Limasa no tendrá que abonar los 10 millones en atrasos que reclaman los trabajadores

Francisco de la Torre y el presidente del comité de Limasa, Manuel Belmonte, en una imagen de archivo./Salvador Salas
Francisco de la Torre y el presidente del comité de Limasa, Manuel Belmonte, en una imagen de archivo. / Salvador Salas

El TSJA estima el recurso de la empresa y revoca la sentencia que daba la razón a los sindicatos sobre la recuperación de los recortes aplicados entre 2012 y 2013

Francisco Jiménez
FRANCISCO JIMÉNEZMálaga

El futuro de la nueva Limasa parece despejarse definitivamente. Si el acuerdo con los trabajadores en cuanto a las condiciones laborales de la plantilla quedó zanjado a finales de abril con la aprobación de un convenio válido para cuatro años, ahora son los tribunales los que despejan la principal incógnita que quedaba pendiente con vistas a la municipalización del servicio: las discrepancias surgidas en torno a los atrasos que reclaman los trabajadores en su objetivo de recuperar los recortes aplicados en los últimos años, cuyo montante podría rondar en su conjunto un mínimo de diez millones de euros. Un dinero que, de momento, no tendrá que abonar la empresa. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha admitido el recurso presentado por Limasa y ha revocado la sentencia del Juzgado de lo Social número 12 de Málaga que el pasado octubre daba la razón a los trabajadores al considerar que el único convenio vigente hasta la firma de este último era el de 2010-2012, previo a los recortes, por lo que la empresa debía reponer a la plantilla las condiciones socioeconómicas que tenían antes del acuerdo que desactivó la huelga de diciembre 2013 (actualización de tablas salariales, paga de productividad, descansar todos los fines de semana, todas las vacaciones en verano o la posibilidad de trabajar los festivos que se pagan a 140 euros). En su conjunto, el impacto se estimaba en un mínimo de 12.000 euros por trabajador.

Esta tesis avalada por los jueces en primera instancia pero rechazada ahora se basaba en otro pronunciamiento del TSJA y ratificado por el Supremo que obligó a la empresa a abonar el pasado noviembre a cada empleado una media de mil euros (2,8 millones en total) para reponerle el coste de derechos perdidos desde el 1 de enero 2016 (cuando finalizó la vigencia del acuerdo de fin de huelga de diciembre de 2013) hasta la actualidad.

Pero quedaba por aclarar el grueso de los recortes que se fueron pactando en febrero de 2012 y marzo de 2013 para poner fin a sendas amenazas de huelga. En su recurso de suplicación, Limasa pretendía consolidarlos, y el TSJA le da ahora la razón dado que estos acuerdos, sin llegar a tener rango de convenio, sí que «tienen naturaleza de convenio colectivo» porque fueron firmados por los representantes de los trabajadores (lo hicieron como comité de huelga, pero los firmantes también son miembros del comité de empresa). Por tanto, los magistrados que entienden que «es aplicable el convenio colectivo 2010-2012 con las modificaciones derivadas de los citados acuerdos suscritos entre empresa y comité de huelga el 17 de febrero de 2012 y el 23 de marzo de 2013», según recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico y que no es firme ya que el comité de empresa tiene diez días para interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Nuevo convenio laboral

Aunque el último capítulo de este largo litigio que empresa y sindicatos mantienen desde finales de 2015 aún no está cerrado, ambas partes pactaron el pasado abril desvincularlo del convenio colectivo que regirá en la empresa hasta finales de 2022 y que es válido para la Limasa actual con independencia de cuándo y cómo se materialice la municipalización. Las únicas variantes en función del modelo de empresa (privada como ahora o pública, en el futuro) son dos: los polémicos puestos hereditarios, que se mantienen a día de hoy pero que quedarían en suspenso al pasar al ámbito municipal; y la paga de productividad, que continúa en 1.431 euros fijos aunque cuando se pase a la gestión pública se convertirá en variable e irá ligada a la eficiencia en el trabajo diario y al no absentismo.

En materia salarial, se prevé una subida anual ligada al IPC para cada uno de los cuatro años de vigencia (este 2019 se contempla un aumento del 3,75 por ciento, al acumularse un 1,5 que venían arrastrando desde 2012), mientras las vacaciones se repartirán durante todo el año (15 días entre junio y septiembre, y 21 en el resto de meses) en lugar de concentrarse en verano para reducir el gasto en contrataciones temporales para cubrir los huecos que dejan los empleados fijos en la temporada estival. Por otra parte, se contempla para este año la conversión a fijos a jornada completa de 120 empleados que actualmente están contratados a tiempo parcial, y otros diez más para cada uno de los tres años siguientes.