliegue y repliegue de las unidades, entre otras cuestiones de responsabilidad medioambiental.
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